La Mirada de Una Letrada

El Tribunal Constitucional ha dictado una Sentencia, el pasado 16 de Octubre de 2.019, en la que se pronuncia sobre esta cuestión, y avala el despido de un trabajador que faltó al trabajo de forma intermitente 9 días, de los cuales 8 estaban justificados por incapacidad temporal, todo ello en un plazo de 40 días hábiles, en 2 meses continuos. Finalmente fue despedido por causas objetivas con 20 días de indemnización por año trabajado.  El Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona planteó una cuestión de inconstitucionalidad en relación al artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores , que expresamente recoge que “el contrato podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses disc...

“Imagina cómo sería que te encargasen valorar la conducta de aquel que te propuso para el puesto de trabajo que realizas, o que estuviera en tu mano sancionar o inhabilitar a quien te ayudó a conseguir la posición que tienes, ¿agradecido y benevolente u objetivo e imparcial?” Foto: Revista SEDE Cuando pensamos en aquellos que imparten justicia, pensamos en profesionales que ejercen su labor con la máxima independencia. Esta es la única manera de que el Estado de Derecho funcione de verdad, y la conocida por todos división de poderes no se distorsione, evitando que uno pueda controlar a otro. ¿Esto es realmente así?. En el año 2.010, más de 1.500 jueces apoyaron un manifiesto por la “despolitización y la independencia del poder judicial”, en el que se reconocía que la independencia de nuestra justicia estaba en serio peligro. Para velar por la independencia del Poder Judicial, nuestra Constitución prevé la existencia de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Po...

Se nos impusieron unas tasas judiciales injustas que limitaban el acceso a la justicia a quienes no disponían de medios económicos, se recaudaron más de 565 mil millones de euros sin que ni un solo euro se destinase a la Administración de Justicia ni se nos diera ninguna explicación, se eliminaron las tasas para las personas físicas pero no para las personas jurídicas, y ahora, casi cuatro años después asistimos a la resolución del Tribunal Constitucional en el que afirma lo que todos sabíamos y  denunciábamos  constantemente, que son inconstitucionales. El Alto Tribunal afirma que son desproporcionadas y que su cuantía “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva”, y que además no ha existido un estudio económico que permitiera comprender a que se debían las cuantías establecidas, sin que se pueda sacrificar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para con ello financiar la Justici...

Son muchas las consultas que recibimos respecto a esta cuestión, tanto por parte del empresario que tiene en su negocio instaladas cámaras de seguridad, e incluso ha grabado a alguno de sus trabajadores hablando mal a clientes, consultando sus redes sociales, cogiendo dinero de la caja, o simplemente dejando pasar las horas en su puesto de trabajo, como por parte del trabajador al que no le han comunicado la existencia de las mismas. Recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de Marzo de 2.016, que introduce importantes modificaciones en cuanto a la necesidad o no del consentimiento de los empleados para la instalación de cámaras de vigilancia en los centros de trabajo. Hasta ahora, todo empresario que quisiera instalar una cámara de videovigilancia para controlar la actividad de sus trabajadores debía informar previamente a su plantilla, indicando de forma clara, precisa e inequívoca que su finalidad era el control de la actividad ...

Finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Social que exigía a las parejas de hecho que llevasen al menos dos años inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, para ser beneficiarias de la pensión de viudedad. Se trata de un pronunciamiento que afecta a cientos de personas que han visto como al fallecer su pareja de hecho, con la que llevaban años, pero con la que no habían formalizado su unión hasta hacía un año o unos meses, no tenían derecho a prestación de viudedad, ya que no cumplían con el requisito del tiempo. El fundamento que utiliza el Alto Tribunal para declarar inconstitucional el apartado 5º del artículo 174.3 de la Ley de Seguridad Social, es que el mismo vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, que no es otro que el derecho a la igualdad de todos. Y es que para el Tribunal Supremo, con la aplicación de este artículo se estaba dando un trato desigual a los solicitantes, entendiendo que el requisito de la inscripció...