La Mirada de Una Letrada

  Recientemente, el Juzgado de lo Social de Santander ha reconocido el derecho de una trabajadora, en este caso de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, a anular los días de vacaciones solicitados, al coincidir con el confinamiento general del Estado de Alarma, y sustituirlas por otro periodo vacacional. En este sentido, la resolución recoge expresamente que si la trabajadora “no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese periodo con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener”. La situación que se analiza, ocurrió en multitud de ocasiones durante el periodo en el que duró el primer Estado de Alarma derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid19. Durante esos meses, muchos trabajadores habían solicitado sus vacaciones en sus empresas, y llegado el momento vieron como tenían impedida la posibilidad de salir de casa para cualquier cosa que no fuera esencial o e...

“Una pena de prisión de DOS AÑOS, la inhabilitación especial para la profesión de ganadero o cualquier otra relacionada con la ganadería por plazo de DOS AÑOS, la inhabilitación del derecho a la caza por tiempo de CUATRO AÑOS, así como a indemnizar al Gobierno de Cantabria en la cantidad de 118.770 Euros”. Estas son las penas que ha confirmado la Audiencia Provincial de Cantabria para un ganadero condenado por un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados, previsto y penado en el artículo 336.2 de nuestro Código Penal, en concurso con un delito continuado de muerte de especies amenazadas, previsto y penado en el artículo 334.2 del mismo texto legal. En el supuesto enjuiciado, el acusado que ejercía como ganadero en el término municipal de Valdeolea (Cantabria) llevó a cabo una serie de actuaciones tendentes a hacer desaparecer el Lobo Ibérico y los posibles ataques de éste a su ganado. Nada más y nada menos que decidió colocar carne impregnada de sustancia...

Cada vez es más frecuente que las empresas soliciten, a sus candidatos a un puesto de trabajo, un certificado de antecedentes penales, a fin de conocer si el futuro empleado ha sido condenado en alguna ocasión, además de los supuestos comúnmente conocidos en los que se requiere un certificado de penales (permiso de armas, colegiación profesional, cargos públicos, etc), por lo que me parecía interesante explicar este asunto. Los “antecedentes penales” surgen como consecuencia de una sentencia condenatoria firme, y son inscritos en el Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se hace constar además de la identidad del penado, el delito por el que se condena y la pena impuesta, así como la fecha en que se ha declarado la firmeza de la Sentencia. Estos antecedentes penales son tenidos en cuenta para hechos futuros, de cara a poder aplicar o no la agravante de “reincidencia”, siempre que se trata de hechos delictivos de la misma naturaleza, así como para proceder o no a la suspens...

Con la entrada en vigor el pasado 1 de Marzo, del Real Decreto-Ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, las personas físicas quedan exentas del pago de las tasas judiciales para el acceso a la justicia, manteniéndose todavía para las personas jurídicas. Pero, ¿qué ocurre con las Comunidades de Propietarios? La lógica indicaba que las Comunidades de Propietarios debían estar exentas del pago de la tasa, siempre que siguiesemos el mismo criterio que en su día utilizó la Dirección General de Tributos para afirmar que estaban obligadas al pago de la tasa, y que no fue otro que su equipación con las personas físicas. Ahora, este criterio se ha confirmado en una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de fecha 5 de Marzo de 2.015, en la que se afirma que partiendo de que las Comunidades de Propietarios carecen de personalidad jurídica, y en la medida en la que los propietarios “personas fí...

  La mayor parte de las personas que tienen una mascota, consideran a ésta como un miembro más de su familia. En muchas ocasiones, el uso que estos animales hacen de las zonas comunes en una Comunidad de Propietarios genera discusiones entre los vecinos.   La Ley de Propiedad Horizontal permite que sean los propios vecinos los que establezcan mediante votación, las normas en las que basar su convivencia. Sin embargo, la prohibición de animales de compañía en el edificio obligaría al propietario a tomar la drástica y dolorosa decisión de desprenderse del animal. Además, para introducir esta norma en los estatutos de la comunidad, es necesaria la votación y aprobación por unanimidad de los vecinos, lo que evidentemente, no resulta nada fácil.   Todo lo relacionado con las mascotas y las Comunidades de propietarios genera muchos conflictos entre los vecinos, llegando incluso a ser necesario acudir a los Juzgados, aunque en este sentido, la...

Esta semana leía en el periódico que el Tribunal Supremo rebajaba la condena a un pequeño narcotraficante por las "dilaciones indebidas" en las que incurrió el juez que instruyó su caso, quien alegó que al tiempo se encontraba investigando dos asuntos de gran complejidad,  a lo que el Alto Tribunal ha contestado que los "retrasos que perjudican al reo no pueden justificarse en una sobrecarga de trabajo" o en que "el volumen de trabajo de la Administración de Justicia esta alejado de lo que podrían considerarse los estándares deseables". La Constitución Española recoge en su artículo 24.2 que "toda persona tiene derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías" , que bien se podría definir como el derecho a un juicio en un plazo razonable. Por lo tanto, este derecho se ve vulnerado cuando las actuaciones o el proceso tienen una duración que excede de lo prudencial, que va más allá de los plazos procesales ...

Cuando las sociedades mercantiles no alcanzan a responder de las deudas que contraen, bien porque su capital no es suficiente, bien porque no existen bienes a su nombre con los que responder, etc, es frecuente que las miradas se dirijan a sus administradores. La Ley permite que en determinados supuestos, los acreedores puedan dirigir sus acciones y créditos contra el patrimonio personal de los administradores, cuando su actuación pone de manifiesto una conducta maliciosa o negligente, que genera daños en el patrimonio social, en el de accionistas o en el de terceros.  Hasta el año pasado, era frecuente que al iniciar una acción contra una sociedad mercantil, se dirigiera una hacia sus administradores, con la intención de extender la responsabilidad de lo que se reclamaba no solo al patrimonio de la mercantil sino también al patrimonio personal de aquel. En realidad se trata de dos acciones completamente distintas, por un lado la de reclamación de una deuda frente a la socied...

En 2012, más de 23.228 personas renunciaron a la herencia que les habían dejado, más del doble que antes de que comenzase la crisis. Tradicionalmente las herencias eran sinónimo de buena suerte, ya que suponía un crecimiento del patrimonio del instituido heredero. Sin embargo, la actual situación ha obligado a los instituidos como herederos a tener que renunciar a la herencia, no solo por no poder pagar los impuestos correspondientes sino por no poder hacer frente a las deudas contraídas por el fallecido.  Cuando a alguien le dejan una herencia le dejan los bienes, el denominado "activo", pero también las deudas, "el pasivo", debiendo de responder el instituido como heredero de esas deudas no solo con el patrimonio del causante sino también con el suyo propio.  Ante esta situación, la opción más drástica y rápida es renunciar a la herencia y que la misma quede para el estado. Ésta renuncia se formaliza ante Notario en escritura pública y es definitiv...