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lunes, 30 de octubre de 2017

"El Tribunal Supremo reconoce que el acuerdo con el banco no impide declarar nulas clausulas abusivas"


Recientemente conocíamos la Sentencia dictada por nuestro Tribunal Supremo, de fecha 16 de Octubre, en la que un consumidor reclamaba la declaración de nulidad de su cláusula suelo contenida en su hipoteca, aunque había firmado con su banco un acuerdo para reducir las condiciones de esa cláusula.


A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona desestimó en primera instancia la pretensión de los consumidores, al considerar que “al haber negociado un nuevo suelo, habían saneado el vicio inicial, haciendo válida la cláusula en litigio”, y de no obtener respuesta satisfactoria por parte de la Audiencia Provincial de Navarra, finalmente el Tribunal Supremo resuelve a su favor en una importante Sentencia en materia de cláusula suelo.


El Alto Tribunal reconoce que la falta de transparencia de la cláusula suelo determina su nulidad absoluta por tener carácter abusivo, no siendo posible su convalidación posterior, y reiterando que la nulidad de una cláusula suelo abusiva es una nulidad radical y de pleno derecho.


Para el Tribunal Supremo, la firma de un nuevo acuerdo entre los afectados y el banco “no constituye un acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria”. Y lo que es más importante, en ningún caso impide a los consumidores posteriormente solicitar la declaración de nulidad de la cláusula, y la restitución de lo percibido por el banco de forma indebida como consecuencia de su aplicación.


Además, reconoce en su resolución que existen ya pronunciamientos, tanto por su parte como por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al respecto, y deja absolutamente claro que la acción de nulidad de una cláusula suelo por abusiva no prescribe ni caduca.


domingo, 29 de octubre de 2017

¿Qué son las tasas públicas y cuándo se pagan?




Hace unos días me preguntaban a través de facebook sobre el pago de una tasa pública por un servicio prestado por los bomberos en una propiedad privada, concretamente por la retirada de una serpiente de un jardín particular. Pero para poder entender mejor el funcionamiento de las tasas públicas, es imprescindible partir de su concepto.

Debemos entender por “tasa pública” aquel tributo que el ciudadano paga al utilizar un bien o servicio público para uso privado, o bien cuando la administración presta un servicio o se realicen actividades administrativas que afecten o beneficien de manera particular al sujeto pasivo. Las tasas son obligatorias y siempre han de estar reguladas.


Existen dos principios sobre los que han de girar el establecimiento de una tasa pública: a) el principio de equivalencia y, b) el principio de capacidad de cargo. El primero hace referencia a la cuantía de la tasa, ya que esta nunca puede ser superior al coste del servicio o actuación. El segundo alude a la obligación de la administración que establece la tasa de acomodar ésta a la capacidad de pago. 

Quizás la Administración Pública que el ciudadano tiene más cerca sea la Administración Local, y en este caso son los Ayuntamientos los que establecen a través de una ordenanza municipal cuales son los importes que va a tener cada servicio o actuación que el ciudadano demande de forma privada.  A modo de ejemplo, esta foto corresponde con algunas de las tasas establecidas en mi Ayuntamiento, para el ejercicio 2.017, donde se encuadraría las actuaciones de bomberos cuando acuden a abrir una puerta de un domicilio o acuden ante un incendio en una cocina, o como ocurría en el caso de la consulta, acuden a retirar una serpiente en un jardín. 


Los ciudadanos muchas veces no son conscientes de que estos servicios tienen un coste individualizado, sin embargo en nuestra vida diaria nos encontramos a menudo con tasas públicas, desde cuando pagamos a la Dirección General de Tráfico por realizar una transferencia, a cuando pagamos al Ministerio de Justicia la obtención de un certificado de Actos de Última Voluntad, o cuando solicitamos un vado de aparcamiento.

miércoles, 25 de octubre de 2017

¿Qué es un albacea y cuándo es necesario?


Los albaceas son aquellas personas que el testador designa en su testamento, para que a su fallecimiento sean los encargados de hacer cumplir su voluntad, por lo que normalmente el testador elige a personas de su máxima confianza, debiendo ser mayores de edad y tener capacidad necesaria para obligarse.


¿Cuándo es preciso nombrar un albacea?


No todas las situaciones requieren de la intervención de un albacea. Esta designación expresa en el testamento es recomendable cuando existen o pueden existir conflictos familiares entre los herederos, o en aquellas adjudicaciones de bienes complejas.


En cuanto a sus funciones, será el testador el encargado de reflejar en su testamento cuáles son las funciones que otorga al albacea, aunque en caso de no realizar atribución expresa, nuestro Código Civil recoge en su artículo 902 que será el encargado de: 1) disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por el en el testamento, y en su defecto, según la costumbre del pueblo; 2) satisfacer los legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del heredero; 3) vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él; 4) tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.


No hay que olvidar que se trata de un mandato “port mortem”, y por lo tanto comienza a tener eficacia cuando el testador fallece. Es muchas veces en este momento cuando la persona designada conoce el encargo, y tiene que decidir si aceptarlo o renunciar al mismo, al tratarse de un cargo voluntario. Si finalmente decide renunciar, y lo hace sin justa causa, el albacea perderá lo que le hubiera dejado el testador, salvo su derecho a la legítima si legalmente le corresponde.


Precisamente por esa voluntariedad del albaceazgo, es recomendable designar en el testamento a varias personas como albaceas, de forma mancomunada, solidaria o sucesiva, para prever supuestos en los que el albacea muere con anterioridad al testador, o en los casos en los que al conocer su nombramiento la persona designada decide renunciar al cargo.


En cualquier tipo de designación se ha de tener en cuenta que no es posible delegar el cargo en otra persona, salvo que así se recogiera por parte del testador de forma expresa. Y en principio, nos encontramos ante un encargo gratuito, aunque el testador podrá establecer la remuneración que estime conveniente en el testamento.

¿Cuanto tiempo tiene el albacea para ejercer su cargo?


Nuestro código civil establece en su artículo 904 que el ejercicio del cargo será de un año, pudiendo ser prorrogado por otro más, salvo que se mencione un plazo concreto en el testamento. En cualquier caso, por acuerdo de los herederos podrán prorrogar el plazo del albaceazgo en el tiempo que estimen necesario.

Probablemente, la función más importante del albacea es la “rendición de cuentas a los herederos”, función que ha de realizar para terminar sus funciones, y que en ningún caso puede ser eximida por el testador, por lo que siempre ha de llevarse a cabo

martes, 3 de octubre de 2017

"¿Las multas de tráfico impuestas en el extranjero llegan al domicilio? ¿y si era un vehículo de alquiler?


A la par que acaba el periodo de vacaciones comienza el de las consultas de lo ocurrido durante esos días. ¿Las multas de tráfico impuestas en el extranjero llegan al domicilio?. Esta era la preocupación de uno de nuestros clientes a su vuelta de vacaciones. Como en casi todos los asuntos, la respuesta no es un “sí” o un “no”, sino un “depende”. Si el país en el que se ha impuesto la multa de tráfico forma parte de la Unión Europea, entonces con toda probabilidad recibiremos la multa en nuestro domicilio.


Con la entrada en vigor de la Directiva Europea 2015/413, de 11 de Marzo de 2.015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, que sustituye a la Directiva Europea 2011/82/EU anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Mayo de 2.014, se ha hecho posible el intercambio de información entre los países miembros en materia de seguridad vial.


La finalidad de esta Directiva no es solo mejorar la seguridad vial en toda la Unión Europea, sino también combatir la impunidad de los conductores extranjeros, sirviendo también como elemento disuasorio, garantizando el mismo trato a todos los conductores infractores fueran o no residentes.


Por lo tanto, los Estados tienen la posibilidad de acceder al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico a fin de realizar las indagaciones pertinentes para determinar e identificar al conductor del vehículo matriculado en España, y de esta forma conseguir que las multas impuestas en su país lleguen a la residencia del infractor.


¿Cualquier infracción de tráfico se encuentra dentro de esta normativa?


La Directiva únicamente permite el intercambio de información entre los Estados respecto a ocho infracciones en materia de seguridad vial, entre las que se encuentran: a) el exceso de velocidad; b) no utilizar el cinturón de seguridad; c) no respetar un semáforo; d) conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas; e) la no utilización del casco; f) el uso de un carril destinado a un vehículo específico; g) el uso de móvil u otro dispositivo prohibido durante la conducción.


¿En qué idioma llegará la multa? ¿Qué normas serán de aplicación?


La Directiva prevé que el idioma de la multa será siempre el del país de residencia del titular del vehículo, así como los posibles recursos que procedan sobre citada resolución conforme a la legislación del país sancionador, ya que resulta de aplicación el proceso sancionador y las cuantías previstas para las multas del país donde se haya cometido la infracción.


En todo caso, la carta que reciben los supuestos infractores ha de contener información respecto a la naturaleza de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial, el lugar, la fecha y la hora en que se cometió, el título de las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, así como la sanción, y si es el caso, los datos del dispositivo empleado para detectarla (por ejemplo un radar).


¿Y si la multa es impuesta a un vehículo de alquiler?


El hecho de cometer la infracción con un vehículo alquilado no va a evitar que recibamos la multa en nuestro domicilio, ya que las empresas recibirán la notificación de la multa y aportarán en ese momento los datos del conductor que según sus archivos ese día y hora era el usuario del vehículo identificado.


Precisamente para poder proceder a la comunicación de los datos del conductor una vez llegada la sanción es muy habitual que las empresas de alquiler incluyan en sus contratos con sus clientes una cláusula que les permita facilitar los datos que poseen.


¿Qué ocurre si no se paga la multa?


Los recursos interpuestos frente a una multa impuesta en el extranjero serán resueltos por los órganos competentes en el país donde se cometió la infracción. Si una vez notificada la multa, o en su caso la desestimación del recurso, el infractor no abona la cuantía impuesta, el país sancionador instará a España a que proceda a la ejecución de la sanción.


El principal obstáculo con el que se encuentra esta Directiva es precisamente llegado el momento de ejecutar la sanción, al existir diferencias normativas entre los Estados en materia de calificación de las infracciones de tráfico, como únicamente administrativas o como infracción penal.


A finales de 2016 se reconoció que el 50% de las sanciones no llegaban a ejecutarse por falta de cooperación entre los Estados, lo que pone de manifiesto la necesidad de armonizar los sistemas si realmente se pretende dar efectividad a la norma.