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jueves, 27 de septiembre de 2018


Hoy me comunicaban desde el Consejo General de la Abogacía Española que he resultado ganadora entre todas las cartas al director enviadas a la revista "Abogacía Española", y me hace especial ilusión no solo por el premio sino porque en ella trato de reivindicar la labor que los abogados del Turno de Oficio realizamos a diario, y la importancia en nuestro sistema del derecho a la Justicia Gratuita, siendo fundamental acercar todo ello a los ciudadanos.
¡Gracias!
Os la dejo aunque muchas de las cosas me las habeis oido ya y creo que me las seguireis oyendo.
#DeOficioAbogada #TurnoDigno #DignidadTO #RetribucionesJustas #JusticiaGratuita



miércoles, 12 de septiembre de 2018

¿Qué hacer si el Presidente de mi Comunidad de Propietarios lleva años sin convocar una Junta?




Recientemente me llegaba a través del facebook de Mirada de Letrada una consulta sobre esta cuestión al tratar el plazo de prescripción de la acción para reclamar las cuotas de la Comunidad de Propietarios, y prometí resolver sus dudas en un post, así que ¡allá vamos!


La Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, recoge en su artículo 16.1 la obligación de la Comunidad de celebrar una Junta al menos una vez al año, y así dice expresamente “La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas” .

Con carácter general, la convocatoria de la junta de propietarios es competencia del Presidente de la Comunidad, por lo que cuando éste se muestra pasivo en este sentido, y no quiere convocar a los propietarios a una Junta, es evidente que está realizando una dejación en sus funciones, y es por ello que la propia ley añade la posibilidad de que la junta sea convocada por los propios vecinos, para lo cual será necesario la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación”.

Cuando son los vecinos los que se ven obligados a tomar la iniciativa, es importante que requieran al Presidente o al Administrador de la Comunidad para que les faciliten los domicilios del resto de propietario y poder proceder a la notificación de la Junta de forma válida. Igualmente, es preciso conseguir el listado de aquellos propietarios que no se encuentran al corriente en los pagos a la comunidad, a fin de evitar que puedan votar en la Junta, asegurándose así que una vez celebrada no pueda declararse su nulidad.

En este sentido, es importante precisar que la cesión de estos datos por parte del Presidente o el Administrador de la Comunidad a los propietarios convocantes no supone ningún tipo de infracción para la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que los mismos sean utilizados para llevar a cabo actuaciones recogidas dentro de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por lo tanto, el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge expresamente que “la convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión…”.¿Necesitan los convocantes el permiso previo del Presidente de la Comunidad?.

En mi opinión, no es necesario ningún tipo de autorización previa por parte del Presidente, ni la solicitud expresa de que convoque una Junta y en caso de no hacerlo, estar habilitados para ello. Sin embargo, he de reconocer que existen sentencias en ambos sentidos, a la hora de interpretar la expresión “en su defecto”, dando lugar a resoluciones que consideran imprescindible realizar la petición al Presidente, ya que de no hacerlo la Junta podría ser declarada nula, entendiendo que los convocantes no tienen una legitimación directa sino subsidiaria, y encontrando otras sentencias que reconocen la facultad de los propietarios para realizar la convocatoria directamente.

En cualquier caso, y para evitar posibles nulidades futuras no cuesta nada requerir previa y fehacientemente al Presidente para que proceda a la convocatoria de la correspondiente Junta de Propietarios, y en caso de continuar con su pasividad, actuar los propietarios con los porcentajes legalmente establecidos.

Finalmente, y ante una situación así, es fundamental que en el orden del día de la reunión convocada por los vecinos aparezca la renovación de cargos, para poder poner fin al mandato del presidente y desbloquear la situación.


miércoles, 5 de septiembre de 2018

"La Autotutela y los límites a la autonomía de la voluntad del incapaz según el Tribunal Supremo"


¿Os acordáis de aquel post en el que que hablaba de la Autotutela? Para situarnos, debemos entender la “autotutela” como aquella figura jurídica a través de la cual una persona con capacidad de obrar, puede designar a un tutor para sí mismo, para el supuesto de que sea declarada incapaz en el futuro.

Para que la designación sea válida y tenga plena eficacia, es necesario que se formalice ante Notario en documento público, que la persona designada se encuentre en plenas facultades y no concurra ninguna de las circunstancia de exclusión que recoge el código civil, y que citado documento sea finalmente comunicado al Registro Civil donde esté inscrito el nacimiento de la persona que lo otorga, a fin de que se proceda a realizar un asiento registral al margen de su nacimiento.

La autotutela encuentra su fundamento en la facultad de toda persona mayor de edad de autoregulación o autoregimiento, pero ¿tiene algún límite?

Recientemente conocíamos una Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en fecha 18 de Julio de 2.018, en la que se fijan precisamente límites a la autotutela establecida por el otorgante, aclarando que “el Juez no está vinculado por ella cuando no sea conveniente para la persona con capacidad restringida, teniendo en cuenta la protección del interés de la persona sometida a este tipo de protección, que está por encima de la autonomía de la voluntad”

En este sentido, el Alto Tribunal ya había puesto de manifiesto, en su Sentencia de fecha 16 de mayo de 2.017, que “Según el art. 234.1 C.C para el nombramiento de tutor se prefiere en primer lugar al designado por el propio interesado conforme al párrafo segundo del art. 223 C.c. Por tanto, la voluntad expresada en escritura pública dirigida a designar a una persona para que, en caso de futura modificación judicial de la capacidad, se le encomiende la función de prestar los apoyos que procedan debe ser respetada por el juez, que solo motivadamente puede apartarse de las preferencias expresadas por el interesado cuando su propio beneficio así lo exija”,  habiéndose pronunciado de forma específica sobre la motivación necesaria para apartarse de la designación hecha por el interesado en otras Sentencias como la 504/2012, de 17 de Julio y 373/2016, de 3 de junio.

Por tanto, lo que confirma el Tribunal Supremo en esta reciente resolución es que “la alteración del orden establecido en el artículo 234.1 del Código Civil debe efectuarse en resolución motivada. Como expresa la sentencia 341/2014, de 1 de Julio, las razones por las que el tribunal puede apartarse del orden legal son muy variadas. En ocasiones, porque el primer llamado no está en condiciones de hacerse cargo de la tutela, esto es, carece de la idoneidad exigida, o bien porque no quiera, pues aunque constituye un deber legal, puede resultar contraproducente el nombramiento de quien no está dispuesto a asumir la tutela. Pero también es posible que la conflictividad familiar, unida a la situación de la persona tutelada, pueda desaconsejar el nombramiento de uno de los parientes llamados legalmente”.

En todos los supuestos, y sea cual sea la razón por la que se ha de designar a otra persona, siempre ha de responder a lo más beneficioso para la persona que necesita ser tutelada, ya que el interés superior del incapaz es el que ha de regir cualquier actuación llevada a cabo por los poderes públicos, de conformidad con el artículo 12.4 de la Convención de Nueva York sobre el derecho de las personas con discapacidad.

En definitiva, el propio Tribunal Supremo afirma que “este interés no es más que la suma de distintos factores que tienen en común el esfuerzo por mantener al discapaz en su entorno social, económico y familiar en el que se desenvuelve y como corolario lógico su protección como persona especialmente vulnerable en el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad, a partir de un modelo adecuado de supervisión para lo que es determinante un doble compromiso, social e individual por parte de quien asume su cuidado”.