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martes, 12 de junio de 2018

"El Tribunal Supremo establece el criterio sobre los márgenes de error de los radares"



Cuando se conduce al límite de la velocidad permitida, el margen de error de los aparatos que controlan la velocidad puede salvar al conductor de una sanción, de la pérdida de puntos o incluso de la pérdida del tan valioso permiso de conducir. 

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido el criterio sobre esta cuestión, en su Sentencia 184/2018, de 17 de Abril, equiparando los radares móviles o medidores de velocidad instalados en trípodes o coches a los radares fijos.

A partir de ahora, en ambos casos el margen de error será del 5% y no del 7%, viéndose así reducido respecto al margen que se aplicaba para los radares móviles. Y es que lo que viene a afirmar el Alto Tribunal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, afirmación que parece lógica ya que la medición, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que cualquier medición realizada desde un dispositivo en movimiento.

Y es que en todo momento, hay que diferenciar los radares fijos instalados en lugares sin movimiento de forma permanente, como edificios, postes, etc, de los medidores de velocidad móviles instalados en coches o trípodes, y que realizan su control sin movimiento, y éstos a su vez, de los cinemómetros móviles que operan en movimiento. Para los dos primeros el margen de error, tras la Sentencia del Tribunal Supremo en la que fija su criterio, es igual, el 5%, y para los últimos continuará siendo el 7%.

jueves, 10 de mayo de 2018

"El aumento de la pensión de alimentos en segunda instancia puede tener efectos desde la sentencia de primera instancia - Cambio doctrinal del Tribunal Supremo"


A veces ocurre, el Tribunal Supremo dicta una resolución que nada o muy poco tiene que ver con sus resoluciones anteriores, modificando así su doctrina, pero en ocasiones introduce en su doctrina un nuevo supuesto sin que ello implique la eliminación de los pronunciamientos anteriores, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta ocasión.

Hasta el momento, la eficacia de las resoluciones que reconocían o modificaban pensiones de alimentos a favor de hijos estaba más que clara, cuando se trata de la primera instancia, “las pensiones alimenticias deben pagarse desde la fecha en que se interpuso la demanda incoadora del proceso”, así lo afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia, de fecha 6 de Octubre de 2.016, y cuando se trata de pensiones modificadas en procedimientos de modificación de medidas, estas resoluciones tienen efectos ex nunc, esto es, a partir de la Sentencia que así lo declara.

Según la doctrina que conocíamos hasta ahora, el Alto Tribunal venía estableciendo en sus sentencias, y así cabe destacar la dictada el 26 de Marzo de 2.014,cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente".

Sin embargo, el Tribunal Supremo dicta el pasado 2 de febrero de 2018, una Sentencia en la que resuelve que “es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la Audiencia Provincial acuerde que los efectos de la pensión alimenticia que se fija en el recurso de apelación (superior a la que se fijó por el Juzgado) tenga efectos desde la fecha de la sentencia de 1.ª Instancia”.

Por lo tanto, a partir de ahora nos podemos encontrar con resoluciones en las que las Audiencias Provinciales, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de primera instancia, fije la pensión de alimentos diferente y declare su eficacia retroactiva a la fecha de la sentencia de primera instancia.

martes, 27 de marzo de 2018

"¿Se pierde la pensión de viudedad al constituirse pareja de hecho?"


Son muchas las personas que tras la pérdida de su cónyuge rehacen su vida nuevamente con otra persona y desean formalizar esa unión, pero el miedo a perder su pensión de viudedad se lo impide. 

¿Se pierde la pensión de viudedad si se contrae nuevo matrimonio o se constituye una pareja de hecho?
 


Para aclarar esta cuestión debemos acudir al artículo 11 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por el que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia, en el que se establecen las causas de extinción de la pensión de viudedad, entre las que además del fallecimiento del beneficiario y la existencia de sentencia firme de condena por el fallecimiento del cónyuge, también recoge expresamente “el contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho”.



¿Existe alguna excepción a esta causa de extinción?

La ley prevé expresamente que el pensionista que contraiga nuevo matrimonio o constituya una pareja de hecho podrá continuar percibiendo su pensión de viudedad cuando:

  • Sea mayor de 61 años, o menor pero tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, o una discapacidad superior al 65%

  • Además, la pensión de viudedad debe constituir la principal o única fuente de ingresos del pensionista, es decir que no tenga otros ingresos que constituyan más del 25% del total ( por ejemplo arrendamientos u otras pensiones).

  • Y además, que el nuevo matrimonio o pareja de hecho no tengan unos ingresos anuales, por cualquier concepto, que supere el doble del salario mínimo interprofesional vigente cada año ( el SMI durante el 2018 asciende a 735,90 Euros)

jueves, 22 de marzo de 2018

"¿Cuál es el plazo para reclamar las pensiones de alimentos vencidas?. La prescripción de la acción"




Esta es una cuestión sobre la que insisto mucho a los clientes, ya que la posibilidad de acudir al juzgado muy pocas veces es eterna, y normalmente las acciones judiciales tienen un plazo para ser ejercitadas, y transcurrido ese plazo legalmente establecido, la acción prescribe.

Debemos distinguir dos supuestos distintos, por un lado la acción para reclamar una pensión de alimentos a favor de hijos menores por primera vez, y por otro, la acción que existe cuando se ha dictado una resolución judicial en la que se establece la obligación a cargo de uno de los progenitores, y es incumplida.

En este sentido, cuando la acción consiste en solicitar el establecimiento de una pensión de alimentos, ésta es imprescriptible, es decir, no existe un plazo legal sino que el progenitor puede acudir en cualquier momento mientras su hijo sea menor de edad.

Sin embargo, cuando existe una sentencia que reconoce el derecho del hijo menor a recibir alimentos a cargo de su progenitor y existe un impago, el plazo para reclamar esos alimentos devengados es de 5 años, según nuestro Código Civil. Como ocurre con otros plazos, la prescripción de la acción puede ser interrumpida por cualquier medio fehaciente, por ejemplo mediante la reclamación al obligado por medio de un burofax.

¿Qué sentido tiene reclamar las pensiones de alimentos si el obligado es insolvente?

En estos casos, siempre pongo el mismo ejemplo “¿y si mañana le toca la lotería?”. Aunque el obligado al pago carezca de recursos económicos, o a pesar de existir éstos son de difícil localización y embargo, es imprescindible reclamar las pensiones de alimentos devengadas antes de que prescriban, ya que es la única manera de que esa deuda pueda ser cobrada junto a sus intereses cuando el progenitor obligado o ejecutado venga a mejor fortuna. Siempre es aconsejable ir periódicamente ampliando la ejecución de la sentencia.




lunes, 12 de marzo de 2018

"El sindrome del túnel carpiano como enfermedad profesional"



Hace unas semanas se dictaba una sentencia en Cantabria que generaba una gran repercusión, probablemente porque muchos pueden ver en ella una puerta abierta para su propia situación. Se dictaba el pasado 23 de Enero, por el Juzgado de lo Social nº 2 de Santander, y en ella se reconoce como enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano a una trabajadora de la limpieza.

Con carácter general, para que una determinada patología pueda ser considerada enfermedad profesional no basta con que sea consecuencia de la actividad laboral que se desarrolla, sino que es necesario que aparezca descrita en la enumeración que establece el Real Decreto 1299/2016, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, vinculada a una actividad profesional concreta. De tal manera que, si un trabajador tiene una patología y esta no aparece reflejada en su actividad profesional, no se considera enfermedad profesional y por lo tanto, nos encontraríamos ante una enfermedad común que da lugar en ocasiones a procesos de incapacidad temporal.

En el supuesto que analiza la sentencia de Cantabria, la Administración negó la consideración de enfermedad profesional a la patología que presenta la trabajadora de la limpieza, al entender que el síndrome del túnel carpiano no aparece vinculado a ese sector en el decreto anteriormente mencionado.

Sin embargo, tal y como se alegó por la demandante, para poder determinar la existencia de una enfermedad profesional hay que examinar la concurrencia de una serie de requisitos que han sido ya establecidos por el Tribunal Supremo.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de Noviembre de 2006, afirma que “para saber entonces si nos encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que analizar si el causante reúne los tres requisitos que la citada norma exige para ello (refiriéndose a la LGSS): Que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad”.

Pero además, el Alto Tribunal reconoce en distintas sentencias, como la de 5 de Noviembre de 2.014, que “cierto es, que la profesión de Limpiadora no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional “como lavanderos, cortadores de tejidos y material plástico y similares”, y otras que también se relacionan, pero ello no excluye, en modo alguno, que el Síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas que componen el haz profesional de una limpiadora pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional, como en su caso podrían tener encaje otras profesiones o actividades, puesto que el adverbio “como” indica, sin lugar a dudas, que se trata de una lista abierta”
  
¿Es la primera vez que se reconoce como enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano en profesiones que no aparecen en el Real Decreto?

Afortunadamente hay más supuestos en los que se reconoce al trabajador esta patología como enfermedad profesional, a pesar de no poder ser encuadrada en la norma.

En este sentido, el 16 de Noviembre de 2.017, el Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao, resolvía en el mismo sentido respecto a una gerocultora de una residencia. Y es que aunque no aparece en la lista oficial de enfermedades profesionales para la profesión de gerocultora, en ese supuesto concreto, la evaluación de riesgos acreditaba que los movimientos de su puesto de trabajo eran perfectamente compatibles con esa patología.

Ya en 2.015, el Tribunal de Justicia del País Vasco consideró probado la existencia de una enfermedad profesional a una camarera de piso de un establecimiento hotelero que durante 34 años llevó a cabo tareas habituales del sector de la limpieza, poniendo de relieve la necesidad de analizar las tareas diarias del trabajador y sus características y no únicamente al puesto de trabajo que se ocupa.

Sin duda, y a pesar de que la Sentencia dictada en Cantabria no es firme, y podría ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo cierto es que si abre la puerta a un grupo de profesionales del sector de la limpieza, que padecen esta dolencia, y a los que se les podría reconocer como enfermedad profesional, y que según los sindicatos, solo en nuestra comunidad podría afectar a más de 6.000 trabajadores.