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martes, 12 de diciembre de 2017

"¿Es posible desahuciar a un coheredero?. La viabilidad del desahucio por precario"




¿Qué ocurre cuando uno de los herederos usa unilateralmente un bien de la herencia sin el consentimiento del resto?. Es habitual que el hijo que convive con sus padres en el domicilio de éstos, continúe residiendo en la vivienda a su fallecimiento, a pesar de que en el testamento de los causantes no se establezca ningún legado a su favor.

Debemos situarnos ante una herencia que aún no está repartida, ni siquiera aceptada por los herederos, por lo que los bienes que forman parte de la misma siguen estando a nombre de los causantes, es decir, estamos ante una “comunidad hereditaria”.

Ante esta situación, algunas Audiencias Provinciales entendían que el coheredero que utilizaba los bienes en exclusividad, sin pagar renta alguna tenía un derecho o título para hacerlo, considerando que si el resto de coherederos querían poner fin a esa situación tenían que acudir al juzgado e iniciar un procedimiento de división judicial de herencia, negando así la posibilidad de acudir a la vía del desahucio por precario.

Es importante recordar que el desahucio por precario tiene lugar cuando una persona hace uso de un bien sin pagar renta alguna, por la mera permisivilidad o tolerancia del propietario, y éste quiere poner fin a ese uso y disfrute y recuperar la posesión de la finca.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reconocido de forma reiterada que es perfectamente viable y procedente la acción de desahucio por precario frente a un coheredero siempre que la herencia permanezca indivisa. Así lo recoge en su Sentencia, de fecha 28 de Febrero de 2.013, en la que afirma que “esta sala del Tribunal Supremo tiene declarado que hasta que no se efectúe la partición por cualquiera de los medios admitidos en Derecho no adquieren los herederos la propiedad exclusiva de cualquier bien hereditario”. ( SSTS de 3 de junio de 2004 y 17 de diciembre de 2007 ), añadiendo que “en el caso que se examina, el demandado está usando la finca objeto del desahucio de manera excluyente, frente al resto de los coherederos; la finca forma parte de una herencia no dividida, y la demanda pretende recuperar la finca objeto de desahucio para la comunidad hereditaria, motivo por el que concurren los presupuestos fijados por esta Sala, que permiten declarar el desahucio”.

Por su parte, el Alto Tribunal afirma en su Sentencia, de fecha 14 de Febrero de 2.014, que “estando pendiente el estado de indivisión hereditaria que precede a la partición y teniendo ésta el carácter de operación complementaria que resulta indispensable para obtener el reconocimiento de la propiedad sobre bienes determinados de la herencia, no cabe admitir un uso exclusivo de un bien hereditario en favor de un determinado o particular coheredero. Es decir, la jurisprudencia admite la viabilidad de la acción de precario entre coherederos, frente al coheredero, y en favor de la comunidad hereditaria.”

¿Qué ocurre cuando ya se ha realizado la aceptación y adjudicación de la herencia y uno de los herederos usa un bien en exclusiva?

En este supuesto, el uso se realiza como copropietario, y por lo tanto, el resto de copropietarios deberán iniciar un procedimiento de división de cosa común para poner fin a la copropiedad. Un procedimiento costoso que permitirá a cualquier propietario hacerse con el cien por cien de la propiedad compensando al resto en su participación, o en su defecto, finalizará con una subasta pública del bien.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

"El derecho del consumidor a la información en el etiquetado de los productos que consume"



Cada día los consumidores son más exigentes con los productos alimenticios debido a la existencia de una mayor oferta y a un aumento en el grado de información sobre ellos, aunque en mi opinión también han influido las voces y estudios que aseguran que la aparición de determinadas enfermedades están vinculadas o se ven agravadas por la alimentación de quien las padece. Todo ello ha ayudado a que los consumidores tengan una mayor preocupación por el origen y tratamiento de los productos que entran en su cesta de la compra.

La información en la etiqueta de los productos es uno de los derechos más importantes de los consumidores, al ser el único medio a su disposición para conocer la naturaleza y características de aquello que adquieren y consumen.

Cuando nos referimos a “etiquetado” se está haciendo alusión a aquellas menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con el producto alimenticio que figuran en el envase o etiqueta de cualquier índole que acompañe al producto.

Con la intención de armonizar las distintas legislaciones existentes en los estados miembros de la Unión Europea sobre esta materia, se creó el Reglamento Nº 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor, que entró en vigor en Diciembre de 2.011. De esta forma se recoge en un único texto las reglas de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios con el objetivo de salvaguardar la protección de la salud de los consumidores y garantizar la libre circulación de productos por toda la Unión Europea.

A pesar de que su entrada en vigor fue en 2011, la aplicación de este Reglamento para los estados no tuvo lugar hasta diciembre de 2.014, para el etiquetado en general, y diciembre de 2.016, respecto a la información y etiquetado nutricional.

El Reglamento europeo introdujo importantes novedades en la materia, estableciendo reglas muy concretas sobre el etiquetado, desde la necesidad de que apareciera de forma destacada la presencia de productos o sustancias que pudieran causar alergias o intolerancias, hasta la obligación de recoger el origen específico vegetal y la proporción de los aceites y grasas saturadas de origen vegetal, así como la necesidad de incluir una información nutricional de forma obligatoria en la que se refleje el valor energético, o la obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con información sobre los productos que venden a granel.

Quizás una de las novedades más importantes fueron las reglas sobre legibilidad. ¿Qué se considera legible?

Para que la información al consumidor sea considerada legible a la luz del Reglamento 1169/2011 es necesario que sea fácilmente visible en el producto, y además sea precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor, así como imborrable. Además no ha de taparse con otra información o imagen que pueda inducir a error al consumidor, llegando incluso a establecer que esa legibilidad viene determinada por “el tamaño de la fuente, el espacio entre letras y líneas, el grosor del trazo, el color de la impresión, el tipo de letra y la altura de las letras, la superficie del material y el contraste entre el texto y el fondo”.

Además, el Reglamento establece que esta información debe recogerse en el idioma o lengua que puedan comprender los consumidores del Estado donde se comercialice el producto, obligación ésta que ya se preveía en la normativa española anterior al reglamento.

¿Qué información debe facilitarse de forma obligatoria al consumidor respecto a un alimento? a) la denominación del alimento; b) la lista de ingredientes; c) las sustancias o productos que causen alergias o intolerancias; d) las cantidades de los ingredientes; e) la cantidad neta; f) la fecha de duración mínima o caducidad; g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización; h) el país de origen o lugar de procedencia; i) la información nutricional; etc.

¿Todos los alimentos han de incluir esta información?

El Reglamento recoge expresamente en su Anexo V una serie de productos que estarían exentos de incluir en su etiquetado la información nutricional, entre los que destaca el agua destinada a consumo humano, las plantas aromáticas, especias o mezcla de ellas, la sal o sucedáneos, los edulcorantes de mesa, los extractos de café, las infusiones de hierbas, los vinagres fermentados o sucedáneos, ...

¿Qué ocurre si el producto incluye más información que la establecida como obligatoria?

Sin duda lo deseable es que el consumidor cuente con toda la información posible sobre el alimento que adquiere, sin embargo el hecho de que haya más información no puede mermar en ningún caso el espacio de aquella información alimentaria de carácter obligatorio.

A pesar del avance que esta materia ha tenido en los últimos años, lo cierto es que a día de hoy se abusa de términos que confunden y engañan a los consumidores. La mayor parte de los productos en los que aparecen expresiones como “casero” “tradicional””natural””artesano”, en realidad están lejos de serlo ya que poseen conservantes, espesante, aromas y otros ingredientes de elaboración industrial.

Precisamente por la existencia de esta confusión, se hace necesaria una mayor regulación respecto a la publicidad y presentación de los productos, que eviten este tipo de terminología que intenta hacer más atractivo el producto pero que está lejos de la información real del mismo, vulnerando el derecho de los consumidores a la información de lo que consumen.

martes, 7 de noviembre de 2017

¿Es lo mismo calumniar que injuriar?


A pesar de ser dos conceptos que habitualmente se utilizan de manera indistinta, lo cierto es que desde un punto de vista jurídico son absolutamente diferentes, aunque ambos se encuentran tipificados dentro de los delitos contra el honor.

Cuando hablamos de “calumniar”, nos referimos al acto por el que se atribuye a otra persona la comisión de un delito, a sabiendas de que no es verdad. Sin embargo cuando nos referimos a “injuriar” estamos haciendo alusión a expresiones sobre hechos falsos que menoscaban la dignidad de la persona y su fama, atentando contra su reputación.

Nuestro Código Penal recoge en su artículo 205 que “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”

Por lo tanto, es imprescindible para que pueda concurrir este delito que el sujeto conozca que la imputación que está realizando es falsa, y aun así se la atribuya a esa persona. El tipo penal prevé para este delito si se propagara con publicidad, la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, y con multa de seis a doce meses, en el resto de los casos.

Por su parte, el artículo 208 del Código penal establece que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, llevado aparejada una pena de multa de seis a catorce meses cuando se trata de injurias graves, y en otro caso, la multa de tres a siete meses.

En ambos delitos, ha de ser la persona afectada y perjudicada la que inicie las acciones oportunas para su persecución, al no poder la policía o autoridad judicial actuar de oficio, al tratarse de delitos privados.

Y si las injurias y calumnias se realizan en una televisión o revista, ¿estos medios de comunicación tienen responsabilidades?

Cuando la injuria y/o calumnia se realiza a través de un medio de comunicación, ya sea por medio de imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, entonces se está realizando con “publicidad”, y en ese caso, el artículo 212 del mismo texto legal recoge expresamente que estos medios a través de los que se propaga la calumnia o injuria responden solidariamente.




lunes, 30 de octubre de 2017

"El Tribunal Supremo reconoce que el acuerdo con el banco no impide declarar nulas clausulas abusivas"


Recientemente conocíamos la Sentencia dictada por nuestro Tribunal Supremo, de fecha 16 de Octubre, en la que un consumidor reclamaba la declaración de nulidad de su cláusula suelo contenida en su hipoteca, aunque había firmado con su banco un acuerdo para reducir las condiciones de esa cláusula.


A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona desestimó en primera instancia la pretensión de los consumidores, al considerar que “al haber negociado un nuevo suelo, habían saneado el vicio inicial, haciendo válida la cláusula en litigio”, y de no obtener respuesta satisfactoria por parte de la Audiencia Provincial de Navarra, finalmente el Tribunal Supremo resuelve a su favor en una importante Sentencia en materia de cláusula suelo.


El Alto Tribunal reconoce que la falta de transparencia de la cláusula suelo determina su nulidad absoluta por tener carácter abusivo, no siendo posible su convalidación posterior, y reiterando que la nulidad de una cláusula suelo abusiva es una nulidad radical y de pleno derecho.


Para el Tribunal Supremo, la firma de un nuevo acuerdo entre los afectados y el banco “no constituye un acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria”. Y lo que es más importante, en ningún caso impide a los consumidores posteriormente solicitar la declaración de nulidad de la cláusula, y la restitución de lo percibido por el banco de forma indebida como consecuencia de su aplicación.


Además, reconoce en su resolución que existen ya pronunciamientos, tanto por su parte como por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al respecto, y deja absolutamente claro que la acción de nulidad de una cláusula suelo por abusiva no prescribe ni caduca.


domingo, 29 de octubre de 2017

¿Qué son las tasas públicas y cuándo se pagan?




Hace unos días me preguntaban a través de facebook sobre el pago de una tasa pública por un servicio prestado por los bomberos en una propiedad privada, concretamente por la retirada de una serpiente de un jardín particular. Pero para poder entender mejor el funcionamiento de las tasas públicas, es imprescindible partir de su concepto.

Debemos entender por “tasa pública” aquel tributo que el ciudadano paga al utilizar un bien o servicio público para uso privado, o bien cuando la administración presta un servicio o se realicen actividades administrativas que afecten o beneficien de manera particular al sujeto pasivo. Las tasas son obligatorias y siempre han de estar reguladas.


Existen dos principios sobre los que han de girar el establecimiento de una tasa pública: a) el principio de equivalencia y, b) el principio de capacidad de cargo. El primero hace referencia a la cuantía de la tasa, ya que esta nunca puede ser superior al coste del servicio o actuación. El segundo alude a la obligación de la administración que establece la tasa de acomodar ésta a la capacidad de pago. 

Quizás la Administración Pública que el ciudadano tiene más cerca sea la Administración Local, y en este caso son los Ayuntamientos los que establecen a través de una ordenanza municipal cuales son los importes que va a tener cada servicio o actuación que el ciudadano demande de forma privada.  A modo de ejemplo, esta foto corresponde con algunas de las tasas establecidas en mi Ayuntamiento, para el ejercicio 2.017, donde se encuadraría las actuaciones de bomberos cuando acuden a abrir una puerta de un domicilio o acuden ante un incendio en una cocina, o como ocurría en el caso de la consulta, acuden a retirar una serpiente en un jardín. 


Los ciudadanos muchas veces no son conscientes de que estos servicios tienen un coste individualizado, sin embargo en nuestra vida diaria nos encontramos a menudo con tasas públicas, desde cuando pagamos a la Dirección General de Tráfico por realizar una transferencia, a cuando pagamos al Ministerio de Justicia la obtención de un certificado de Actos de Última Voluntad, o cuando solicitamos un vado de aparcamiento.

miércoles, 25 de octubre de 2017

¿Qué es un albacea y cuándo es necesario?


Los albaceas son aquellas personas que el testador designa en su testamento, para que a su fallecimiento sean los encargados de hacer cumplir su voluntad, por lo que normalmente el testador elige a personas de su máxima confianza, debiendo ser mayores de edad y tener capacidad necesaria para obligarse.


¿Cuándo es preciso nombrar un albacea?


No todas las situaciones requieren de la intervención de un albacea. Esta designación expresa en el testamento es recomendable cuando existen o pueden existir conflictos familiares entre los herederos, o en aquellas adjudicaciones de bienes complejas.


En cuanto a sus funciones, será el testador el encargado de reflejar en su testamento cuáles son las funciones que otorga al albacea, aunque en caso de no realizar atribución expresa, nuestro Código Civil recoge en su artículo 902 que será el encargado de: 1) disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por el en el testamento, y en su defecto, según la costumbre del pueblo; 2) satisfacer los legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del heredero; 3) vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él; 4) tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.


No hay que olvidar que se trata de un mandato “port mortem”, y por lo tanto comienza a tener eficacia cuando el testador fallece. Es muchas veces en este momento cuando la persona designada conoce el encargo, y tiene que decidir si aceptarlo o renunciar al mismo, al tratarse de un cargo voluntario. Si finalmente decide renunciar, y lo hace sin justa causa, el albacea perderá lo que le hubiera dejado el testador, salvo su derecho a la legítima si legalmente le corresponde.


Precisamente por esa voluntariedad del albaceazgo, es recomendable designar en el testamento a varias personas como albaceas, de forma mancomunada, solidaria o sucesiva, para prever supuestos en los que el albacea muere con anterioridad al testador, o en los casos en los que al conocer su nombramiento la persona designada decide renunciar al cargo.


En cualquier tipo de designación se ha de tener en cuenta que no es posible delegar el cargo en otra persona, salvo que así se recogiera por parte del testador de forma expresa. Y en principio, nos encontramos ante un encargo gratuito, aunque el testador podrá establecer la remuneración que estime conveniente en el testamento.

¿Cuanto tiempo tiene el albacea para ejercer su cargo?


Nuestro código civil establece en su artículo 904 que el ejercicio del cargo será de un año, pudiendo ser prorrogado por otro más, salvo que se mencione un plazo concreto en el testamento. En cualquier caso, por acuerdo de los herederos podrán prorrogar el plazo del albaceazgo en el tiempo que estimen necesario.

Probablemente, la función más importante del albacea es la “rendición de cuentas a los herederos”, función que ha de realizar para terminar sus funciones, y que en ningún caso puede ser eximida por el testador, por lo que siempre ha de llevarse a cabo