Pagina Principal

miércoles, 14 de noviembre de 2018

¿Puede un trabajador en situación de baja participar en carreras o eventos deportivos? ¿Sería procedente su despido?



¿Conocéis a alguien que haya participado en una carrera, trail o evento deportivo estando de baja laboral?. Seguro que sí. Hoy analizamos si esta actuación puede dar lugar a un despido procedente por parte del empresario y algunos pronunciamientos judiciales al respecto.

Y es que suele ser habitual que cuando un empresario se entera de que uno de sus trabajadores, que se encuentra de baja médica, participa en una o varias carreras deportivas consulte si puede castigarse de algún modo tal conducta, o incluso si puede prescindir de él a través de un despido disciplinario. Evidentemente, la respuesta no es un “sí” o “no”, ya que hay que analizar cada supuesto y determinar si la causa por la que se encuentra de baja y que le impide desarrollar su trabajo se ve agravada por su actuación, atendiendo siempre a la pauta y recomendación médica recibida para su curación.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su Sentencia de fecha 10 de Febrero de 2006, determinó procedente el despido de un trabajador que se encontraba de baja por una lesión en una muñeca causada realizando surf, al acreditarse que se había desplazado hasta en cinco ocasiones a distintas localidades de la costa para llevar a cabo su actividad deportiva, cargando él mismo con el material en su vehículo.

Así, consideró el Tribunal que era obvio que si el trabajador estaba en condiciones de realizar esas actividades, también lo estaba para desarrollar las tareas propias de su puesto como dependiente, que no requería un especial esfuerzo físico, incurriendo por tanto en un grave quebrantamiento de la buena fe contractual, que dio lugar a su despido.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analizó en su Sentencia, de fecha 1 de Abril de 2008, si resultaba procedente el despido de un trabajador que, estando en situación de incapacidad temporal por una lumbalgia, participó en una carrera de 14 horas y en una marcha de montaña, considerando la empresa que citada participación había perjudicado su recuperación y que si podía incluso resultar ganador de una de ellas, también podía desarrollar su puesto de encargado, para el que se necesitaba menos exigencia física.

En este sentido, el TSJ determinó que la actuación del trabajador al que habían recomendado caminar de forma progresiva con mayor intensidad a medida que los síntomas mejorasen, constituye una transgresión de la buena fe contractual y un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones para con su empleador, sin que la antigüedad alcanzada por el trabajador en la empresa sea excusa de la falta cometida.

Así, el Tribunal basó su decisión atendiendo a los criterios que la jurisprudencia ha establecido para determinar si efectivamente ha existido por parte del trabajador un incumplimiento grave de sus obligaciones: 1ª) La adecuación o incompatibilidad de la práctica deportiva con la concreta dolencia padecida. 2ª) Las exigencias físicas de la actividad laboral y deportiva, pues si las de ésta última son mayores y el trabajador mantiene que su realización no comprometió su salud, a la misma conclusión habrá que llegar en orden a la posibilidad de desarrollar su quehacer habitual. 3ª).- La duración de la práctica deportiva. 4ª) Su carácter competitivo, por el mayor esfuerzo y tensión que supone. 5ª) La notoriedad de los hechos y el nivel profesional del trabajador, por el escándalo, a nivel de empresa, que ha de producir que un empleado de especial significación utilice el período de incapacidad temporal para dedicarse a la práctica del deporte competitivo. 6ª) La reiteración de la conducta.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado en distintas ocasiones que si el trabajdor está impedido para consumar la prestación laboral a la que viene obligado contractualmente, tiene vedado cualquier tipo de quehacer, sea en interés propio o ajeno, máxime cuando su forzosa inactividad le es compensada económicamente por la Seguridad Social, y en su caso, por la empresa, a las que perjudica, incurriendo en la causa de transgresión de la buena fe en el desarrollo del contrato, constitutiva del incumplimiento grave y culpable que justifica su extinción, por decisión del empresario mediante despido. (STS 10 de Mayo de 1983, 28 de Mayo de 1985, 19 de Diciembre de 1990 y 13 de Febrero de 1991).


Sin embargo, y a la luz de los mismos criterios tenidos en cuenta, el TSJ del País Vasco se pronunció de forma contraria, en su Sentencia de fecha 20 de Junio de 2017, en un supuesto aparentemente similar al anterior. ¿Qué diferencia ambos casos?.

En este supuesto, el trabajador que se encontraba de baja por un esguince y que le habían recomendado llevar una vida normal dentro de las circunstancias del caso, participó en una prueba de 6 km, en la que consta acreditado que realizó un calentamiento previo y en la que tras un kilómetro y medio manifestó a sus compañeros que se descolgaba de ellos por dolores, siendo un evento popular y gratuito.

A pesar de que en primera instancia se consideró procedente el despido, el TSJ del País Vasco determina la improcedencia del mismo, ya que en este supuesto la patología del trabajador le impedía realizar su trabajo, a diferencia de lo que ocurría en la situación del 2008, al tener que permanecer de pie. Y además, se entendía como hecho probado que el trabajador tras 14 días de baja había mejorado aunque tenía dolor si forzaba el tobillo, pero al que se recomendó intentar hacer vida normal, sin que su actuación agravarse su lesión, ya que tras la misma continuó mejorando en las distintas visitas médicas.

El Tribunal valoró la actuación del trabajador como un intento por probarse tras la lesión y volver a la rutina, no siendo del todo consciente del riesgo que asumía al participar en la prueba. Además, determinó que la falta muy grave recogida en el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia no encaja en este supuesto al no poderse apreciar un intento por alargar su baja, por lo que el despido fue declarado improcedente.

Recientemente conocíamos la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en la que se declaraba la improcedencia del despido disciplinario de un trabajador al que despidieron tras participar en una carrera de bicicleta de montaña, estando de baja por una rotura de menisco y ligamento. La empresa consideró su actuación como una deslealtad y un abuso de confianza, incluso lo calificó de fraude y simulación de enfermedad al considerar su actividad como incompatible con su lesión y su recuperación.

Sin embargo, el Tribunal consideró probado que tras la intervención quirúrgica realizada al trabajador y la rehabilitación pautada, le fue recomendado la realización de ejercicio de bicicleta, así como la progresiva intensidad en la misma, informando en cada consulta médica de la actividad física que realizaba y su participación en pruebas, así como el uso diario de la bicicleta como se le había indicado. Por todo ello, la empresa no pudo probar la causa alegada para el despido, al no resultar incompatible su situación y su actividad con las recomendaciones médicas realizadas para la tonificación y mejora funcional del trabajador.  

Por tanto, en cada supuesto concreto debe analizarse si el despido como sanción al trabajador resulta una consecuencia proporcional teniendo en cuenta la infracción, aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades del caso concreto. Y es que no toda actividad deportiva realizada por un trabajador en situación de baja médica puede ser incompatible con su recuperación o tiene como finalidad una agravación o alargamiento del proceso de baja, aunque ello no impide que pueda ser censurable al ser contrario a la buena fe contractual y por tanto, susceptible de un castigo por parte del empresario, que puede consistir en una suspensión de empleo y sueldo, pero no un despido.

sábado, 6 de octubre de 2018

¿Quién puede reclamar el IRPF de la prestación por maternidad tras la Sentencia del Tribunal Supremo?



Ayer conocíamos la decisión del Tribunal Supremo respecto a la prestación de maternidad, objeto de diferentes decisiones judiciales en lus últimos años en cuanto a su tributación o no en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La Sentencia del Tribunal Supremo es clara, y en ella se afirma que las prestaciones por maternidad no deben tributar por IRPF al encontrarse exentas, contradiciendo así el criterio fijado por la Agencia Tributaria hasta el momento, que mantenía que se trataba de un rendimiento del trabajo y por lo tanto, debía incluirse como tal en la declaración de la renta.


La decisión del Alto Tribunal sienta jurisprudencia y abre el camino a quienes han tributado por esta prestación en los últimos 4 años. Por tanto podrán reclamar su devolución aquellas madres o padres, si se ha compartido la baja, que hayan recibido prestaciones desde el año 2.014, ya que los derechos y obligaciones tributarias prescriben a los 4 años. Aquellos contribuyentes que tributaron por la prestación recibida en la declaración de la renta en el año 2015 tendrán hasta 2.019, y así sucesivamente.  


En principio, y salvo que se establezca por la Administración algún mecanismo específico para ello, el modo de recuperar estas cantidades será mediante una rectificación en la autoliquidación presentada en su día, solicitando la devolución por ingreso indebido. En función al ejercicio que sea necesario rectificar, se podrá realizar a través de la web de la Agencia Tributaria (años 2016-2017) o mediante escrito dirigido a la AEAT (años 2014-2015). 

Es importante aclarar que esta decisión no se aplicará de forma absoluta, y por lo tanto hay supuestos en los que no se procederá a la devolución de estas cantidades, siendo preciso examinar cada supuesto concreto y determinar si concurren los requisitos, ya que por ejemplo aquellas personas que han sufrido una comprobación en su renta, y ha sido modificada y aceptada por su parte, resultando firme, no podrán acogerse a este cambio. De igual modo, tampoco podrán hacerlo quienes reclamaron su devolución en su día y obtuvieron una resolución o sentencia denegatoria firme. 


Parece que en esta ocasión, la Agencia Tributaria va a aceptar el criterio establecido por el Tribunal Supremo y accederá a las reclamaciones de los contribuyentes devolviendo las cantidades que correspondan sin necesidad de que sea necesario llegar a la vía judicial, aunque será mejor esperar para comprobar si efectivamente es así. 





martes, 2 de octubre de 2018

"¿Cómo consigo que un asunto forme parte del orden del día de la Junta de la Comunidad de Propietarios?



Me siguen llegando dudas sobre Comunidades de Propietarios, así que tal y como me comprometí, intentaré ir desgranando las distintas situaciones que planteáis, y acercando las pautas u opciones que tienen los comuneros ante las mismas. En esta ocasión analizaremos como consigue un propietario que un determinado asunto pase a formar parte del orden del día de la Junta.

En este sentido, la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal establece en su artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que “Cualquier propietario podrá pedir que la junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá un escrito en el que especifique claramente qué asuntos pide que sean tratados al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente junta que se celebre”

Por lo tanto, cada propietario está legitimado para solicitar al Presidente de la Comunidad que incluya en la próxima Junta Ordinaria los temas que considera de interés para que sean discutidos por la Comunidad. Esta solicitud debe hacerse necesariamente por escrito y ha de estar dirigida al Presidente, haciendo constar de forma detallada el asunto y los aspectos sobre los que desea que exista una votación, siendo imprescindible que quede constancia de que lo ha recibido y del contenido de la petición, por lo que la mejor forma de realizarlo es mediante burfoax, salvo que el Presidente acceda a firmar una copia del documento que se le presenta.

¿Qué ocurre si el asunto no forma parte del orden del día a pesar de haberse realizado correctamente la petición?

Nuestros tribunales han entendido que si no se incluye en el orden del día el tema solicitado formalmente, el acuerdo llevado a cabo por la Junta resultaría nulo.

Sin embargo, como ocurre en muchos otras ocasiones, la jurisprudencia no es unánime, y encontramos también Sentencias que consideran que el propietario debe hacerlo constar en el apartado de ruegos y preguntas, a fin de conocer la razón de la ausencia de ese asunto en la reunión, y reiterar su petición nuevamente. En caso de que no se incluya su asunto por segunda vez, entonces si daría lugar a la nulidad de la Junta de Propietarios.    

¿Qué ocurre si la Junta de Propietarios ya está convocada cuando se realiza la petición por parte de uno de los propietarios?

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió una cuestión similar el pasado año, e interpretó que la Junta a la que se refiere el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal es la que se encuentra pendiente de convocar tras la petición del comunero, y no la que en ese momento está convocada y no celebrada, desestimando la demanda interpuesta por el propietario que había realizado su petición al presidente a tan solo seis día de que se celebrase la Junta de Propietarios.

¿Es posible proponer la votación de un tema en el apartado de ruegos y preguntas si no forma parte del “Orden del dia”?

Es perfectamente posible plantear el asunto en ese momento y que la Junta de Propietarios discuta y vote sobre el mismo. Sin embargo, las consecuencias de hacerlo de un modo u otro no son las mismas, ya que no hay que olvidar que el “Orden del día” permite a los comuneros conocer cuales son los asuntos a tratar, decidiendo en su caso si asisten o no.

Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia, de fecha 12 de Enero de 2.012, afirmó que “se reitera como doctrina jurisprudencial que la convocatoria para la celebración de Juntas de Propietarios exige, por la validez de los acuerdos que se adopten, que se fije en el orden del día de los asuntos a tratar, para que puedan llegar a conocimiento de los copropietarios”.

Por lo tanto, a diferencia de los temas que se incluyen en el orden del día y son votados en la reunión, aquellos sobre los que se vota en el apartado de ruegos y preguntas, a pesar de ser acuerdos válidos y ejecutables, pueden ser impugnados por cualquier propietario ausente en el plazo legalmente establecido, con mucha probabilidad de éxito.

¿Cuántas veces puede un propietario pedir la inclusión de un tema en el orden del día de la Junta?

Es perfectamente posible reiterar la petición tantas veces como el comunero quiera, ya que la negativa por parte de la Comunidad de Propietarios no vincula para las decisiones futuras, y puede que en próximas Juntas concurran otros propietarios que en ésta estaban ausentes, o que alguno de ellos cambie el sentido de su voto.

jueves, 27 de septiembre de 2018


Hoy me comunicaban desde el Consejo General de la Abogacía Española que he resultado ganadora entre todas las cartas al director enviadas a la revista "Abogacía Española", y me hace especial ilusión no solo por el premio sino porque en ella trato de reivindicar la labor que los abogados del Turno de Oficio realizamos a diario, y la importancia en nuestro sistema del derecho a la Justicia Gratuita, siendo fundamental acercar todo ello a los ciudadanos.
¡Gracias!
Os la dejo aunque muchas de las cosas me las habeis oido ya y creo que me las seguireis oyendo.
#DeOficioAbogada #TurnoDigno #DignidadTO #RetribucionesJustas #JusticiaGratuita



miércoles, 12 de septiembre de 2018

¿Qué hacer si el Presidente de mi Comunidad de Propietarios lleva años sin convocar una Junta?




Recientemente me llegaba a través del facebook de Mirada de Letrada una consulta sobre esta cuestión al tratar el plazo de prescripción de la acción para reclamar las cuotas de la Comunidad de Propietarios, y prometí resolver sus dudas en un post, así que ¡allá vamos!


La Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, recoge en su artículo 16.1 la obligación de la Comunidad de celebrar una Junta al menos una vez al año, y así dice expresamente “La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas” .

Con carácter general, la convocatoria de la junta de propietarios es competencia del Presidente de la Comunidad, por lo que cuando éste se muestra pasivo en este sentido, y no quiere convocar a los propietarios a una Junta, es evidente que está realizando una dejación en sus funciones, y es por ello que la propia ley añade la posibilidad de que la junta sea convocada por los propios vecinos, para lo cual será necesario la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación”.

Cuando son los vecinos los que se ven obligados a tomar la iniciativa, es importante que requieran al Presidente o al Administrador de la Comunidad para que les faciliten los domicilios del resto de propietario y poder proceder a la notificación de la Junta de forma válida. Igualmente, es preciso conseguir el listado de aquellos propietarios que no se encuentran al corriente en los pagos a la comunidad, a fin de evitar que puedan votar en la Junta, asegurándose así que una vez celebrada no pueda declararse su nulidad.

En este sentido, es importante precisar que la cesión de estos datos por parte del Presidente o el Administrador de la Comunidad a los propietarios convocantes no supone ningún tipo de infracción para la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que los mismos sean utilizados para llevar a cabo actuaciones recogidas dentro de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por lo tanto, el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge expresamente que “la convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión…”.¿Necesitan los convocantes el permiso previo del Presidente de la Comunidad?.

En mi opinión, no es necesario ningún tipo de autorización previa por parte del Presidente, ni la solicitud expresa de que convoque una Junta y en caso de no hacerlo, estar habilitados para ello. Sin embargo, he de reconocer que existen sentencias en ambos sentidos, a la hora de interpretar la expresión “en su defecto”, dando lugar a resoluciones que consideran imprescindible realizar la petición al Presidente, ya que de no hacerlo la Junta podría ser declarada nula, entendiendo que los convocantes no tienen una legitimación directa sino subsidiaria, y encontrando otras sentencias que reconocen la facultad de los propietarios para realizar la convocatoria directamente.

En cualquier caso, y para evitar posibles nulidades futuras no cuesta nada requerir previa y fehacientemente al Presidente para que proceda a la convocatoria de la correspondiente Junta de Propietarios, y en caso de continuar con su pasividad, actuar los propietarios con los porcentajes legalmente establecidos.

Finalmente, y ante una situación así, es fundamental que en el orden del día de la reunión convocada por los vecinos aparezca la renovación de cargos, para poder poner fin al mandato del presidente y desbloquear la situación.