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miércoles, 12 de junio de 2019

¿La pérdida del permiso de conducir puede motivar un despido?



Una de las mayores preocupaciones que tienen los clientes a los que asistimos como posibles autores de un delito contra la seguridad vial es precisamente esta cuestión, ¿qué consecuencias puede tener ser condenado a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor? ¿puede motivar un despido o la suspensión del contrato de trabajo de esa persona?

Evidentemente hay que analizar cada supuesto concreto para dar respuesta a estas preguntas, ya que debemos partir de la idea de que en no en todos los empleos resulta imprescindible disponer de un carnet de conducir para desarrollar el trabajo. La clave radica en la sanción o pena que se impone al conductor, ya que no es lo mismo la pérdida de puntos, y por lo tanto la obligación de obtener nuevamente la licencia, que la pena del derecho a conducir durante un periodo de tiempo establecido.

Ante cualquier situación, en primer lugar se habrá de atender al convenio colectivo que resulte de aplicación, ya que algunos recogen específicamente las consecuencias de la privación del permiso de conducir, sobre todo en los convenios colectivos específicos del sector del transporte, llegando incluso algunos a establecer la obligación del empresario de suscribir un seguro que cubra tal situación, y que permita al trabajador afectado percibir una cuantía durante el tiempo en el que su contrato se vea suspendido por este motivo. Del mismo modo, se habrá de atender también a las cláusulas que recoge el propio contrato de trabajo, como fuente reguladora de la relación contractual.

El Tribunal Supremo dictó una importante Sentencia, en fecha 30 de Marzo de 2.017, en la que declaró improcedente el despido de un trabajador que habitualmente conducía una unidad móvil, y que había sido privado de su permiso de conducir como consecuencia de una infracción de tráfico.

En realidad, y aunque la empresa comunicó al trabajador la suspensión del contrato de trabajo hasta que recuperase el permiso de conducir, lo cierto es que esta fecha no estaba determinada al depender del propio trabajador, que tenía que examinarse nuevamente y obtener una nueva licencia, por lo que realmente el Tribunal Supremo entendió que la empresa le estaba despidiendo tácitamente.

Cuando nos encontramos ante la pérdida del permiso de conducir y el trabajador utiliza y necesita el mismo para el desarrollo de su trabajo, la empresa puede proceder a realizar un despido objetivo por ineptitud sobrevenida del trabajador para la realización de su actividad laboral pero no suspender la relación laboral.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que “el concepto de ineptitud se refiere (...) a una inhabilitación o carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo - rapidez, percepción, destrez, capacidad de concentración, etc”. La ineptitud es la incapacidad del trabajador para el desarrollo de su trabajo por ausencia de condiciones, físicas, psíquicas o legales necesarias para desempeñar adecuadamente el trabajo.  

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 9 de Mayo de 2018, establece que Se debe estar ante una carencia de la habilidad necesaria para que pueda desarrollar su trabajo haciendo inviable el objeto del contrato de trabajo, que se manifiesta a través de un rendimiento defectuoso del mismo. Para que la ineptitud pueda originar la extinción del contrato de trabajo se requiere que el empresario demuestre la ineptitud del trabajador, sin que quepa la presunción de la misma. Se debe constatar un resultado defectuoso del trabajo desarrollado, una disminución cuantitativa o cualitativa del rendimiento del trabajador, y ese resultado no se genere por una actuación dolosa o negligente del trabajador, obedeciendo a causas exógenas al mismo ( STS 14/07/1982 )”, añadiendo a continuación que “la ineptitud puede ser debida a una genérica falta de aptitud o de conocimientos para el trabajo pactado, incluida la carencia de la titulación exigida para la realización de su trabajo (retirada del carnet de conducir, carencia de titulación para enseñar, la suspensión de la licencia de armas o la inhabilitación profesional), se trata de incumplimientos involuntarios o cuya voluntariedad no puede probarse, de las obligaciones contractuales”.

En este tipo de supuestos, y de conformidad con el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a ser indemnizado con 20 días de salarios por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Por el contrario, cuando hay una retirada del permiso con una duración determinada, y transcurrido ese tiempo se producirá una recuperación automática del mismo, la empresa no podrá extinguir la relación contractual mediante un despido objetivo, pero si podrá suspender de mutuo acuerdo el contrato de trabajo, recuperando el trabajador su puesto una vez haya recuperado su permiso de conducir.

¿Y si el trabajador no necesita conducir para desarrollar su actividad laboral?

Entonces el empresario no puede proceder al despido del trabajador mediante el despido objeto, al tratarse de una circunstancia ajena a la relación laboral, por lo que con mucha probabilidad nos encontraríamos con un despido improcedente.

martes, 7 de mayo de 2019

¿Qué es el certificado de actos de última voluntad?



Cuando en el despacho prestamos la primera asistencia a familias que han perdido recientemente a un familiar, nos encontramos habitualmente cierta confusión en cuanto al contenido del certificado de actos de última voluntad, confundiéndose en muchas ocasiones con el testamento otorgado por el fallecido.

¿Qué es el certificado de actos de última voluntad?

El certificado de últimas voluntades es un documento emitido por el Ministerio de Justicia que permite acreditar si una persona que ha fallecido ha otorgado testamento, ante qué Notario, en qué fecha y lugar. Si esa persona ha otorgado a lo largo de su vida varios testamentos, aparecerán los datos de todos, pero nunca el contenido de los mismos, ni sus deseos ni los bienes de los que era propietario, etc.

Por lo tanto, si los familiares encuentran una copia simple de un testamento entre la documentación que tenía el fallecido, el certificado de actos de última voluntad va a confirmar si ese testamento es el último que el causante otorgó en vida y por lo tanto el que tiene validez de cara a comenzar con la sucesión.

Y si los familiares no saben si el fallecido tiene testamento o no localizan ninguno entre su documentación, el certificado de actos de última voluntad determinará si existe, y en caso afirmativo, permitirá de forma sencilla a los herederos acudir a la Notaría donde se otorgó para solicitar una copia autorizada del mismo.

¿Dónde se obtiene y quién puede solicitarlo?

Este certificado se obtiene presentando el certificado original de defunción de la persona fallecida, o una copia compulsada en la Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, o en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia situadas en cada Comunidad Autónoma. Además, es preciso pagar una tasa para obtener el certificado, que se gestiona a través del Modelo 790 y que actualmente asciende a 3,78 Euros.

A diferencia de lo que ocurre con la solicitud de un testamento, que únicamente puede ser obtenido por una persona que aparezca o tenga interés legítimo en la sucesión, el certificado de actos de última voluntad puede ser solicitado por cualquier persona que esté en posesión del certificado de defunción original y abone la correspondiente tasa. No es necesario ser heredero, ni siquiera ser familiar, ya que los datos que se van a obtener son únicamente si la persona fallecida otorgó o no testamento, el lugar, notario y fecha, y como ya indicaba antes, nunca ninguna otra información respecto a los deseos o voluntad del causante.

Es importante tener en cuenta el plazo para poder obtener el certificado de actos de última voluntad, ya que no se puede solicitar inmediatamente después del fallecimiento de una persona, sino que es necesario que transcurran quince días hábiles desde el deceso.

jueves, 2 de mayo de 2019

¿En qué se diferencia el contrato de arras penitenciales, confirmatorias y penales?



Prácticamente todo el mundo conoce a grandes rasgos la utilidad del contrato de arras, comúnmente considerado como un paso previo a realizar un contrato de compraventa, y es que con carácter general se entiende como una señal que tiene como finalidad garantizar el contrato de compraventa conforme a las condiciones pactadas.

Sin embargo, el Código Civil recoge tres tipos de arras en función de si lo que se pretende es asegurar una promesa o un contrato, confirmarlo, garantizar su cumplimiento o facultar al otorgante para poder rescindirlo libremente consintiendo en perder la cantidad entregada, es lo que conocemos como arras penitenciales, confirmatorias y penales.

Las arras penitenciales aparecen recogidas en el artículo 1454 del Código Civil, y son aquellas por las que si quien las entregó desiste del cumplimiento del contrato perderá la cantidad entregada, y si quien desiste es el vendedor, éste se obliga a devolverlas duplicadas.

Es importante tener en cuenta que para que un contrato de arras tenga el carácter de penitenciales la jurisprudencia ha venido exigiendo que así se recoja expresamente en el propio contrato otorgado por las partes.

Por otro lado, el Código Civil recoge en sus artículos 1152 a 1154 las arras penales, que son aquellas que únicamente cumplen una función de garantía del contrato, y funcionan como una cláusula penal, es decir, ante el incumplimiento de una de las partes se producirá la pérdida de lo entregado o su devolución de forma duplicada, pudiendo además pactar una indemnización por los daños causado, y en caso de cumplimiento no descontándose la cantidad entregada del precio final de compra.



¿Qué las diferencia de las penitenciales?

El hecho de pagar la pena no exime al deudor el cumplimiento de la obligación, ya que normalmente esta condición faculta a quien sí ha cumplido con sus obligaciones a reclamar el cumplimiento de lo pactado, en cambio las arras penitenciales son un medio lícito para desistir del contrato.

Finalmente, el Código Civil recoge en su artículo 1124 las arras confirmatorias, que funcionan como una especie de señal o anticipo del precio pactado, pudiendo en caso de incumplimiento escoger entre el cumplimiento de las obligaciones o la restitución, con el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios ocasionados.

En cada situación o supuesto concreto será necesario determinar qué tipo de contrato de arras se ha de suscribir, a la vista de la voluntad de las partes.

domingo, 7 de abril de 2019

¿Me pueden multar más de una vez por estar mal aparcado si no me han notificado previamente?



Recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid ha dictado una Sentencia, de fecha 6 de Marzo de 2.019, que da respuesta a esta cuestión. Concretamente, la Sentencia analiza el recurso de un ciudadano al que habían multado 14 veces en 3 semanas, siempre por la misma infracción, al estar mal estacionamiento en una calle de Madrid sin que hubiera movido el vehículo durante ese periodo de tiempo.

En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resuelve que únicamente se puede sancionar una vez por el mismo hecho cometido de forma continuada, siempre que el interesado no haya tenido conocimiento.

Así, el artículo 63.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo”.

Por esta razón, y considerando que se trata de una sola infracción cometida de forma continuada, las 13 multas restantes han de ser anuladas, ya que en base a este precepto en el supuesto analizado no se ha permitido al infractor la posibilidad de reaccionar, al desconocer que había sido multado por primera vez ante la falta de notificación de la sanción.

miércoles, 20 de marzo de 2019

¿Cuándo se aplica la circunstancia agravante de género?


La agravante de género fue introducida en nuestro sistema con la reforma de marzo de 2.015, y aparece recogida en el artículo 22.4º del Código Penal, pero antes de entrar a conocer en qué consiste, debemos dar respuesta a otra cuestión ¿Qué es una agravante?

Las agravantes, al igual que las atenuantes, son circunstancias accidentales que concurren en la comisión de un delito, y que unidas a los elementos esenciales de éste aumentan o disminuyen la responsabilidad penal del autor. La gravedad del delito será mayor si concurre una agravante y será menor si concurre una atenuante.


Las circunstancias agravantes aparecen recogidas en el artículo 22 de nuestro Código Penal, y son un catálogo cerrado, pudiendo diferenciar dos tipos de agravantes: a) aquellas que se aprecian en el sujeto y que tienen carácter personal, y se relacionan con su disposición moral o sus relaciones particulares con el ofendido, etc; b) y aquellas otras que se aprecian en la ejecución material del hecho o medios empleados por el sujeto.

¿En qué consiste la “agravante de género"?

La inclusión de esta circunstancia en nuestro sistema responde al compromiso asumido por nuestro país con la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica firmado en Estambul, el 7 de Abril de 2.011, en el que se alude al género como “los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”

Concretamente, el artículo 22.4º del Código Penal establece que es una circunstancia agravante “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. “

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre esta circunstancia, interpretando cuando debe ser aplicada, y así en su Sentencia, de fecha 19 de Noviembre de 2.018, establece que "la agravante de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma; es decir, en aquellos casos en que se cometió el hecho por esa motivación, que atenta contra el principio constitucional de igualdad."

¿Es posible aplicar la agravante de género y la agravante de parentesco?

El Tribunal Supremo ha entendido que es perfectamente posible la aplicación de ambas a un mismo supuesto, ya que cada una responde a un fundamento distinto. Así, la agravante de género tiene un fundamento subjetivo, esto es, ha de concurrir en el autor del delito un ánimo de mostrar superioridad frente a la víctima mujer, y demostrarle que ésta es inferior por el mero hecho de serlo. Y la agravante de parentesco tiene su fundamento objetivo, ya que se aplica cuando exista una relación de afectividad o convivencia entre el autor del delito y la víctima.


¿Su aplicación requiere una intención de humillar o una situación humillante?

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión, en su Sentencia de fecha 26 de Febrero de 2.019, y ha matizado que para que resulte de aplicación esta circunstancia no es necesario que exista una especial intención de humillar, sino que la propia situación ya sea humillante.

En este sentido, el Alto Tribunal afirma que "no consiste en una determinada voluntad o intención del sujeto activo del delito", "no es exigible un dolo específico dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer", "basta que el autor conozca que con la conducta que ejecuta sitúa a la mujer en esa posición subordinada, humillada o dominada".

domingo, 24 de febrero de 2019

¿Tiene castigo penal el encuentro casual cuando hay una orden de alejamiento en vigor?




La orden de alejamiento puede ser una medida cautelar, que se acuerda mientras se resuelve el proceso penal, o definitiva, acordada una vez que el proceso finaliza, por la que se impide a una persona acercarse a otra (víctima, familiar o persona que se determina en la resolución judicial) a una determinada distancia, añadiendo normalmente la prohibición de acercarse a su domicilio, lugar de trabajo, etc.

El incumplimiento de una orden de alejamiento es constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena, previsto en el artículo 468 del Código Penal, y castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad, y con  multa de 12 a 24 meses en los demás casos, imponiéndose en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año cuando el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, etc)

La jurisprudencia ha reiterado en muchas ocasiones los requisitos que han de concurrir para que pueda apreciarse un delito de quebrantamiento de condena, concretamente a) ha de existir una resolución judicial en la que se establezca la medida de alejamiento; b) debe existir por parte del sujeto un conocimiento de la misma; c) y finalmente debe existir un incumplimineto consciente y deliberado.

¿Qué ocurre si hay un encuentro casual?

El supuesto que planteo no tiene que ver con las proximidades del domicilio o centro de trabajo de la víctima, ya que en ese sentido la orden de alejamiento es clara, sino que me refiero a encuentros que tienen lugar en un concierto, un evento deportivo, un restaurante, un hospital, etc. Cuando tiene lugar esta casualidad, la conducta del sujeto carece de la intencionalidad de acercarse a la víctima que exige el tipo, y por lo tanto nos encontramos ante un incumplimiento involuntario que en principio no debería llevar aparejado un castigo penal, siempre y cuando la persona que tiene impuesta la orden de alejamiento abandone inmediatamente el lugar una vez que es conocedor de la presencia de la otra persona.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Girona se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que “el encuentro involuntario o casual de dos personas, una de las cuales está obligada a alejarse de la otra, es un suceso perfectamente posible y que en la realidad ocurre en numerosas ocasiones, dado que la coincidencia fortuita en lugares o espacios comunes no puede extrañar al no permanecer dichas personas conectadas por sistemas electrónicos que le permitan saber a una de ellas donde se encuentra la otra. A partir de esta posibilidad fáctica la Sala ha venido distinguiendo diversos supuestos sobre cuál debe ser la actitud del obligado al alejamiento en esas situaciones azarosas concluyendo que, si es el obligado el que accede al lugar en el que se encuentra el perjudicado, el primero debería marchar de allí tan pronto como se aperciba de la presencia de este último, con el fin de evitar la comisión del delito de quebrantamiento; mientras que si es la persona perjudicada quien accede en segundo lugar a ese espacio ya ocupado previamente por el obligado al alejamiento resulta mucho más difícil hacer esa afirmación, dado que también es un deber moral del beneficiado por la orden de alejamiento el procurar por su propia salvaguarda no propiciando situaciones ficticias o artificiales creadas con la única intención de causar un daño a otro.”

Como en casi todos los supuestos, la presencia de testigos de la situación o del encuentro casual que objetivamente puedan declarar sobre los tiempos y las reacciones de las partes resulta absolutamente fundamental, ya que si el encuentro y la aproximación se alarga en el tiempo, la situación cambia radicalmente, y lo que era un encuentro involuntario puede convertirse en una conducta constitutiva de delito.

Así, la Audiencia Provincial de Girona también reconoce que “lo que de ninguna forma puede hacer el obligado al alejamiento, en cualquiera de las dos situaciones anteriormente relatadas, es aprovecharlas deliberadamente para quebrantar la condena o la medida de seguridad, comunicándose verbal o gestualmente con la otra persona o iniciando en ese mismo momento acciones físicas de acercamiento”.