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jueves, 17 de septiembre de 2020

"Los Autónomos Societarios ya pueden acogerse a la Tarifa Plana"

La Tarifa Plana es una medida que se introdujo en el año 2013 para impulsar a aquellos nuevos autónomos en sus inicios, y que consiste en una reducción en el pago de la cuota mensual a la Seguridad Social. A través de esta bonificación, la cuota mensual se reduce a 60 Euros mensuales los 12 primeros meses, los 6 meses siguientes con una reducción del 50% de la base de cotización, y los otros 6 meses, con la reducción del 30%. El único requisito para poder ser beneficiario de esta bonificación consiste en no haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta.

Hasta el momento, la Tesorería General de la Seguridad Social entendía que la tarifa plana no podía aplicarse a los administradores de una sociedad mercantil. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha dictado distintas Sentencias, en fechas 3 de Diciembre de 2019, 27 de Febrero de 2020 y 4 de Marzo de 2020, sobre esta cuestión, provocando la modificación del criterio que venía utilizando la Seguridad Social respecto a los autónomos societarios.

Así, el Tribunal Supremo establece que no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto de Trabajadores Autónomos, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles, ya sean limitadas o anónimas.

Ante este escenario, la Tesorería General de la Seguridad Social se ve obligada a modificar su criterio y reconocer a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana.



¿Qué ocurre con los autónomos societarios que ya están dados de alta con anterioridad al cambio de criterio, y a los que se les denegó la Tarifa Plana?

Lógicamente, aquellos autónomos que interpusieron recurso de alzada contra la resolución que desestimaba su derecho, en el plazo legalmente establecido, y que se encuentran pendiente de resolución, verán resuelto su recurso de forma estimatoria.

Aquellos otros que agotaron la vía administrativa, y que vieron resuelto su recurso de alzada de forma desestimatoria, tendrán que solicitar expresamente la revisión para que el órgano competente se pronuncie. En este sentido, debemos tener en cuenta que la Ley General de la Seguridad Social establece un plazo de prescripción de 4 años para las reclamaciones de ingresos indebidos, por lo que los autónomos societarios que cumplían los requisitos al momento de darse de alta podrán reclamar el dinero que ingresaron a la Seguridad Social indebidamente, siempre que se dieran de alta después de Septiembre de 2016.

¿Qué tienen que hacer los autónomos societarios a partir de ahora para acogerse a la Tarifa Plana?

En realidad, aquellos nuevos autónomos societarios que se den de alta a partir de ahora verán reconocido de oficio el derecho a acogerse a la Tarifa Plana.

jueves, 10 de septiembre de 2020

¿Cómo se distribuyen los gastos generales de una Comunidad de Propietarios?


Los gastos comunes o generales de una Comunidad de Propietarios son aquellos gastos necesarios para el adecuado mantenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades, y que no son susceptibles de individualización. Así aparecen recogidos en el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, en el que además se establece como obligación del propietario contribuir a tales gastos con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido”.

 

Por lo tanto, el obligado al pago de los gastos comunes es el propietario, con independencia de que la vivienda o local se encuentre arrendado, y de que en el contrato suscrito entre las partes se repercutan tales gastos al arrendatario.

Sin que en absoluto sea una lista cerrada, entre estos gastos de mantenimiento, conservación y reparación destacan como más habituales los gastos de limpieza de la comunidad, consumo de agua, consumos de calefacción y luz de zonas comunes como portal, escaleras y portería, mantenimiento del ascensor, antena, jardinería y piscina, así como el mantenimiento de tuberías, tejados, caldera, y cualquier otro necesario para la conservación del edificio. 

Tal y como establece la norma, los gastos generales de la Comunidad de Propietarios serán asumidos por los propietarios en función a su cuota de participación, de conformidad con el artículo 3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, que señala que “a cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.”

La cuota de participación aparece recogida en el título constitutivo de la Comunidad, y se calcula en función a la superficie útil de cada inmueble, en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes, tal y como establece el artículo 5 de la ley antes mencionada. 

La cuota de participación no solo representa el valor proporcional de cada piso o local en relación con el total del inmueble en su totalidad y sirve para determinar en que cuantía cada propietario debe contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble y aquellas cargas que no son susceptibles de individualizarse, sino que la cuota de participación adquiere también relevancia a la hora de determinar la validez de los acuerdos aprobados por la Junta de Propietarios, ya que no solo será necesario la obtención de un número de votos sino que también es preciso que se alcance la mayoría de cuotas correspondientes.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal establece el criterio de la cuota de participación para el reparto de los gastos, los propietarios pueden modificar esta regla en los estatutos de la Comunidad, y decidir que el sistema de distribución de gastos sea por partes iguales, o incluso que algunos propietarios esten exentos de contribuir a determinados gastos al no hacer uso de esa parte del edificio. Sin embargo, cualquier modificación del criterio del reparto de gastos debe realizarse con el debido asesoramiento para evitar cláusulas demasiado genéricas que den lugar a futuros conflictos.

Lo cierto es que las exenciones de algunos propietarios, como por ejemplo los de los dueños de locales comerciales que cuentan con acceso desde la calle, suelen ser las cuestiones que mayores problemas provocan y que acaban llegando a los juzgados y tribunales.

En este sentido el Tribunal Supremo ha venido considerando que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, así lo reconoce la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de Mayo de 2013.

También se ha pronunciado sobre los supuestos en los que aunque no se recoge expresamente en los estatutos de la comunidad, algunos propietarios de locales comerciales con acceso independiente desde la calle dejan de pagar gastos de comunidad durante varios años. En estos casos, el Tribunal Supremo ha manifestado claramente que “el mero hecho de no uso o utilización de determinados elementos comunes o que el local tenga acceso independizado, no exime del deber de abonar los gastos conforme a la cuota participativa”, añadiendo en algunas resoluciones que “no se puede considerar que el silencio de la comunidad, que ha permitido que durante un tiempo los propietarios de los locales comerciales no hicieran frente a los gastos comunitarios en el modo fijado en los estatutos tenga la entidad necesaria para expresar un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir un derecho capaz de alterar el título o estatuto de la comunidad”

En este último sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de Febrero de 2013, en la que se afirma que el hecho de que no se haya pasado al cobro durante años los gastos comunes a determinados propietarios, no supone que se les deba excluir indefinidamente, ya que para ello sería necesario modificar el Título, es decir, que no puede pasarse al cobro los gastos anteriores, pero sí desde un momento determinado.

¿Cómo se debe modificar el sistema de reparto de gastos para que sea válido?

Si la Comunidad de Propietarios desea cambiar el sistema de reparto de gastos, es imprescindible que se convoque una Junta en la que se incluya ese asunto en el Orden del día. Además, no es una decisión baladí, sino que se trata de una decisión que implica una modificación de los Estatutos y por lo tanto requiere su aprobación por unanimidad de todos los propietarios. 

¿El acuerdo vincula a los futuros propietarios?

El acuerdo alcanzado por unanimidad que cambia el sistema de reparto de gastos sólo tendrá efectos para los propietarios futuros si el citado acuerdo se inscribe en el Registro de la Propiedad, ya que en caso de no hacerlo, solo vincula a quienes eran propietarios en el momento en que se adoptó el acuerdo.

 


sábado, 5 de septiembre de 2020

¿Cómo va a actuar la Fiscalía frente al absentismo escolar de los menores derivado del Covid19?


El inminente comienzo del curso escolar 2020/2021 está generando mucha preocupación, tanto en padres como en toda la comunidad educativa, y es que la situaciónde crisis sanitaria, la forma en que se va a gestionar la vuelta a las aulas, los protocolos que han de activarse cuando un menor tenga síntomas o fiebre, las opciones con las que se van a encontrar sus progenitores a nivel familiar y sobre todo laboral, son algunas de las cuestiones que generan mayor incertidumbre.

¿Qué va a ocurrir con el absentismo escolar? ¿Qué consecuencias tiene para los padres o tutores?

El absentismo escolar es la ausencia esporádica, frecuente o total no justificada de un menor al centro educativo, en edad escolar obligatoria, ya sea por voluntad propia, de los padres, tutores o responsables legales. 

Evidentemente, el absentismo tiene importantes efectos negativos sobre el rendimiento académico de los menores, y suele desembocar en un inevitable fracaso escolar o incluso en un abandono prematuro de la enseñanza.

El miedo al contagio del coronavirus puede llevar a algunos progenitoresa tomar la decisión de no enviar a sus hijos menores al centro escolar. Ante esta situación, la Fiscalía de menores ha recordado recientemente que la escolarización de los menores de entre 6 y 16 años es obligatoria, y el incumplimiento puede tener importantes consecuencias, tanto civiles como penales.

Entre los deberes que tienen los progenitores respecto de sus hijos, y que forman parte de la patria potestad de conformidad con el artículo 154 del Código Civil, se encuentra el de “educar y procurar una formación integral a sus hijos”.

En este sentido, el incumplimiento grave y reiterado de los deberes paternofiliales pueden dar lugar a considerar que el menor se encuentra en una situación de desamparo. El artículo 172.1.2º del Código Civil establece que “se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.

Igualmente, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, establece en su artículo 18 que se entenderá en situación de desamparo, cuando las circunstancias tengan la suficiente gravedad que supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor: g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

En estas situaciones, es la administración la realiza esta declaración de desamparo del menor, y desde ese momento la Comunidad Autónoma asume su tutela, quedando suspendida la patria potestad de los padres. Esta decisión se adopta a través de una resolución, que puede ser provisional cuando se advierten motivos de urgencia, o definitiva una vez completado el procedimiento. Esta situación se mantendrá hasta que el menor alcance la mayoría de edad, o hasta que las causas que motivaron el desamparo hayan desaparecido, permaneciendo en todo momento en un centro de protección de menores o en una familia de acogida, quedando limitadas y reguladas las relaciones que el menor va a tener con sus padres.

En cuanto a las consecuencias penales, si es cierto que solo se producirán en situaciones muy concretas y excepcionales, en las que podría entenderse que la conducta de los progenitores podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal, al dejar de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, que está castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, y que conlleva la inhabilitación de entre 4 y  10 años para ejercerla.

¿Qué criterio seguirá la Fiscalía ante el absentismo escolar por el COVID19?

El pasado 3 de Septiembre, el Fiscal de Sala de Menores ha emitido una nota en la que se afirma que la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado acaba de unificar criterios respecto a estas cuestiones, e indica que la actuación del Ministerio Fiscal se ha de llevar a cabo cuando exista la oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores, pero nunca con carácter preventivo.

La desatención voluntaria, injustificada y persistente de los menores acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

Una vez detectado un supuesto de absentismo continuado y no justificado, se remitirá el expediente administrativo a la Fiscalía, que procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuada respuesta a la situación de los alumnos y sus familias, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia derivada del COVID19.

Solo aquellos que carezcan de justificación clara para la exención del deber de asistencia presencial del alumno al centro, motivará que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra los padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad.

 

lunes, 6 de julio de 2020

"El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los días de asuntos propios ¿recuperables o no?"

Los días de asuntos propios o días de libre disposición son aquellos en los que el trabajador puede ausentarse de su trabajo, sin necesidad de tener una causa justificada, ya que están pensados para que el trabajador pueda resolver cuestiones personales.
Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores no regula este tipo de días, por lo que será el Convenio Colectivo que resulte de aplicación el que determinará si los trabajadores tienen derecho a estos días, si existe alguna limitación en cuanto a su uso, cuántos días podrá disfrutar el trabajador durante el año y si son retribuidos o no.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre si los días de asuntos propios han de ser recuperables o no, en su Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.019, al analizar el conflicto colectivo que afecta al personal laboral que presta sus servicios en centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y que dependen de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, por lo que les resulta de aplicación el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
En el supuesto analizado, los trabajadores tienen reconocidos 6 días de asuntos propios o libre disposición, en virtud de un acuerdo firmado en el año 2014, y en el que no se determina expresamente si posteriormente a su disfrute deben o no ser recuperables.
Así, el Alto Tribunal establece que atendiendo a la regulación del permiso y la jornada laboral en el convenio colectivo, y en el acuerdo que resulta de aplicación, teniendo en cuenta la práctica empresarial según la cual el permiso no era recuperable, y prevaleciendo la interpretación del tribunal de instancia, los días de asuntos propios ofrecidos por la empresa no deben ser posteriormente recuperados, computando como efectivamente trabajados. 
En este sentido, la resolución considera acreditado que “en el cálculo de la jornada laboral para el año 2017, no se han descontado los seis días de libre disposición” añadiendo a continuación que “La citada jornada laboral de 225 días, con 7,5 horas de prestación de servicios en cada uno de ellos, supone un total de 1.695 horas anuales, excedente de la jornada 1.650 horas anuales fijada en el Acuerdo suscrito en fecha 1 de diciembre de 2014 por el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid con los sindicatos CCOO, UGT y CSIT. En consecuencia, los seis días de permiso por asuntos particulares no son recuperables, so pena de exceder de la jornada pactada, sin que la sentencia de instancia haya vulnerado el derecho a la igualdad de trato y no discriminación del conjunto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid, al no haberse acreditado la existencia de un término de comparación homogéneo”
Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoce en citada sentencia que no se trata de una cuestión pacífica y que existen resoluciones judiciales favorables (STS 29/5/2007; 14/03/2011; 17/05/2011; 26/09/2011; 06/06/2017), y contrarias a dicha recuperación (STS 16/10/2012; 09/04/2014; 02/04/2016), en función a las circunstancias concretas de cada supuesto.


domingo, 3 de mayo de 2020

“¿En qué condiciones podrán entrenar los deportistas federados durante la Fase 0?”



Hoy se ha publicado la “Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado” por la que se introducen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada.

A partir de mañana, 4 de Mayo, los deportistas federados que no tengan la condición de “deportista profesional” podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia.

Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros.

¿Qué ocurre si la modalidad deportiva se realiza con animales? 

En ese caso, el deportista podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde se encuentres los animales, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.

Por el momento, no se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el entrenamiento.

A los efectos de poder acreditar que el deportista cumple con los requisitos establecidos, y por lo tanto  está federado, será suficiente con la licencia deportiva, o en su defecto, deberá ser la federación deportiva correspondiente quien emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos. 


jueves, 16 de abril de 2020

¿Cuáles son las consecuencias de grabar y difundir vídeos de personas que se saltan el confinamiento?



Desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, todos hemos visto a  familiares, amigos o vecinos saltarse el confinamiento obligatorio o no ser todo lo diligentes o responsables al realizar las actividades que sí están permitidas. Las horas de confinamiento incluso han dado lugar a que ciudadanos se conviertan en policías desde sus ventanas, llegándose a hacer virales en redes sociales sus vídeos en los que aparecen ciudadanos haciendo deporte en la calle, saltándose reiteradamente el confinamiento, paseando, reunidos en un parque, en definitiva, haciendo de todo menos quedarse en casa, mientras que otros les increpan e insultan. 

La crisis sanitaria que atravesamos hace que todas las conductas de los ciudadanos que incumplen el confinamiento encuentren un reproche social que aumenta con el paso de los días. Sin embargo, ¿se puede grabar y difundir estos vídeos por redes sociales?

Es importante partir de la idea de que el Estado de Alarma limita nuestra libertad de movimiento, pero no supone una suspensión de los derechos que tenemos como personas, y por lo tanto, la grabación y difusión de esta clase de videos puede vulnerar dos derechos fundamentales, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen. 

En este sentido, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el artículo 18 de la Constitución Española que establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” podrían constituir la base legal suficiente para el inicio de acciones civiles, ya que la imagen de una persona, incluso la captación de su voz constituyen datos personales, y por lo tanto, están protegidos.

En primer lugar, si en la grabación se puede identificar a la persona que aparece en ella, y difundimos ese vídeo sin su consentimiento, el perjudicado podría acudir a la vía civil por una posible vulneración del derecho a la propia imagen y exigir una indemnización al autor del vídeo

Si por el contrario, no es posible identificar a la persona que aparece en el vídeo o su rostro está pixelado, la conducta no podrá ser sancionada en ningún caso, aunque la persona protagonista del mismo si se identifique.

¿Qué ocurre si se graba a alguien que parece saltarse el confinamiento pero en realidad tiene una causa justificada para desplazarse?

Salvo supuestos muy concretos en los que el margen de error es muy limitado, por ejemplo los runners o ciclistas, lo cierto es que no se puede afirmar con seguridad que una persona que sale de su casa no tiene una razón justificada para ello. 

En esos supuestos, si con el visionado del video podemos saber la identidad de la persona que aparece en él, además del derecho a la propia imagen podría conculcarse el derecho al honor, por lo que la indemnización solicitada por el perjudicado al autor podría ser mayor. 

En cualquier caso, para determinar la indemnización que le puede corresponder a la persona que aparece en el vídeo difundido se tendrá que tener en cuenta el daño que las imágenes han provocado, para lo que se valorará el alcance que han tenido en función a las redes sociales donde se han publicado, el número de seguidores que aquellas tienen, si se han convertido en virales, si han sido reproducidas por medios de comunicación, etc. Todas estas circunstancias van a ser tenidas en cuenta para el establecimiento de la indemnización. 

¿Y si se trata de un personaje público?

Cuando se trata de una persona pública la situación varía sustancialmente, entrando en conflicto el derecho a la información y el derecho a la intimidad, siempre que su actuación se desarrolle en un espacio público, por lo que habría que analizar el supuesto concreto para determinar si se conculca o no sus derechos.

Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos podrá sancionar a las personas que utilicen datos personales de otras (imagen, voz, etc) sin su consentimiento, al considerar que con su publicación se pudiera estar dando un tratamiento ilícito de esos datos, o que pudiera estar incumpliendo los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

Para ello, basta con que las personas afectadas ejerzan su derecho a reclamar ante la AEPD esas publicaciones indebidas, y solicitar que esos vídeos e imágenes sean eliminados.

En mi opinión, debemos ser responsables, y no grabar ni difundir vídeos en los que aparezcan terceras personas que puedan ser identificadas, cuando no contamos con su consentimiento para ello, ya que tales acciones pueden traer consecuencias.

jueves, 26 de marzo de 2020

¿Qué pasos tiene que dar un trabajador ante el ERTE de su empresa? ¿Y si es un despido ?



Como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, muchos autónomos y empresas se han visto obligados a realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que no es más que un procedimiento administrativo por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal.
Es importante partir de la idea de que el trabajador no pierde su puesto de trabajo como consecuencia del ERTE, sino que se produce una suspensión temporal del mismo, debiendo la empresa mantener al trabajador un mínimo de seis meses una vez finalice el estado de alarma.

El Real Decreto-Ley 8/2020, publicado el pasado 18 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recoge la posibilidad de que las empresas decidan la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias en la que nos encontramos, diferenciando dos tipos de ERTES, el que tiene lugar por  fuerza mayor (para aquellos comercios cuya actividad queda suspendida como consecuencia del estado de alarma) o por causas económicas, técnicas o de producción.

En ambos supuestos, los trabajadores que se vean afectados por el ERTE de su empresa tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Además, el tiempo que el trabajador perciba esta prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos, es decir, que si el trabajador al iniciar su prestación por desempleo tiene acumulado 12 meses, al finalizar esta situación y volver a reactivarse su contrato seguirá contando con 12 meses.

¿Qué pasos tiene que dar el trabajador para obtener esta prestación?

La empresa deberá comunicar a los trabajadores el inicio del procedimiento del ERTE  para la suspensión o reducción de su contrato, pero a partir de ese momento, el trabajador no tiene que hacer nada, ya que se encargará la propia empresa de gestionar la prestación con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una vez esté aprobado el ERTE, aportando los listados de los afectados con los correspondientes datos bancarios de cada uno, a fin de que se les pueda ingresar la prestación en sus cuentas. 

¿Cuánto va a cobrar el trabajador afectado?

El 70% de la base reguladora, teniendo en cuenta el promedio de los 180 días anteriores al ERTE, sin perjuicio de que la empresa decida aplicar una mejora y complemente ese tanto por ciento para que los trabajadores sigan percibiendo el mismo ingresos. 

¿Y si se produce un despido no vinculado a un ERTE?

En este caso, el trabajador deberá contactar con el SEPE mediante su página web, rellenando un formulario de pre-solicitud de prestación individual de prestación por desempleo durante las medidas del COVID19, y será un gestor del SEPE el que se ponga en contacto con ese trabajador a fin de tramitar su solicitud.

martes, 24 de marzo de 2020

"Se suspende el plazo que tienen los consumidores para devolver sus compras durante el Estado de Alarma"


Los consumidores, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuentan con un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento respecto a sus compras, es decir, para dejar sin efecto el contrato celebrado, sin necesidad de justificación ni penalización alguna, siempre que se trate de compras realizadas a distancia (teléfono, internet o catálogo), o cuando el artículo que han recibido tenga algún tipo de defecto o tara.

Por otro lado, cada vez son más los establecimientos que adoptan políticas comerciales a favor del consumidor y permiten al cliente la devolución o cambio del producto adquirido en el plazo por ellos establecido.

Sin embargo, la situación de crisis sanitaria que atravesamos y la declaración del estado de alarma nos impide desplazarnos para poder ejercer tales devoluciones o cambios, por lo que el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE el pasado 18 de marzo, establece en su artículo 21 la interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma, o sus posibles prórrogas

De este modo, el computo del plazo del que dispone el consumidor para la devolución de los productos adquiridos durante el estado de alarma o sus posibles prórrogas, se reanudará una vez se deje sin efecto éste, tanto si se trata de compras realizadas de forma presencial como las compras realizadas online, garantizando así el ejercicio del derecho por parte del consumidor.



sábado, 21 de marzo de 2020

¿Quién puede acogerse a la moratoria de deuda hipotecaria como consecuencia de la crisis del COVID-19?



Entre las medidas urgentes que se publicaron el pasado 18 de Marzo, en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se encuentra la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual.

Lo primero que debemos saber es que la medida se centra única y exclusivamente en el préstamo hipotecario que tengamos sobre nuestra vivienda habitual, dejando fuera cualquier otro tipo de deuda, y solo para aquellas personas que se encuentran en unas extraordinarias dificultades para atender al pago de la cuota como consecuencia del COVID-19, lo que el decreto ha definido como “supuestos de vulnerabilidad económica”.

¿Quién puede suspender la cuota de su hipoteca?

Como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entiende que están en una situación de especial vulnerabilidad económica aquellos deudores que se encuentran en situación de desempleo, o los empresarios o profesionales que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas.

También aquellas personas que los ingresos de los miembros de su unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), que para el año 2020 está fijado en 537,84 Euros, límite que se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años que sea miembro, y si la unidad familiar es monoparental el incremento será de 0,15 veces.

En los supuestos en los que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditativamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el limite previsto será de cuatro veces el IPREM, resultando de aplicación los incrementos establecidos por hijo a cargo anteriormente mencionados.

En el caso de que el deudor hipotecario sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, el límite será de cinco veces el IPREM.

De igual modo, podrán beneficiarse de esta moratoria aquellos deudores cuya cuota de hipoteca, más gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y también aquellas familias que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, produciéndose esto cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

¿Qué se considera unidad familiar?

Aquella compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan también en la vivienda.

¿Cómo afecta esta medida a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores?

El Decreto recoge expresamente que las medidas establecidas para el deudor hipotecario resultan también de aplicación a los fiadores y avalistas respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para aquel.

Por lo tanto, los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar la moratoria?

El deudor deberá presentar a la entidad acreedora

Documentación respecto a la situación personal y familiar:

a) Documento que acredite la situación de desempleo y la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio; b) el cese de actividad en caso de ser trabajador por cuenta propia; c) certificados de empadronamiento histórico para acreditar el número de personas que habitan en la vivienda y el libro de familia, y en su caso declaración de discapacidad, de dependencia, incapacidad permanente para realizar actividad laboral.

Documentación respecto a los bienes:


a) Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar; b) la escritura de compraventa de la vivienda y la de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

Y además una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley.

¿Qué efectos tiene la moratoria en el pago de la hipoteca?

Una vez realizada la solicitud a la entidad financiera, ésta procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días, lo que conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma, y que a día de hoy se desconoce.

Por tanto, durante este periodo de moratoria no podrá exigirse el pago de la cuota de la hipoteca, ni de ninguno de los conceptos que la integran, ni total y parcialmente, así como tampoco devengará interés alguno, ni siguiera intereses moratorios.