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domingo, 3 de mayo de 2020

“¿En qué condiciones podrán entrenar los deportistas federados durante la Fase 0?”



Hoy se ha publicado la “Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado” por la que se introducen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada.

A partir de mañana, 4 de Mayo, los deportistas federados que no tengan la condición de “deportista profesional” podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia.

Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros.

¿Qué ocurre si la modalidad deportiva se realiza con animales? 

En ese caso, el deportista podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde se encuentres los animales, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.

Por el momento, no se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el entrenamiento.

A los efectos de poder acreditar que el deportista cumple con los requisitos establecidos, y por lo tanto  está federado, será suficiente con la licencia deportiva, o en su defecto, deberá ser la federación deportiva correspondiente quien emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos. 


jueves, 16 de abril de 2020

¿Cuáles son las consecuencias de grabar y difundir vídeos de personas que se saltan el confinamiento?



Desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, todos hemos visto a  familiares, amigos o vecinos saltarse el confinamiento obligatorio o no ser todo lo diligentes o responsables al realizar las actividades que sí están permitidas. Las horas de confinamiento incluso han dado lugar a que ciudadanos se conviertan en policías desde sus ventanas, llegándose a hacer virales en redes sociales sus vídeos en los que aparecen ciudadanos haciendo deporte en la calle, saltándose reiteradamente el confinamiento, paseando, reunidos en un parque, en definitiva, haciendo de todo menos quedarse en casa, mientras que otros les increpan e insultan. 

La crisis sanitaria que atravesamos hace que todas las conductas de los ciudadanos que incumplen el confinamiento encuentren un reproche social que aumenta con el paso de los días. Sin embargo, ¿se puede grabar y difundir estos vídeos por redes sociales?

Es importante partir de la idea de que el Estado de Alarma limita nuestra libertad de movimiento, pero no supone una suspensión de los derechos que tenemos como personas, y por lo tanto, la grabación y difusión de esta clase de videos puede vulnerar dos derechos fundamentales, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen. 

En este sentido, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el artículo 18 de la Constitución Española que establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” podrían constituir la base legal suficiente para el inicio de acciones civiles, ya que la imagen de una persona, incluso la captación de su voz constituyen datos personales, y por lo tanto, están protegidos.

En primer lugar, si en la grabación se puede identificar a la persona que aparece en ella, y difundimos ese vídeo sin su consentimiento, el perjudicado podría acudir a la vía civil por una posible vulneración del derecho a la propia imagen y exigir una indemnización al autor del vídeo

Si por el contrario, no es posible identificar a la persona que aparece en el vídeo o su rostro está pixelado, la conducta no podrá ser sancionada en ningún caso, aunque la persona protagonista del mismo si se identifique.

¿Qué ocurre si se graba a alguien que parece saltarse el confinamiento pero en realidad tiene una causa justificada para desplazarse?

Salvo supuestos muy concretos en los que el margen de error es muy limitado, por ejemplo los runners o ciclistas, lo cierto es que no se puede afirmar con seguridad que una persona que sale de su casa no tiene una razón justificada para ello. 

En esos supuestos, si con el visionado del video podemos saber la identidad de la persona que aparece en él, además del derecho a la propia imagen podría conculcarse el derecho al honor, por lo que la indemnización solicitada por el perjudicado al autor podría ser mayor. 

En cualquier caso, para determinar la indemnización que le puede corresponder a la persona que aparece en el vídeo difundido se tendrá que tener en cuenta el daño que las imágenes han provocado, para lo que se valorará el alcance que han tenido en función a las redes sociales donde se han publicado, el número de seguidores que aquellas tienen, si se han convertido en virales, si han sido reproducidas por medios de comunicación, etc. Todas estas circunstancias van a ser tenidas en cuenta para el establecimiento de la indemnización. 

¿Y si se trata de un personaje público?

Cuando se trata de una persona pública la situación varía sustancialmente, entrando en conflicto el derecho a la información y el derecho a la intimidad, siempre que su actuación se desarrolle en un espacio público, por lo que habría que analizar el supuesto concreto para determinar si se conculca o no sus derechos.

Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos podrá sancionar a las personas que utilicen datos personales de otras (imagen, voz, etc) sin su consentimiento, al considerar que con su publicación se pudiera estar dando un tratamiento ilícito de esos datos, o que pudiera estar incumpliendo los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

Para ello, basta con que las personas afectadas ejerzan su derecho a reclamar ante la AEPD esas publicaciones indebidas, y solicitar que esos vídeos e imágenes sean eliminados.

En mi opinión, debemos ser responsables, y no grabar ni difundir vídeos en los que aparezcan terceras personas que puedan ser identificadas, cuando no contamos con su consentimiento para ello, ya que tales acciones pueden traer consecuencias.

jueves, 26 de marzo de 2020

¿Qué pasos tiene que dar un trabajador ante el ERTE de su empresa? ¿Y si es un despido ?



Como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, muchos autónomos y empresas se han visto obligados a realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que no es más que un procedimiento administrativo por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal.
Es importante partir de la idea de que el trabajador no pierde su puesto de trabajo como consecuencia del ERTE, sino que se produce una suspensión temporal del mismo, debiendo la empresa mantener al trabajador un mínimo de seis meses una vez finalice el estado de alarma.

El Real Decreto-Ley 8/2020, publicado el pasado 18 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recoge la posibilidad de que las empresas decidan la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias en la que nos encontramos, diferenciando dos tipos de ERTES, el que tiene lugar por  fuerza mayor (para aquellos comercios cuya actividad queda suspendida como consecuencia del estado de alarma) o por causas económicas, técnicas o de producción.

En ambos supuestos, los trabajadores que se vean afectados por el ERTE de su empresa tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Además, el tiempo que el trabajador perciba esta prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos, es decir, que si el trabajador al iniciar su prestación por desempleo tiene acumulado 12 meses, al finalizar esta situación y volver a reactivarse su contrato seguirá contando con 12 meses.

¿Qué pasos tiene que dar el trabajador para obtener esta prestación?

La empresa deberá comunicar a los trabajadores el inicio del procedimiento del ERTE  para la suspensión o reducción de su contrato, pero a partir de ese momento, el trabajador no tiene que hacer nada, ya que se encargará la propia empresa de gestionar la prestación con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una vez esté aprobado el ERTE, aportando los listados de los afectados con los correspondientes datos bancarios de cada uno, a fin de que se les pueda ingresar la prestación en sus cuentas. 

¿Cuánto va a cobrar el trabajador afectado?

El 70% de la base reguladora, teniendo en cuenta el promedio de los 180 días anteriores al ERTE, sin perjuicio de que la empresa decida aplicar una mejora y complemente ese tanto por ciento para que los trabajadores sigan percibiendo el mismo ingresos. 

¿Y si se produce un despido no vinculado a un ERTE?

En este caso, el trabajador deberá contactar con el SEPE mediante su página web, rellenando un formulario de pre-solicitud de prestación individual de prestación por desempleo durante las medidas del COVID19, y será un gestor del SEPE el que se ponga en contacto con ese trabajador a fin de tramitar su solicitud.

martes, 24 de marzo de 2020

"Se suspende el plazo que tienen los consumidores para devolver sus compras durante el Estado de Alarma"


Los consumidores, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuentan con un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento respecto a sus compras, es decir, para dejar sin efecto el contrato celebrado, sin necesidad de justificación ni penalización alguna, siempre que se trate de compras realizadas a distancia (teléfono, internet o catálogo), o cuando el artículo que han recibido tenga algún tipo de defecto o tara.

Por otro lado, cada vez son más los establecimientos que adoptan políticas comerciales a favor del consumidor y permiten al cliente la devolución o cambio del producto adquirido en el plazo por ellos establecido.

Sin embargo, la situación de crisis sanitaria que atravesamos y la declaración del estado de alarma nos impide desplazarnos para poder ejercer tales devoluciones o cambios, por lo que el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE el pasado 18 de marzo, establece en su artículo 21 la interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma, o sus posibles prórrogas

De este modo, el computo del plazo del que dispone el consumidor para la devolución de los productos adquiridos durante el estado de alarma o sus posibles prórrogas, se reanudará una vez se deje sin efecto éste, tanto si se trata de compras realizadas de forma presencial como las compras realizadas online, garantizando así el ejercicio del derecho por parte del consumidor.



sábado, 21 de marzo de 2020

¿Quién puede acogerse a la moratoria de deuda hipotecaria como consecuencia de la crisis del COVID-19?



Entre las medidas urgentes que se publicaron el pasado 18 de Marzo, en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se encuentra la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual.

Lo primero que debemos saber es que la medida se centra única y exclusivamente en el préstamo hipotecario que tengamos sobre nuestra vivienda habitual, dejando fuera cualquier otro tipo de deuda, y solo para aquellas personas que se encuentran en unas extraordinarias dificultades para atender al pago de la cuota como consecuencia del COVID-19, lo que el decreto ha definido como “supuestos de vulnerabilidad económica”.

¿Quién puede suspender la cuota de su hipoteca?

Como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entiende que están en una situación de especial vulnerabilidad económica aquellos deudores que se encuentran en situación de desempleo, o los empresarios o profesionales que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas.

También aquellas personas que los ingresos de los miembros de su unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), que para el año 2020 está fijado en 537,84 Euros, límite que se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años que sea miembro, y si la unidad familiar es monoparental el incremento será de 0,15 veces.

En los supuestos en los que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditativamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el limite previsto será de cuatro veces el IPREM, resultando de aplicación los incrementos establecidos por hijo a cargo anteriormente mencionados.

En el caso de que el deudor hipotecario sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, el límite será de cinco veces el IPREM.

De igual modo, podrán beneficiarse de esta moratoria aquellos deudores cuya cuota de hipoteca, más gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y también aquellas familias que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, produciéndose esto cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

¿Qué se considera unidad familiar?

Aquella compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan también en la vivienda.

¿Cómo afecta esta medida a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores?

El Decreto recoge expresamente que las medidas establecidas para el deudor hipotecario resultan también de aplicación a los fiadores y avalistas respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para aquel.

Por lo tanto, los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar la moratoria?

El deudor deberá presentar a la entidad acreedora

Documentación respecto a la situación personal y familiar:

a) Documento que acredite la situación de desempleo y la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio; b) el cese de actividad en caso de ser trabajador por cuenta propia; c) certificados de empadronamiento histórico para acreditar el número de personas que habitan en la vivienda y el libro de familia, y en su caso declaración de discapacidad, de dependencia, incapacidad permanente para realizar actividad laboral.

Documentación respecto a los bienes:


a) Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar; b) la escritura de compraventa de la vivienda y la de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

Y además una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley.

¿Qué efectos tiene la moratoria en el pago de la hipoteca?

Una vez realizada la solicitud a la entidad financiera, ésta procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días, lo que conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma, y que a día de hoy se desconoce.

Por tanto, durante este periodo de moratoria no podrá exigirse el pago de la cuota de la hipoteca, ni de ninguno de los conceptos que la integran, ni total y parcialmente, así como tampoco devengará interés alguno, ni siguiera intereses moratorios.

lunes, 2 de marzo de 2020

¿Es necesario el consentimiento de ambos progenitores para publicar fotos de los hijos comunes en redes sociales?


La difusión de la imagen de los hijos menores de edad en redes sociales se ha convertido en un foco de conflicto entre aquellos progenitores que se encuentran separados o divorciados, dando lugar al inicio de procedimientos judiciales cuando las partes no logran alcanzar un acuerdo. 

¿Es necesario el consentimiento de ambos?

Recientemente conocíamos una Sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, de fecha 13 de Enero de 2020, en la que se entra a conocer sobre esta cuestión, al interesarse por parte de la progenitora “que se prohíba la utilización de la imagen de la menor sin el previo consentimiento de ambos progenitores”, aportando capturas de la imagen de la menor, que en ese momento no alcanzaba los cinco años de edad, en una red social del otro progenitor sin que constase si la difusión era o no general y pública. 

En este sentido, la Audiencia Provincial recuerda lo ya manifestado por el Tribunal Supremo, en relación con la imagen de los menores, en su Sentencia de fecha 30 de junio de 2015, estableciendo que “la imagen, como el honor y la intimidad, constituyen hoy un derecho fundamental de la persona consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución, que pertenece a los derechos de la personalidad, con todas las características de estos derechos y que se concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y difusión, con independencia de cuál se ala finalidad de esta difusión y que en el caso de los menores tiene como presupuesto el hecho de que siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico. Es, en definitiva, la propia norma la que objetiva el interés del menor y la que determina la consecuencia de su desatención”.

Por lo tanto, y puesto que ambos progenitores ostentan la patria potestad de la menor de edad, deberán ser ambos padres quienes consientan la utilización de la imagen de la menor, y en su defecto por existir controversia, el progenitor interesado deberá acudir al Juzgado para obtener la oportuna autorización.

¿Cómo tiene que otorgarse el consentimiento de un progenitor al otro?

En este sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece que en el caso de los menores habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.

Por lo tanto, en el supuesto analizado la Audiencia Provincial de Cantabria estima la petición de la progenitora en cuanto a la difusión pública de la imagen de la hija menor de edad, que deberá ser autorizada por ambos padres titulares de la patria potestad.

¿Qué hacer si uno de los progenitores pública la imagen del menor sin el consentimiento del otro?

El progenitor que no haya prestado su consentimiento para que la imagen de su hijo menor de edad sea publicada en una red social podrá iniciar un procedimiento judicial para solicitar al Juzgado que las fotografías sean retiradas de internet por el otro progenitor.

En cualquier caso, tanto si es para solicitar la publicación de la imagen del menor como si es para solicitar la retirada de imágenes, el Juzgado analizará las circunstancias concretas y tendrá en cuenta el interés superior del menor, si se está sobreexponiendo al menor indebidamente, y el alcance de las publicaciones realizadas, analizando el público que tiene acceso a las fotografías, si son sólo familiares o se trata de un perfil abierto, etc.


jueves, 27 de febrero de 2020

¿Tiene derecho el trabajador a recibir pluses salariales durante sus vacaciones?



Los pluses son complementos salariales que normalmente aparecen recogidos en los convenios colectivos, o que pueden ser pactados de forma individual entre el trabajador y la empresa y recogidos en el contrato.

Podríamos diferenciar tres tipos de complementos salariales, los que se producen a) En función del trabajo realizado, por las circunstancias del propio puesto o la forma de desarrollar la actividad, y así encontramos los que se generan por los riesgos especiales del puesto (toxicidad, penosidad, peligrosidad, etc), y el de nocturnidad, disponibilidad, etc; b)  En función de la situación de la empresa, destacando la gratificación que reciben los trabajadores por los beneficios, haciéndoles partícipes de la marcha económica y los resultados obtenidos; c) En función de las condiciones del trabajador, destacando la antigüedad o los complementos de conocimientos especiales.
Así, el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que “mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten.
¿Son complementos consolidables?
El precepto anteriormente citado añade que los complementos que están vinculados al puesto de trabajo o situación de resultados de la empresa no tendrán la consideración de consolidables, salvo pacto en contrario. Sin embargo, los complementos derivados de las circunstancias personales del trabajador serán siempre consolidables, aunque las partes pueden realizar también pactos en este sentido.
La problemática surge cuando el trabajador se encuentra en periodo de vacaciones, ¿en ese momento debe continuar percibiendo estos pluses?
El Tribunal Supremo resolvió esta cuestión en su Sentencia, de fecha 23 de Abril de 2.019, como consecuencia de una demanda que Comisiones Obreras interpuso contra la Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias, en la que solicitaba se incluyese dentro de la retribución de vacaciones conceptos como el plus de antigüedad, el complemento de asistencia y puntualidad, horas de presencia, retribuciones específicas del trabajo nocturno, festividad y domingos, etc. La sentencia establece que para calcular el salario durante el periodo de vacaciones de un trabajador, es necesario que incluya todos los pluses o complementos salariales que le son de aplicación.
En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que “debe considerarse habitual a efectos de vacaciones si se percibe durante seis o más meses de los once precedentes a las vacaciones o en la misma proporción si la prestación de servicios fuese inferior”.
Lo cierto es que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en un sentido similar en su Sentencia, de fecha 9 de Abril de 2.018, al analizar los conceptos salariales que deben tenerse en cuenta durante las vacaciones del trabajador cuando el convenio colectivo se limita a indicar la expresión “salario real”. En ese momento, el Alto Tribunal afirma que a la hora de calcular la retribución del trabajador durante el periodo de vacaciones se debe incluir todos los conceptos retributivos de naturaleza salarial que el trabajador percibe de manera habitual y forma parte de la retribución media y ordinaria. 
En este sentido, el Tribunal Supremo establece que “no cabe la menor duda de que el pago de tales complementos (refiriéndose al plus de toxicidad, peligrosidad y trabajo en cámaras de congelación) forma parte de la retribución normal y ordinaria - salario fijo- de los trabajadores que desempeñan tales funciones, y que debe por tanto integrarse dentro de la retribución de las vacaciones si cumple los criterios de habitualidad que ya hemos establecido en aquel módulo de seis meses dentro del periodo de los once anteriores al disfrute de las vacaciones”. 

lunes, 3 de febrero de 2020

"La atenuante de embriaguez es de aplicación a los delitos de desobediencia por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia"


Negarse a realizar la prueba de alcoholemia ante el requerimiento de un agente de la autoridad es constitutivo de un delito contra la seguridad vial en la modalidad de desobediencia, previsto en el artículo 383 del Código Penal, y castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.
Para que una persona pueda ser condenada como autor de este delito es necesario que tenga lugar un requerimiento expreso y directo de un agente de la autoridad en servicio, se produzca una negativa expresa y directa del requerido, tenga lugar por parte del agente el apercibimiento de que tal conducta es constitutivo de delito, y aun así el requerido persista en la negativa.

El hecho de que se castigue la negativa a realizar la prueba de alcoholemia no impide que el sujeto sea también condenado por un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, si concurren los requisitos legalmente establecidos. En cualquier caso, se estarían castigando dos conductas totalmente distintas que afectan a bienes jurídicos diferentes, ya que aunque ambos delitos forman parte del capítulo relativo a los delitos contra la seguridad vial, lo cierto es que en el primer delito el bien jurídico protegido es el principio de autoridad mientras que en el segundo delito el bien jurídico protegido es la seguridad vial. 

Tal y como reconoció el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 8 de Junio de 2.017, la condena de ambos delitos no implica apreciar la conculcación del principio de proporcionalidad, ni el principio“non bis in idem”, que impide condenar a una misma persona dos veces por una misma conducta.

¿Es posible aplicar la atenuante de embriaguez al delito de desobediencia?

El Tribunal Supremo ha dado luz verde a esta posibilidad, en su Sentencia de fecha 8 de Enero de 2020, afirmando que es innegable la vinculación del delito de desobediencia con la seguridad vial, pero insiste nuevamente en que el bien jurídico directamente tutelado es el principio de autoridad de los agentes

En este sentido añade que "mediante el delito del art. 383 el legislador ha creado un delito de desobediencia especial con unos requisitos específicos y objetivados. Se tutela básicamente el principio de autoridad, reforzando con esa protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos de los agentes de la Autoridad para efectuar esas pruebas. Solo indirectamente (y no siempre que se da el delito) se protege además la seguridad vial. Desde un punto de vista institucional por el efecto general de prevención positiva: conseguir el acatamiento de tales pruebas repercute en conjunto en una mayor seguridad en el tráfico viario. En concreto, también habrá ocasiones en que la realización de la prueba será el medio de conseguir atajar un peligro próximo para la seguridad vial. Pero el contenido sustancial de esta infracción no está principalmente en la tutela del tráfico viario, sino en el principio de autoridad. Eso explica que también nazca la infracción cuando el bien jurídico "seguridad vial" está ausente: negativa por contumacia, o por simple enfado generado por la contrariedad de ser requerido para ello por parte de quien se encuentra en óptimas condiciones para conducir por no haber ingerido ni una sola gota de alcohol.".

Como consecuencia de lo anterior, añade el Alto Tribunal que “dada la naturaleza y bien jurídico protegido en el delito del art. 383, nada impide que sea de aplicación la eximente incompleta o atenuante de embriaguez, ya que la misma no es inherente al delito ni la ley la tiene en cuenta al describir o sancionar la infracción, pues el precepto sanciona al "conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia".


miércoles, 29 de enero de 2020

“La refacturación por consumos incorrectos de luz solo puede hacerse dentro del año”



Los conflictos entre consumidores y compañías eléctricas son habituales. Todos conocemos a alguien a quien durante un periodo de tiempo no le han facturado regularmente sus consumos de luz, o se lo han facturado teniendo en cuenta consumos “estimados”, y transcurrido un periodo de tiempo le han notificado una factura rectificativa con el consumo real y un importe más elevado.
Por eso, hoy quiero acercaros un supuesto muy concreto que también ocurre habitualmente y en el que la regulación es muy clara. Pensemos en un consumidor al que le llegan sus facturas de luz habitualmente, y un día le llega una carta en la que le explican que por un “error” se le ha estado facturando mal, por lo que le envían la rectificación correspondiente a ese periodo para que el consumidor pueda estar nuevamente al corriente.
En primer lugar, en caso de que haya existido un funcionamiento incorrecto, y por lo tanto se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la compañía eléctrica podrá efectuar una rectificación complementaria. Estas cantidades podrán ser prorrateadas en tantas facturas mensuales como meses existiese el error administrativo.
¿Cuál es el plazo para la refacturación complementaria?
En estos casos resulta de aplicación el artículo 96.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el que se establece queEn el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.”
Por lo tanto, nunca podrá refacturarse al usuario periodos superiores a un año.
 ¿Y si el importe es a devolver al consumidor?
Cuando se han facturado importes superiores a los que eran debidos, el consumidor tiene derecho a que las cantidades indebidamente cobradas le sean devueltas en la primera factura que se devengue, sin posibilidad de que pueda fraccionarse la devolución, debiendo incrementarse citada cantidad con el interés legal del dinero en ese momento.



miércoles, 15 de enero de 2020

"Las "Llamadas Perdidas" a la víctima de violencia de género cuando existe la prohibición de comunicación con ella son delito"



Si quien tiene la prohibición de comunicación con una víctima de violencia de género incumple esta medida, e intenta comunicarse con ella realizando una llamada de teléfono, incurre en un delito de quebrantamiento de condena incluso en los supuestos en los que la víctima no responda y finalmente no exista comunicación directa entre ellos.
Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.019, al considerar que  “una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que ésta se ha efectuado; incluso aunque tenga lugar de forma automática, ejecutada por el propio sistema, se trata de un mensaje en el que se pone en conocimiento del destinatario que se le ha efectuado una llamada desde un determinado terminal. El sistema de los terminales telefónicos, que cualquiera conoce, funciona así de forma automática proporcionando esa información. De manera que el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación”.
En el supuesto analizado, la defensa entiende que “la realización de una llamada telefónica a su expareja que no fue atendida por la destinataria, no cumple con los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal. Sostiene que en la llamada de teléfono no se entabla comunicación, no se conversa, no se hace partícipe al receptor del mensaje. Alega que, en estos supuestos, (llamadas telefónicas "perdidas", no atendidas por el destinatario) el delito de quebrantamiento se consuma con el establecimiento de la comunicación, no con el intento de llamada, el cual estaría exento de responsabilidad criminal “
En este sentido, el Tribunal Supremo considera que si concurren los elementos del delito de quebrantamiento de condena impuesto, ya que para ello se  “requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Y que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma. Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone”.
Por lo tanto, el Alto Tribunal desestima el recurso planteado por el hombre que fue condenado a un año de prisión por el delito de quebrantamiento de condena, confirmando así la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que ya había sido confirmada por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Lo cierto es que cuando se impone la prohibición de comunicación respecto a una víctima, y así lo afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia, ha de tenerse en cuenta el artículo 48.3 del Código Penal que recoge expresamente que “La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual”, pero en ningún caso se exige un contacto escrito o verbal de doble dirección, en el que se encuentre respuesta, por lo que es suficiente con que uno le haga saber al otro algo, en definitiva, basta con su existencia.



miércoles, 8 de enero de 2020

"¿Debe responder la empresa de las lesiones que un trabajador causa a otro?"


Cuando una persona agrede a otra y le causa lesiones, además de ser condenado por un delito de lesiones a la pena que corresponda, se le condena al pago de la responsabilidad civil, que en este tipo de delitos suele corresponder con las lesiones y secuelas provocadas en la víctima. 

Sin embargo, cuando estos hechos tienen lugar entre dos trabajadores de una empresa, en el centro de trabajo y durante su jornada laboral, hay quien puede pensar que la empresa también tiene que responder de manera subsidiaria sobre esas lesiones, debiendo satisfacer la indemnización fijada en sentencia en el caso de no poder hacerlo el propio autor de las mismas. 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 14 de Octubre de 2.019, al analizar la agresión sufrida por un trabajador de una farmacéutica a manos de un compañero, que le hizo perder el 90% de la visión de un ojo, condenando al autor al pago de 70.000 Euros de indemnización. ¿Es responsable la empresa?

Es cierto que el artículo 120.4 del Código Penal establece que “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Y en su momento, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de 28 de Enero de 2.019 condenó a la empresa farmacéutica como responsable civil subsidiario.

Sin embargo, la empresa alegó en su recurso que se trataba de dos trabajadores con la misma categoría de peón, que ninguno de los dos tenía respecto al otro una posición de jerarquía, ni dependencia, ni estaban obligados a obedecerse o darse órdenes, por lo que según la empresa “los hechos en cuestión (con el resultado lesivo conocido) tienen su origen en un altercado o enfrentamiento de tipo personal”.

A la vista de tales alegaciones, el Tribunal Supremo estima el recurso de la empresa y concluye que “no puede llevarse a cabo una aplicación directa, por el mero hecho de que el delito se haya cometido en el centro de trabajo”, y es que no se ha de hacer una interpretación estricta del precepto, por lo que no es posible hacer responder al empresario de todos los actos de sus trabajadores. 

En este sentido, para que pueda ser responsable la empresa es necesario que el delito cometido por el trabajador tenga lugar dentro de las funciones que le han sido encomendadas en el puesto de trabajo.