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lunes, 6 de julio de 2020

"El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los días de asuntos propios ¿recuperables o no?"

Los días de asuntos propios o días de libre disposición son aquellos en los que el trabajador puede ausentarse de su trabajo, sin necesidad de tener una causa justificada, ya que están pensados para que el trabajador pueda resolver cuestiones personales.
Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores no regula este tipo de días, por lo que será el Convenio Colectivo que resulte de aplicación el que determinará si los trabajadores tienen derecho a estos días, si existe alguna limitación en cuanto a su uso, cuántos días podrá disfrutar el trabajador durante el año y si son retribuidos o no.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre si los días de asuntos propios han de ser recuperables o no, en su Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.019, al analizar el conflicto colectivo que afecta al personal laboral que presta sus servicios en centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y que dependen de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, por lo que les resulta de aplicación el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
En el supuesto analizado, los trabajadores tienen reconocidos 6 días de asuntos propios o libre disposición, en virtud de un acuerdo firmado en el año 2014, y en el que no se determina expresamente si posteriormente a su disfrute deben o no ser recuperables.
Así, el Alto Tribunal establece que atendiendo a la regulación del permiso y la jornada laboral en el convenio colectivo, y en el acuerdo que resulta de aplicación, teniendo en cuenta la práctica empresarial según la cual el permiso no era recuperable, y prevaleciendo la interpretación del tribunal de instancia, los días de asuntos propios ofrecidos por la empresa no deben ser posteriormente recuperados, computando como efectivamente trabajados. 
En este sentido, la resolución considera acreditado que “en el cálculo de la jornada laboral para el año 2017, no se han descontado los seis días de libre disposición” añadiendo a continuación que “La citada jornada laboral de 225 días, con 7,5 horas de prestación de servicios en cada uno de ellos, supone un total de 1.695 horas anuales, excedente de la jornada 1.650 horas anuales fijada en el Acuerdo suscrito en fecha 1 de diciembre de 2014 por el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid con los sindicatos CCOO, UGT y CSIT. En consecuencia, los seis días de permiso por asuntos particulares no son recuperables, so pena de exceder de la jornada pactada, sin que la sentencia de instancia haya vulnerado el derecho a la igualdad de trato y no discriminación del conjunto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid, al no haberse acreditado la existencia de un término de comparación homogéneo”
Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoce en citada sentencia que no se trata de una cuestión pacífica y que existen resoluciones judiciales favorables (STS 29/5/2007; 14/03/2011; 17/05/2011; 26/09/2011; 06/06/2017), y contrarias a dicha recuperación (STS 16/10/2012; 09/04/2014; 02/04/2016), en función a las circunstancias concretas de cada supuesto.


domingo, 3 de mayo de 2020

“¿En qué condiciones podrán entrenar los deportistas federados durante la Fase 0?”



Hoy se ha publicado la “Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado” por la que se introducen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada.

A partir de mañana, 4 de Mayo, los deportistas federados que no tengan la condición de “deportista profesional” podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia.

Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros.

¿Qué ocurre si la modalidad deportiva se realiza con animales? 

En ese caso, el deportista podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde se encuentres los animales, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo.

Por el momento, no se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar durante el entrenamiento.

A los efectos de poder acreditar que el deportista cumple con los requisitos establecidos, y por lo tanto  está federado, será suficiente con la licencia deportiva, o en su defecto, deberá ser la federación deportiva correspondiente quien emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos requisitos. 


jueves, 16 de abril de 2020

¿Cuáles son las consecuencias de grabar y difundir vídeos de personas que se saltan el confinamiento?



Desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, todos hemos visto a  familiares, amigos o vecinos saltarse el confinamiento obligatorio o no ser todo lo diligentes o responsables al realizar las actividades que sí están permitidas. Las horas de confinamiento incluso han dado lugar a que ciudadanos se conviertan en policías desde sus ventanas, llegándose a hacer virales en redes sociales sus vídeos en los que aparecen ciudadanos haciendo deporte en la calle, saltándose reiteradamente el confinamiento, paseando, reunidos en un parque, en definitiva, haciendo de todo menos quedarse en casa, mientras que otros les increpan e insultan. 

La crisis sanitaria que atravesamos hace que todas las conductas de los ciudadanos que incumplen el confinamiento encuentren un reproche social que aumenta con el paso de los días. Sin embargo, ¿se puede grabar y difundir estos vídeos por redes sociales?

Es importante partir de la idea de que el Estado de Alarma limita nuestra libertad de movimiento, pero no supone una suspensión de los derechos que tenemos como personas, y por lo tanto, la grabación y difusión de esta clase de videos puede vulnerar dos derechos fundamentales, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen. 

En este sentido, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el artículo 18 de la Constitución Española que establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” podrían constituir la base legal suficiente para el inicio de acciones civiles, ya que la imagen de una persona, incluso la captación de su voz constituyen datos personales, y por lo tanto, están protegidos.

En primer lugar, si en la grabación se puede identificar a la persona que aparece en ella, y difundimos ese vídeo sin su consentimiento, el perjudicado podría acudir a la vía civil por una posible vulneración del derecho a la propia imagen y exigir una indemnización al autor del vídeo

Si por el contrario, no es posible identificar a la persona que aparece en el vídeo o su rostro está pixelado, la conducta no podrá ser sancionada en ningún caso, aunque la persona protagonista del mismo si se identifique.

¿Qué ocurre si se graba a alguien que parece saltarse el confinamiento pero en realidad tiene una causa justificada para desplazarse?

Salvo supuestos muy concretos en los que el margen de error es muy limitado, por ejemplo los runners o ciclistas, lo cierto es que no se puede afirmar con seguridad que una persona que sale de su casa no tiene una razón justificada para ello. 

En esos supuestos, si con el visionado del video podemos saber la identidad de la persona que aparece en él, además del derecho a la propia imagen podría conculcarse el derecho al honor, por lo que la indemnización solicitada por el perjudicado al autor podría ser mayor. 

En cualquier caso, para determinar la indemnización que le puede corresponder a la persona que aparece en el vídeo difundido se tendrá que tener en cuenta el daño que las imágenes han provocado, para lo que se valorará el alcance que han tenido en función a las redes sociales donde se han publicado, el número de seguidores que aquellas tienen, si se han convertido en virales, si han sido reproducidas por medios de comunicación, etc. Todas estas circunstancias van a ser tenidas en cuenta para el establecimiento de la indemnización. 

¿Y si se trata de un personaje público?

Cuando se trata de una persona pública la situación varía sustancialmente, entrando en conflicto el derecho a la información y el derecho a la intimidad, siempre que su actuación se desarrolle en un espacio público, por lo que habría que analizar el supuesto concreto para determinar si se conculca o no sus derechos.

Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos podrá sancionar a las personas que utilicen datos personales de otras (imagen, voz, etc) sin su consentimiento, al considerar que con su publicación se pudiera estar dando un tratamiento ilícito de esos datos, o que pudiera estar incumpliendo los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

Para ello, basta con que las personas afectadas ejerzan su derecho a reclamar ante la AEPD esas publicaciones indebidas, y solicitar que esos vídeos e imágenes sean eliminados.

En mi opinión, debemos ser responsables, y no grabar ni difundir vídeos en los que aparezcan terceras personas que puedan ser identificadas, cuando no contamos con su consentimiento para ello, ya que tales acciones pueden traer consecuencias.

jueves, 26 de marzo de 2020

¿Qué pasos tiene que dar un trabajador ante el ERTE de su empresa? ¿Y si es un despido ?



Como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, muchos autónomos y empresas se han visto obligados a realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que no es más que un procedimiento administrativo por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal.
Es importante partir de la idea de que el trabajador no pierde su puesto de trabajo como consecuencia del ERTE, sino que se produce una suspensión temporal del mismo, debiendo la empresa mantener al trabajador un mínimo de seis meses una vez finalice el estado de alarma.

El Real Decreto-Ley 8/2020, publicado el pasado 18 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recoge la posibilidad de que las empresas decidan la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias en la que nos encontramos, diferenciando dos tipos de ERTES, el que tiene lugar por  fuerza mayor (para aquellos comercios cuya actividad queda suspendida como consecuencia del estado de alarma) o por causas económicas, técnicas o de producción.

En ambos supuestos, los trabajadores que se vean afectados por el ERTE de su empresa tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Además, el tiempo que el trabajador perciba esta prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos, es decir, que si el trabajador al iniciar su prestación por desempleo tiene acumulado 12 meses, al finalizar esta situación y volver a reactivarse su contrato seguirá contando con 12 meses.

¿Qué pasos tiene que dar el trabajador para obtener esta prestación?

La empresa deberá comunicar a los trabajadores el inicio del procedimiento del ERTE  para la suspensión o reducción de su contrato, pero a partir de ese momento, el trabajador no tiene que hacer nada, ya que se encargará la propia empresa de gestionar la prestación con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una vez esté aprobado el ERTE, aportando los listados de los afectados con los correspondientes datos bancarios de cada uno, a fin de que se les pueda ingresar la prestación en sus cuentas. 

¿Cuánto va a cobrar el trabajador afectado?

El 70% de la base reguladora, teniendo en cuenta el promedio de los 180 días anteriores al ERTE, sin perjuicio de que la empresa decida aplicar una mejora y complemente ese tanto por ciento para que los trabajadores sigan percibiendo el mismo ingresos. 

¿Y si se produce un despido no vinculado a un ERTE?

En este caso, el trabajador deberá contactar con el SEPE mediante su página web, rellenando un formulario de pre-solicitud de prestación individual de prestación por desempleo durante las medidas del COVID19, y será un gestor del SEPE el que se ponga en contacto con ese trabajador a fin de tramitar su solicitud.

martes, 24 de marzo de 2020

"Se suspende el plazo que tienen los consumidores para devolver sus compras durante el Estado de Alarma"


Los consumidores, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuentan con un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento respecto a sus compras, es decir, para dejar sin efecto el contrato celebrado, sin necesidad de justificación ni penalización alguna, siempre que se trate de compras realizadas a distancia (teléfono, internet o catálogo), o cuando el artículo que han recibido tenga algún tipo de defecto o tara.

Por otro lado, cada vez son más los establecimientos que adoptan políticas comerciales a favor del consumidor y permiten al cliente la devolución o cambio del producto adquirido en el plazo por ellos establecido.

Sin embargo, la situación de crisis sanitaria que atravesamos y la declaración del estado de alarma nos impide desplazarnos para poder ejercer tales devoluciones o cambios, por lo que el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE el pasado 18 de marzo, establece en su artículo 21 la interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma, o sus posibles prórrogas

De este modo, el computo del plazo del que dispone el consumidor para la devolución de los productos adquiridos durante el estado de alarma o sus posibles prórrogas, se reanudará una vez se deje sin efecto éste, tanto si se trata de compras realizadas de forma presencial como las compras realizadas online, garantizando así el ejercicio del derecho por parte del consumidor.



sábado, 21 de marzo de 2020

¿Quién puede acogerse a la moratoria de deuda hipotecaria como consecuencia de la crisis del COVID-19?



Entre las medidas urgentes que se publicaron el pasado 18 de Marzo, en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se encuentra la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual.

Lo primero que debemos saber es que la medida se centra única y exclusivamente en el préstamo hipotecario que tengamos sobre nuestra vivienda habitual, dejando fuera cualquier otro tipo de deuda, y solo para aquellas personas que se encuentran en unas extraordinarias dificultades para atender al pago de la cuota como consecuencia del COVID-19, lo que el decreto ha definido como “supuestos de vulnerabilidad económica”.

¿Quién puede suspender la cuota de su hipoteca?

Como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entiende que están en una situación de especial vulnerabilidad económica aquellos deudores que se encuentran en situación de desempleo, o los empresarios o profesionales que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas.

También aquellas personas que los ingresos de los miembros de su unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), que para el año 2020 está fijado en 537,84 Euros, límite que se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años que sea miembro, y si la unidad familiar es monoparental el incremento será de 0,15 veces.

En los supuestos en los que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditativamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el limite previsto será de cuatro veces el IPREM, resultando de aplicación los incrementos establecidos por hijo a cargo anteriormente mencionados.

En el caso de que el deudor hipotecario sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, el límite será de cinco veces el IPREM.

De igual modo, podrán beneficiarse de esta moratoria aquellos deudores cuya cuota de hipoteca, más gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y también aquellas familias que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, produciéndose esto cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

¿Qué se considera unidad familiar?

Aquella compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan también en la vivienda.

¿Cómo afecta esta medida a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores?

El Decreto recoge expresamente que las medidas establecidas para el deudor hipotecario resultan también de aplicación a los fiadores y avalistas respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para aquel.

Por lo tanto, los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar la moratoria?

El deudor deberá presentar a la entidad acreedora

Documentación respecto a la situación personal y familiar:

a) Documento que acredite la situación de desempleo y la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio; b) el cese de actividad en caso de ser trabajador por cuenta propia; c) certificados de empadronamiento histórico para acreditar el número de personas que habitan en la vivienda y el libro de familia, y en su caso declaración de discapacidad, de dependencia, incapacidad permanente para realizar actividad laboral.

Documentación respecto a los bienes:


a) Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar; b) la escritura de compraventa de la vivienda y la de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

Y además una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley.

¿Qué efectos tiene la moratoria en el pago de la hipoteca?

Una vez realizada la solicitud a la entidad financiera, ésta procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días, lo que conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma, y que a día de hoy se desconoce.

Por tanto, durante este periodo de moratoria no podrá exigirse el pago de la cuota de la hipoteca, ni de ninguno de los conceptos que la integran, ni total y parcialmente, así como tampoco devengará interés alguno, ni siguiera intereses moratorios.

lunes, 2 de marzo de 2020

¿Es necesario el consentimiento de ambos progenitores para publicar fotos de los hijos comunes en redes sociales?


La difusión de la imagen de los hijos menores de edad en redes sociales se ha convertido en un foco de conflicto entre aquellos progenitores que se encuentran separados o divorciados, dando lugar al inicio de procedimientos judiciales cuando las partes no logran alcanzar un acuerdo. 

¿Es necesario el consentimiento de ambos?

Recientemente conocíamos una Sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, de fecha 13 de Enero de 2020, en la que se entra a conocer sobre esta cuestión, al interesarse por parte de la progenitora “que se prohíba la utilización de la imagen de la menor sin el previo consentimiento de ambos progenitores”, aportando capturas de la imagen de la menor, que en ese momento no alcanzaba los cinco años de edad, en una red social del otro progenitor sin que constase si la difusión era o no general y pública. 

En este sentido, la Audiencia Provincial recuerda lo ya manifestado por el Tribunal Supremo, en relación con la imagen de los menores, en su Sentencia de fecha 30 de junio de 2015, estableciendo que “la imagen, como el honor y la intimidad, constituyen hoy un derecho fundamental de la persona consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución, que pertenece a los derechos de la personalidad, con todas las características de estos derechos y que se concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y difusión, con independencia de cuál se ala finalidad de esta difusión y que en el caso de los menores tiene como presupuesto el hecho de que siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico. Es, en definitiva, la propia norma la que objetiva el interés del menor y la que determina la consecuencia de su desatención”.

Por lo tanto, y puesto que ambos progenitores ostentan la patria potestad de la menor de edad, deberán ser ambos padres quienes consientan la utilización de la imagen de la menor, y en su defecto por existir controversia, el progenitor interesado deberá acudir al Juzgado para obtener la oportuna autorización.

¿Cómo tiene que otorgarse el consentimiento de un progenitor al otro?

En este sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece que en el caso de los menores habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.

Por lo tanto, en el supuesto analizado la Audiencia Provincial de Cantabria estima la petición de la progenitora en cuanto a la difusión pública de la imagen de la hija menor de edad, que deberá ser autorizada por ambos padres titulares de la patria potestad.

¿Qué hacer si uno de los progenitores pública la imagen del menor sin el consentimiento del otro?

El progenitor que no haya prestado su consentimiento para que la imagen de su hijo menor de edad sea publicada en una red social podrá iniciar un procedimiento judicial para solicitar al Juzgado que las fotografías sean retiradas de internet por el otro progenitor.

En cualquier caso, tanto si es para solicitar la publicación de la imagen del menor como si es para solicitar la retirada de imágenes, el Juzgado analizará las circunstancias concretas y tendrá en cuenta el interés superior del menor, si se está sobreexponiendo al menor indebidamente, y el alcance de las publicaciones realizadas, analizando el público que tiene acceso a las fotografías, si son sólo familiares o se trata de un perfil abierto, etc.