Pagina Principal

miércoles, 29 de enero de 2020

“La refacturación por consumos incorrectos de luz solo puede hacerse dentro del año”



Los conflictos entre consumidores y compañías eléctricas son habituales. Todos conocemos a alguien a quien durante un periodo de tiempo no le han facturado regularmente sus consumos de luz, o se lo han facturado teniendo en cuenta consumos “estimados”, y transcurrido un periodo de tiempo le han notificado una factura rectificativa con el consumo real y un importe más elevado.
Por eso, hoy quiero acercaros un supuesto muy concreto que también ocurre habitualmente y en el que la regulación es muy clara. Pensemos en un consumidor al que le llegan sus facturas de luz habitualmente, y un día le llega una carta en la que le explican que por un “error” se le ha estado facturando mal, por lo que le envían la rectificación correspondiente a ese periodo para que el consumidor pueda estar nuevamente al corriente.
En primer lugar, en caso de que haya existido un funcionamiento incorrecto, y por lo tanto se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la compañía eléctrica podrá efectuar una rectificación complementaria. Estas cantidades podrán ser prorrateadas en tantas facturas mensuales como meses existiese el error administrativo.
¿Cuál es el plazo para la refacturación complementaria?
En estos casos resulta de aplicación el artículo 96.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el que se establece queEn el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.”
Por lo tanto, nunca podrá refacturarse al usuario periodos superiores a un año.
 ¿Y si el importe es a devolver al consumidor?
Cuando se han facturado importes superiores a los que eran debidos, el consumidor tiene derecho a que las cantidades indebidamente cobradas le sean devueltas en la primera factura que se devengue, sin posibilidad de que pueda fraccionarse la devolución, debiendo incrementarse citada cantidad con el interés legal del dinero en ese momento.



miércoles, 15 de enero de 2020

"Las "Llamadas Perdidas" a la víctima de violencia de género cuando existe la prohibición de comunicación con ella son delito"



Si quien tiene la prohibición de comunicación con una víctima de violencia de género incumple esta medida, e intenta comunicarse con ella realizando una llamada de teléfono, incurre en un delito de quebrantamiento de condena incluso en los supuestos en los que la víctima no responda y finalmente no exista comunicación directa entre ellos.
Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.019, al considerar que  “una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que ésta se ha efectuado; incluso aunque tenga lugar de forma automática, ejecutada por el propio sistema, se trata de un mensaje en el que se pone en conocimiento del destinatario que se le ha efectuado una llamada desde un determinado terminal. El sistema de los terminales telefónicos, que cualquiera conoce, funciona así de forma automática proporcionando esa información. De manera que el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación”.
En el supuesto analizado, la defensa entiende que “la realización de una llamada telefónica a su expareja que no fue atendida por la destinataria, no cumple con los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal. Sostiene que en la llamada de teléfono no se entabla comunicación, no se conversa, no se hace partícipe al receptor del mensaje. Alega que, en estos supuestos, (llamadas telefónicas "perdidas", no atendidas por el destinatario) el delito de quebrantamiento se consuma con el establecimiento de la comunicación, no con el intento de llamada, el cual estaría exento de responsabilidad criminal “
En este sentido, el Tribunal Supremo considera que si concurren los elementos del delito de quebrantamiento de condena impuesto, ya que para ello se  “requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Y que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma. Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone”.
Por lo tanto, el Alto Tribunal desestima el recurso planteado por el hombre que fue condenado a un año de prisión por el delito de quebrantamiento de condena, confirmando así la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que ya había sido confirmada por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Lo cierto es que cuando se impone la prohibición de comunicación respecto a una víctima, y así lo afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia, ha de tenerse en cuenta el artículo 48.3 del Código Penal que recoge expresamente que “La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual”, pero en ningún caso se exige un contacto escrito o verbal de doble dirección, en el que se encuentre respuesta, por lo que es suficiente con que uno le haga saber al otro algo, en definitiva, basta con su existencia.



miércoles, 8 de enero de 2020

"¿Debe responder la empresa de las lesiones que un trabajador causa a otro?"


Cuando una persona agrede a otra y le causa lesiones, además de ser condenado por un delito de lesiones a la pena que corresponda, se le condena al pago de la responsabilidad civil, que en este tipo de delitos suele corresponder con las lesiones y secuelas provocadas en la víctima. 

Sin embargo, cuando estos hechos tienen lugar entre dos trabajadores de una empresa, en el centro de trabajo y durante su jornada laboral, hay quien puede pensar que la empresa también tiene que responder de manera subsidiaria sobre esas lesiones, debiendo satisfacer la indemnización fijada en sentencia en el caso de no poder hacerlo el propio autor de las mismas. 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 14 de Octubre de 2.019, al analizar la agresión sufrida por un trabajador de una farmacéutica a manos de un compañero, que le hizo perder el 90% de la visión de un ojo, condenando al autor al pago de 70.000 Euros de indemnización. ¿Es responsable la empresa?

Es cierto que el artículo 120.4 del Código Penal establece que “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Y en su momento, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de 28 de Enero de 2.019 condenó a la empresa farmacéutica como responsable civil subsidiario.

Sin embargo, la empresa alegó en su recurso que se trataba de dos trabajadores con la misma categoría de peón, que ninguno de los dos tenía respecto al otro una posición de jerarquía, ni dependencia, ni estaban obligados a obedecerse o darse órdenes, por lo que según la empresa “los hechos en cuestión (con el resultado lesivo conocido) tienen su origen en un altercado o enfrentamiento de tipo personal”.

A la vista de tales alegaciones, el Tribunal Supremo estima el recurso de la empresa y concluye que “no puede llevarse a cabo una aplicación directa, por el mero hecho de que el delito se haya cometido en el centro de trabajo”, y es que no se ha de hacer una interpretación estricta del precepto, por lo que no es posible hacer responder al empresario de todos los actos de sus trabajadores. 

En este sentido, para que pueda ser responsable la empresa es necesario que el delito cometido por el trabajador tenga lugar dentro de las funciones que le han sido encomendadas en el puesto de trabajo.