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jueves, 12 de noviembre de 2020

"¿Son nulos los acuerdos firmados por los consumidores en los que renunciaron a iniciar acciones judiciales contra el banco por cláusula suelo? Por fin el Tribunal Supremo reconoce que sí"

 

Cuando empezaron a conocerse las primeras sentencias que declaraban la nulidad de la cláusula suelo en las hipotecas, y principalmente desde que el Tribunal Supremo dictó su Sentencia, de fecha 9 de Mayo de 2013, obligando a las entidades bancarias a devolver desde ese momento las cantidades que los clientes habían pagado de más en aplicación de esa cláusula, pero sobre todo desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en 2016 que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado por estas cláusulas desde el inicio de los contratos, en ese momento las entidades bancarias corrieron a negociar con aquellos clientes que tenían la cláusula controvertida en sus hipotecas.

La intención de los bancos no era evitar la litigiosidad, sino que “recalculaban” las cuantías que el cliente había pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo, y a continuación hacían una oferta que en caso de ser aceptada, se hacía efectiva de inmediato. Pero además, la mayor parte de las entidades bancarias jugaban una carta más, e incluían en los documentos privados o novatorios que firmaban los clientes para formalizar ese acuerdo, una condición que recogía la renuncia expresa del consumidor a acudir a los Juzgados y Tribunales para iniciar acciones legales en el futuro contra el banco, y que tuviera como causa el préstamo hipotecario, o las liquidaciones y pagos anteriores a tal acuerdo.

¿Sabían los consumidores que estaban firmando? Me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que no. Se trataba de documentos confeccionados unilateralmente por los bancos, en los que el consumidor se limitaba a estampar su firma y recibir el supuesto dinero que había pagado de más, sin absolutamente ninguna capacidad de negociación, más allá de si prefería el dinero en cuenta o a descontar del capital que aún tenía pendiente en su hipoteca.

Aunque inicialmente el Tribunal Supremo entendió que aquellos consumidores que habían firmado un acuerdo con sus bancos no tenían derecho a reclamar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el pasado 9 de Julio de 2020, una Sentencia en la que reconoce que la renegociación de una cláusula que puede ser abusiva es perfectamente posible, pero matiza que la renuncia a emprender acciones legales contra la entidad puede igualmente ser declarada abusiva si no ha sido negociada individualmente, “cuando el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le habría permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivan para él de dicha cláusula”, resultando válida “siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado por parte del consumidor”.

Desgraciadamente, no es la primera vez que tenemos que asistir a un escenario similar, en el que el TJUE acaba sacando los colores al Tribunal Supremo, quien a veces está más por la labor de proteger a los bancos que a los consumidores.

En los últimos tiempos, las entidades comenzaron a formalizar estos acuerdos con sus clientes, pero con una notable novedad, eran los propios clientes los que de su puño y letra, y siguiendo el dictado e indicaciones del banco, manifestaban ser conscientes de la limitación a la baja del tipo de interés. De este modo, los bancos establecían en el acuerdo un tipo de interés más bajo y el cliente renunciaba a las cantidades que habían pagado de más y a iniciar acciones judiciales, así podían defender la transparencia del acuerdo, y la negociación con el cliente, y por lo tanto la falta de abusividad del mismo.

Ahora, la situación a cambiado nuevamente, y el Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia, de fecha 5 de Noviembre de 2020, (580/2020), en la que confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones al considerar que no hubo transparencia en la misma, e insiste en que cualquier cláusula recogida en esos acuerdos novatorios debe estar sometida al mismo examen de transparencia, "a fin de comprobar si el consumidor dispuso de la información pertinente para conocer las consecuencias jurídicas de la suscripción de la cláusula".

Sin duda, se trata de un paso más, que con bastante retraso, permitirá a los consumidores que firmaron los acuerdos novatorios con renuncia de acciones acudir a los Juzgados interesando la nulidad y por lo tanto, reclamando aquellas cantidades que abonaron de más en aplicación de la cláusula suelo de su hipoteca, aunque como ocurre siempre, habrá muchos que decidan no hacerlo, por temor a que les sean impuestas las costas, por lo que implica litigar en uno de los juzgados uniprovinciales creados de forma específica para conocer de estos procedimientos, por el tiempo que tarda en resolverse un procedimiento así, en definitiva, por enfrentarse a una justicia cada vez más lenta.

 


jueves, 29 de octubre de 2020

"¿Es posible anular las vacaciones que coincidieron con el confinamiento?"

 

Recientemente, el Juzgado de lo Social de Santander ha reconocido el derecho de una trabajadora, en este caso de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, a anular los días de vacaciones solicitados, al coincidir con el confinamiento general del Estado de Alarma, y sustituirlas por otro periodo vacacional.

En este sentido, la resolución recoge expresamente que si la trabajadora “no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese periodo con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener”.

La situación que se analiza, ocurrió en multitud de ocasiones durante el periodo en el que duró el primer Estado de Alarma derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid19. Durante esos meses, muchos trabajadores habían solicitado sus vacaciones en sus empresas, y llegado el momento vieron como tenían impedida la posibilidad de salir de casa para cualquier cosa que no fuera esencial o estuviera expresamente habilitado por el Real Decreto Legislativo publicado.

En este sentido, la resolución del Juzgado de lo Social entiende que “obviamente todo disfrute de vacaciones conlleva la posibilidad de que el trabajador pueda descansar de la prestación anual de servicios para un tercero, esto es, que pueda desplazarse, salir de su domicilio, tener su ocio particular, visitar familiares, hacer deporte, etc...", sin embargo, nada de esto era posible durante esos meses.

De igual modo, la resolución realiza una comparativa entre la situación derivada de la Covid19 con aquella que sufre un trabajador que estando de vacaciones cae en situación de incapacidad temporal, y así afirma que "cuando un trabajador cae en situación de incapacidad temporal antes o durante el disfrute de las vacaciones, conserva el derecho a disfrutar sus vacaciones en un período ulterior", por lo que "parece razonable y lógico que si se ve afectado por una causa de fuerza mayor que condicione de modo directo sus vacaciones, conserve su derecho a disfrutarlas".


jueves, 17 de septiembre de 2020

"Los Autónomos Societarios ya pueden acogerse a la Tarifa Plana"

La Tarifa Plana es una medida que se introdujo en el año 2013 para impulsar a aquellos nuevos autónomos en sus inicios, y que consiste en una reducción en el pago de la cuota mensual a la Seguridad Social. A través de esta bonificación, la cuota mensual se reduce a 60 Euros mensuales los 12 primeros meses, los 6 meses siguientes con una reducción del 50% de la base de cotización, y los otros 6 meses, con la reducción del 30%. El único requisito para poder ser beneficiario de esta bonificación consiste en no haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta.

Hasta el momento, la Tesorería General de la Seguridad Social entendía que la tarifa plana no podía aplicarse a los administradores de una sociedad mercantil. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha dictado distintas Sentencias, en fechas 3 de Diciembre de 2019, 27 de Febrero de 2020 y 4 de Marzo de 2020, sobre esta cuestión, provocando la modificación del criterio que venía utilizando la Seguridad Social respecto a los autónomos societarios.

Así, el Tribunal Supremo establece que no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto de Trabajadores Autónomos, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles, ya sean limitadas o anónimas.

Ante este escenario, la Tesorería General de la Seguridad Social se ve obligada a modificar su criterio y reconocer a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana.



¿Qué ocurre con los autónomos societarios que ya están dados de alta con anterioridad al cambio de criterio, y a los que se les denegó la Tarifa Plana?

Lógicamente, aquellos autónomos que interpusieron recurso de alzada contra la resolución que desestimaba su derecho, en el plazo legalmente establecido, y que se encuentran pendiente de resolución, verán resuelto su recurso de forma estimatoria.

Aquellos otros que agotaron la vía administrativa, y que vieron resuelto su recurso de alzada de forma desestimatoria, tendrán que solicitar expresamente la revisión para que el órgano competente se pronuncie. En este sentido, debemos tener en cuenta que la Ley General de la Seguridad Social establece un plazo de prescripción de 4 años para las reclamaciones de ingresos indebidos, por lo que los autónomos societarios que cumplían los requisitos al momento de darse de alta podrán reclamar el dinero que ingresaron a la Seguridad Social indebidamente, siempre que se dieran de alta después de Septiembre de 2016.

¿Qué tienen que hacer los autónomos societarios a partir de ahora para acogerse a la Tarifa Plana?

En realidad, aquellos nuevos autónomos societarios que se den de alta a partir de ahora verán reconocido de oficio el derecho a acogerse a la Tarifa Plana.

jueves, 10 de septiembre de 2020

¿Cómo se distribuyen los gastos generales de una Comunidad de Propietarios?


Los gastos comunes o generales de una Comunidad de Propietarios son aquellos gastos necesarios para el adecuado mantenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades, y que no son susceptibles de individualización. Así aparecen recogidos en el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, en el que además se establece como obligación del propietario contribuir a tales gastos con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido”.

 

Por lo tanto, el obligado al pago de los gastos comunes es el propietario, con independencia de que la vivienda o local se encuentre arrendado, y de que en el contrato suscrito entre las partes se repercutan tales gastos al arrendatario.

Sin que en absoluto sea una lista cerrada, entre estos gastos de mantenimiento, conservación y reparación destacan como más habituales los gastos de limpieza de la comunidad, consumo de agua, consumos de calefacción y luz de zonas comunes como portal, escaleras y portería, mantenimiento del ascensor, antena, jardinería y piscina, así como el mantenimiento de tuberías, tejados, caldera, y cualquier otro necesario para la conservación del edificio. 

Tal y como establece la norma, los gastos generales de la Comunidad de Propietarios serán asumidos por los propietarios en función a su cuota de participación, de conformidad con el artículo 3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, que señala que “a cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.”

La cuota de participación aparece recogida en el título constitutivo de la Comunidad, y se calcula en función a la superficie útil de cada inmueble, en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes, tal y como establece el artículo 5 de la ley antes mencionada. 

La cuota de participación no solo representa el valor proporcional de cada piso o local en relación con el total del inmueble en su totalidad y sirve para determinar en que cuantía cada propietario debe contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble y aquellas cargas que no son susceptibles de individualizarse, sino que la cuota de participación adquiere también relevancia a la hora de determinar la validez de los acuerdos aprobados por la Junta de Propietarios, ya que no solo será necesario la obtención de un número de votos sino que también es preciso que se alcance la mayoría de cuotas correspondientes.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal establece el criterio de la cuota de participación para el reparto de los gastos, los propietarios pueden modificar esta regla en los estatutos de la Comunidad, y decidir que el sistema de distribución de gastos sea por partes iguales, o incluso que algunos propietarios esten exentos de contribuir a determinados gastos al no hacer uso de esa parte del edificio. Sin embargo, cualquier modificación del criterio del reparto de gastos debe realizarse con el debido asesoramiento para evitar cláusulas demasiado genéricas que den lugar a futuros conflictos.

Lo cierto es que las exenciones de algunos propietarios, como por ejemplo los de los dueños de locales comerciales que cuentan con acceso desde la calle, suelen ser las cuestiones que mayores problemas provocan y que acaban llegando a los juzgados y tribunales.

En este sentido el Tribunal Supremo ha venido considerando que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, así lo reconoce la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de Mayo de 2013.

También se ha pronunciado sobre los supuestos en los que aunque no se recoge expresamente en los estatutos de la comunidad, algunos propietarios de locales comerciales con acceso independiente desde la calle dejan de pagar gastos de comunidad durante varios años. En estos casos, el Tribunal Supremo ha manifestado claramente que “el mero hecho de no uso o utilización de determinados elementos comunes o que el local tenga acceso independizado, no exime del deber de abonar los gastos conforme a la cuota participativa”, añadiendo en algunas resoluciones que “no se puede considerar que el silencio de la comunidad, que ha permitido que durante un tiempo los propietarios de los locales comerciales no hicieran frente a los gastos comunitarios en el modo fijado en los estatutos tenga la entidad necesaria para expresar un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir un derecho capaz de alterar el título o estatuto de la comunidad”

En este último sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de Febrero de 2013, en la que se afirma que el hecho de que no se haya pasado al cobro durante años los gastos comunes a determinados propietarios, no supone que se les deba excluir indefinidamente, ya que para ello sería necesario modificar el Título, es decir, que no puede pasarse al cobro los gastos anteriores, pero sí desde un momento determinado.

¿Cómo se debe modificar el sistema de reparto de gastos para que sea válido?

Si la Comunidad de Propietarios desea cambiar el sistema de reparto de gastos, es imprescindible que se convoque una Junta en la que se incluya ese asunto en el Orden del día. Además, no es una decisión baladí, sino que se trata de una decisión que implica una modificación de los Estatutos y por lo tanto requiere su aprobación por unanimidad de todos los propietarios. 

¿El acuerdo vincula a los futuros propietarios?

El acuerdo alcanzado por unanimidad que cambia el sistema de reparto de gastos sólo tendrá efectos para los propietarios futuros si el citado acuerdo se inscribe en el Registro de la Propiedad, ya que en caso de no hacerlo, solo vincula a quienes eran propietarios en el momento en que se adoptó el acuerdo.

 


sábado, 5 de septiembre de 2020

¿Cómo va a actuar la Fiscalía frente al absentismo escolar de los menores derivado del Covid19?


El inminente comienzo del curso escolar 2020/2021 está generando mucha preocupación, tanto en padres como en toda la comunidad educativa, y es que la situaciónde crisis sanitaria, la forma en que se va a gestionar la vuelta a las aulas, los protocolos que han de activarse cuando un menor tenga síntomas o fiebre, las opciones con las que se van a encontrar sus progenitores a nivel familiar y sobre todo laboral, son algunas de las cuestiones que generan mayor incertidumbre.

¿Qué va a ocurrir con el absentismo escolar? ¿Qué consecuencias tiene para los padres o tutores?

El absentismo escolar es la ausencia esporádica, frecuente o total no justificada de un menor al centro educativo, en edad escolar obligatoria, ya sea por voluntad propia, de los padres, tutores o responsables legales. 

Evidentemente, el absentismo tiene importantes efectos negativos sobre el rendimiento académico de los menores, y suele desembocar en un inevitable fracaso escolar o incluso en un abandono prematuro de la enseñanza.

El miedo al contagio del coronavirus puede llevar a algunos progenitoresa tomar la decisión de no enviar a sus hijos menores al centro escolar. Ante esta situación, la Fiscalía de menores ha recordado recientemente que la escolarización de los menores de entre 6 y 16 años es obligatoria, y el incumplimiento puede tener importantes consecuencias, tanto civiles como penales.

Entre los deberes que tienen los progenitores respecto de sus hijos, y que forman parte de la patria potestad de conformidad con el artículo 154 del Código Civil, se encuentra el de “educar y procurar una formación integral a sus hijos”.

En este sentido, el incumplimiento grave y reiterado de los deberes paternofiliales pueden dar lugar a considerar que el menor se encuentra en una situación de desamparo. El artículo 172.1.2º del Código Civil establece que “se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.

Igualmente, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, establece en su artículo 18 que se entenderá en situación de desamparo, cuando las circunstancias tengan la suficiente gravedad que supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor: g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

En estas situaciones, es la administración la realiza esta declaración de desamparo del menor, y desde ese momento la Comunidad Autónoma asume su tutela, quedando suspendida la patria potestad de los padres. Esta decisión se adopta a través de una resolución, que puede ser provisional cuando se advierten motivos de urgencia, o definitiva una vez completado el procedimiento. Esta situación se mantendrá hasta que el menor alcance la mayoría de edad, o hasta que las causas que motivaron el desamparo hayan desaparecido, permaneciendo en todo momento en un centro de protección de menores o en una familia de acogida, quedando limitadas y reguladas las relaciones que el menor va a tener con sus padres.

En cuanto a las consecuencias penales, si es cierto que solo se producirán en situaciones muy concretas y excepcionales, en las que podría entenderse que la conducta de los progenitores podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal, al dejar de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, que está castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, y que conlleva la inhabilitación de entre 4 y  10 años para ejercerla.

¿Qué criterio seguirá la Fiscalía ante el absentismo escolar por el COVID19?

El pasado 3 de Septiembre, el Fiscal de Sala de Menores ha emitido una nota en la que se afirma que la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado acaba de unificar criterios respecto a estas cuestiones, e indica que la actuación del Ministerio Fiscal se ha de llevar a cabo cuando exista la oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores, pero nunca con carácter preventivo.

La desatención voluntaria, injustificada y persistente de los menores acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

Una vez detectado un supuesto de absentismo continuado y no justificado, se remitirá el expediente administrativo a la Fiscalía, que procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuada respuesta a la situación de los alumnos y sus familias, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia derivada del COVID19.

Solo aquellos que carezcan de justificación clara para la exención del deber de asistencia presencial del alumno al centro, motivará que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra los padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad.

 

lunes, 6 de julio de 2020

"El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los días de asuntos propios ¿recuperables o no?"

Los días de asuntos propios o días de libre disposición son aquellos en los que el trabajador puede ausentarse de su trabajo, sin necesidad de tener una causa justificada, ya que están pensados para que el trabajador pueda resolver cuestiones personales.
Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores no regula este tipo de días, por lo que será el Convenio Colectivo que resulte de aplicación el que determinará si los trabajadores tienen derecho a estos días, si existe alguna limitación en cuanto a su uso, cuántos días podrá disfrutar el trabajador durante el año y si son retribuidos o no.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre si los días de asuntos propios han de ser recuperables o no, en su Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.019, al analizar el conflicto colectivo que afecta al personal laboral que presta sus servicios en centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y que dependen de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, por lo que les resulta de aplicación el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
En el supuesto analizado, los trabajadores tienen reconocidos 6 días de asuntos propios o libre disposición, en virtud de un acuerdo firmado en el año 2014, y en el que no se determina expresamente si posteriormente a su disfrute deben o no ser recuperables.
Así, el Alto Tribunal establece que atendiendo a la regulación del permiso y la jornada laboral en el convenio colectivo, y en el acuerdo que resulta de aplicación, teniendo en cuenta la práctica empresarial según la cual el permiso no era recuperable, y prevaleciendo la interpretación del tribunal de instancia, los días de asuntos propios ofrecidos por la empresa no deben ser posteriormente recuperados, computando como efectivamente trabajados. 
En este sentido, la resolución considera acreditado que “en el cálculo de la jornada laboral para el año 2017, no se han descontado los seis días de libre disposición” añadiendo a continuación que “La citada jornada laboral de 225 días, con 7,5 horas de prestación de servicios en cada uno de ellos, supone un total de 1.695 horas anuales, excedente de la jornada 1.650 horas anuales fijada en el Acuerdo suscrito en fecha 1 de diciembre de 2014 por el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid con los sindicatos CCOO, UGT y CSIT. En consecuencia, los seis días de permiso por asuntos particulares no son recuperables, so pena de exceder de la jornada pactada, sin que la sentencia de instancia haya vulnerado el derecho a la igualdad de trato y no discriminación del conjunto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid, al no haberse acreditado la existencia de un término de comparación homogéneo”
Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoce en citada sentencia que no se trata de una cuestión pacífica y que existen resoluciones judiciales favorables (STS 29/5/2007; 14/03/2011; 17/05/2011; 26/09/2011; 06/06/2017), y contrarias a dicha recuperación (STS 16/10/2012; 09/04/2014; 02/04/2016), en función a las circunstancias concretas de cada supuesto.


domingo, 3 de mayo de 2020

“¿En qué condiciones podrán entrenar los deportistas federados durante la Fase 0?”



Hoy se ha publicado la “Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado” por la que se introducen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada.

A partir de mañana, 4 de Mayo, los deportistas federados que no tengan la condición de “deportista profesional” podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia.

Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros.

¿Qué ocurre si la modalidad deportiva se realiza con animales? 

En ese caso, el deportista podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde se encuentres los animales, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.

Por el momento, no se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el entrenamiento.

A los efectos de poder acreditar que el deportista cumple con los requisitos establecidos, y por lo tanto  está federado, será suficiente con la licencia deportiva, o en su defecto, deberá ser la federación deportiva correspondiente quien emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos.