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martes, 3 de octubre de 2017

"¿Las multas de tráfico impuestas en el extranjero llegan al domicilio? ¿y si era un vehículo de alquiler?


A la par que acaba el periodo de vacaciones comienza el de las consultas de lo ocurrido durante esos días. ¿Las multas de tráfico impuestas en el extranjero llegan al domicilio?. Esta era la preocupación de uno de nuestros clientes a su vuelta de vacaciones. Como en casi todos los asuntos, la respuesta no es un “sí” o un “no”, sino un “depende”. Si el país en el que se ha impuesto la multa de tráfico forma parte de la Unión Europea, entonces con toda probabilidad recibiremos la multa en nuestro domicilio.


Con la entrada en vigor de la Directiva Europea 2015/413, de 11 de Marzo de 2.015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, que sustituye a la Directiva Europea 2011/82/EU anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Mayo de 2.014, se ha hecho posible el intercambio de información entre los países miembros en materia de seguridad vial.


La finalidad de esta Directiva no es solo mejorar la seguridad vial en toda la Unión Europea, sino también combatir la impunidad de los conductores extranjeros, sirviendo también como elemento disuasorio, garantizando el mismo trato a todos los conductores infractores fueran o no residentes.


Por lo tanto, los Estados tienen la posibilidad de acceder al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico a fin de realizar las indagaciones pertinentes para determinar e identificar al conductor del vehículo matriculado en España, y de esta forma conseguir que las multas impuestas en su país lleguen a la residencia del infractor.


¿Cualquier infracción de tráfico se encuentra dentro de esta normativa?


La Directiva únicamente permite el intercambio de información entre los Estados respecto a ocho infracciones en materia de seguridad vial, entre las que se encuentran: a) el exceso de velocidad; b) no utilizar el cinturón de seguridad; c) no respetar un semáforo; d) conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas; e) la no utilización del casco; f) el uso de un carril destinado a un vehículo específico; g) el uso de móvil u otro dispositivo prohibido durante la conducción.


¿En qué idioma llegará la multa? ¿Qué normas serán de aplicación?


La Directiva prevé que el idioma de la multa será siempre el del país de residencia del titular del vehículo, así como los posibles recursos que procedan sobre citada resolución conforme a la legislación del país sancionador, ya que resulta de aplicación el proceso sancionador y las cuantías previstas para las multas del país donde se haya cometido la infracción.


En todo caso, la carta que reciben los supuestos infractores ha de contener información respecto a la naturaleza de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial, el lugar, la fecha y la hora en que se cometió, el título de las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, así como la sanción, y si es el caso, los datos del dispositivo empleado para detectarla (por ejemplo un radar).


¿Y si la multa es impuesta a un vehículo de alquiler?


El hecho de cometer la infracción con un vehículo alquilado no va a evitar que recibamos la multa en nuestro domicilio, ya que las empresas recibirán la notificación de la multa y aportarán en ese momento los datos del conductor que según sus archivos ese día y hora era el usuario del vehículo identificado.


Precisamente para poder proceder a la comunicación de los datos del conductor una vez llegada la sanción es muy habitual que las empresas de alquiler incluyan en sus contratos con sus clientes una cláusula que les permita facilitar los datos que poseen.


¿Qué ocurre si no se paga la multa?


Los recursos interpuestos frente a una multa impuesta en el extranjero serán resueltos por los órganos competentes en el país donde se cometió la infracción. Si una vez notificada la multa, o en su caso la desestimación del recurso, el infractor no abona la cuantía impuesta, el país sancionador instará a España a que proceda a la ejecución de la sanción.


El principal obstáculo con el que se encuentra esta Directiva es precisamente llegado el momento de ejecutar la sanción, al existir diferencias normativas entre los Estados en materia de calificación de las infracciones de tráfico, como únicamente administrativas o como infracción penal.


A finales de 2016 se reconoció que el 50% de las sanciones no llegaban a ejecutarse por falta de cooperación entre los Estados, lo que pone de manifiesto la necesidad de armonizar los sistemas si realmente se pretende dar efectividad a la norma.

sábado, 30 de septiembre de 2017

"4 años despues..."




Hoy hace 4 años que comenzó “Mirada de Letrada” y desde entonces el blog y yo hemos pasado por distintas etapas. Probablemente, en este tiempo mi implicación y compromiso ha ido cambiando, y ha sido necesario adaptarse a las circunstancias personales y laborales de cada momento, pero en esencia continúa uniendo mi afición a escribir con la finalidad de acercar el mundo jurídico al ciudadano de a pie.

El blog ha cumplido con creces mis expectativas iniciales, aunque también es verdad que ésto no era difícil, ya que tampoco me planteé grandes objetivos, aunque he de reconocer que a día de hoy me sigue sorprendiendo. El blog me ha permitido conocer e interactuar con otros profesionales y compañeros, y me ha dado la oportunidad de escribir y dar mi humilde punto de vista en distintas revistas y portales jurídicos.

Así que lo único que puedo decir después de estos 4 años es “gracias” a quienes tengo cerca y a quienes están más lejos. A quienes tengo cerca por entender y respetar sobre todo que dedicar tiempo a esto es restar tiempo a disfrutar de otras cosas, y por contribuir con ideas y comentarios a generar contenido para el blog. Y a quienes están más lejos, y con los que ni siquiera he compartido nunca el mismo espacio físico, gracias por hacerme llegar su cariño y su confianza, y por permitirme aportar mi pequeño granito de arena en sus proyectos.

Hay Mirada de Letrada para rato…..

lunes, 25 de septiembre de 2017

¿Qué parte del salario es embargable? ¿Qué bienes se embargan primero?



Cuando comienzan las dificultades económicas, y sobre todo cuando tienen lugar los primeros retrasos en los pagos, es cuando surgen las preocupaciones sobre nuestro patrimonio. ¿Qué pueden embargar primero?

Debemos de partir de la idea de que para que pueda tener lugar un embargo, éste ha de ser necesariamente decretado y ordenado por la autoridad judicial o por la administración competente. Por lo tanto, un particular por sí mismo no puede embargar bienes sin acudir al procedimiento correspondiente.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil 1/ 2000, de 7 de Enero, establece el orden a seguir a la hora de embargar bienes de un deudor, comenzando siempre por el de mayor facilidad para su enajenación, y el menos gravoso para el ejecutado, salvo que las partes hayan pactado un orden especifico.

Así, nuestra legislación establece el siguiente orden:

           1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.
                                               
         2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

          3.º Joyas y objetos de arte.

        4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.

          5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.
  
          6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

          7.º Bienes inmuebles.

       8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
                                               
          9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

¿Hasta donde llega el embargo?

El embargo se circunscribe únicamente a la cantidad que resulta suficiente para satisfacer la deuda, más los intereses y posibles costas en caso de encontrarnos en un procedimiento judicial.

Es precisamente esta premisa la que justifica el orden establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, no pareciendo razonable que se pudiera embargar un bien inmueble cuando la deuda no alcanza una cuantía de tres o cuatro cifras, existiendo en el patrimonio del deudor bienes con valor similar a aquella.

¿El salario puede ser embargado en su totalidad?

No solo el artículo 607.1 de la LEC sino también el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores recogen la inembargabilidad del salario en la cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional, que actualmente se encuentra en 707,60 Euros.

De la cuantía que excede de citada cantidad, la ley marca el porcentaje que puede ser objeto de ser embargado, y así el propio artículo 607.2 de la LEC establece que:

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
           
2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

¿Existen excepciones a estos límites?

A pesar de que el deudor reciba un salario o pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional, la ley prevé que será embargable en la cuantía que sea determinada por el tribunal cuando se esté ejecutando una condena al pago de alimentos. Sin embargo para que esta excepción tenga lugar, han de concurrir una serie de requisitos: a) que exista una sentencia que condene al pago de una obligación de alimentos; b) que nos encontremos ante un procedimiento de ejecución de sentencia; c) que los alimentos sean reconocidos a favor de un cónyuge o hijos.

¿Existen bienes inembargables?

La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre aquellos bienes que nunca serán embargables de aquellos otros que no lo son respecto al deudor. Entre los primeros encontramos:     1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables; 2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal; 3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial; Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

Por su parte, son bienes que se consideran inembargables respecto al deudor: 1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia; 2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada; 3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas; 4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley; 5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España.

miércoles, 12 de julio de 2017

"Dime cuanto inviertes en Justicia y te diré cuanto te importa el Turno de Oficio" Feliz día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio




Vuelve a ser 12 de Julio, y la pregunta que lanzo es ¿qué ha cambiado desde el 12 de Julio de 2.016 o de 2.015?. Desgraciadamente continuamos asistiendo a un descenso en la inversión en justicia gratuita, y es que actualmente se invierten 16 millones de euros menos que en 2.011, sin embargo el número de personas que han necesitado acudir a la justicia gratuita cada año, así como la litigiosidad ha aumentado notablemente. Continuamos reclamando remuneraciones dignas para los profesionales, y denunciando constantemente el vergonzoso retraso en el pago de éstas.

Utilizando una frase de mi compañero José Muelas, sobre la inversión en Justicia y la voluntad de luchar contra la corrupción, hoy podría ser...“Dime cuánto inviertes en Justicia Gratuita y te diré cuánto te importa el Turno de Oficio, y sobre todo cuanto te importa evitar la desigualdad de los ciudadanos ante la ley”.

No podemos olvidar que la Justicia Gratuita es un servicio esencial dentro del Estado de derecho, es la puerta que permite a los ciudadanos con menos recursos acceder a la tutela de los Juzgados y Tribunales, bien para reclamar sus derechos o bien para defenderse cuando le reclamen responsabilidades, sin embargo la inversión por ciudadano es escasa e insuficiente, únicamente asciende por persona y año a 5,13 Euros.

La Dignidad del Turno de Oficio es sin duda la otra gran reivindicación en este día Hace años que los profesionales venimos reclamando remuneraciones dignas y actualizadas, ya que en muchos lugares se aplican baremos de hace más de veinte años, y pagos puntuales, siendo inaceptables los retrasos por parte de la Administración. Aún así, como al resto de mis compañeros…..

“Me enorgullece formar parte de los 45.300 abogados, que las 24 horas del día, los 365 días del año contribuyen a prestar este servicio. ¡¡FELIZ DIA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO!!”

martes, 27 de junio de 2017

¿Qué es la Patria Potestad? ¿Cuándo es posible su privación?



La “patria potestad” es el conjunto de derechos y deberes que la ley concede a los padres respecto a sus hijos menores de edad y los bienes de éstos, con independencia de que la relación de filiación tenga una naturaleza matrimonial, no matrimonial o adoptiva. De conformidad con el artículo 154 de nuestro Código Civil, la patria potestad consiste en velar por los hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, y además representarlos y administrar sus bienes.

En este sentido, nuestro Tribunal Supremo definió la patria potestad como la función al servicio de los hijos que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres encaminados a prestarles asistencia de todo orden.

Normalmente, esta institución protectora de los menores finaliza cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, salvo en los supuestos en que existe una emancipación de hijos menores, momento en que la patria potestad se ve extinguida, o en los supuestos en que tiene lugar una situación de incapacidad, circunstancia que provoca la prórroga de ésta.

Por lo general, la patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos progenitores, configurándose como una función tuitiva y dual del padre y de la madre, que resulta intransmisible e irrenunciable, destinada a la protección de los menores.

El lugar de residencia o los traslados de domicilio, el cambio de centro escolar, las actividades académicas y extraescolares, el adoctrinamiento de un menor en una determinada confesión religiosa, la participación en actos propios de una confesión, el sometimiento a tratamientos médicos o quirúrgicos, la aplicación de terapias psicológicas, etc, son cuestiones de gran trascendencia que pueden afectar e incidir notablemente en el desarrollo de los hijos menores, por lo que han de ser adoptadas conjuntamente entre ambos progenitores, y siempre con independencia de quien ostente la guarda y custodia en los supuestos de separación o divorcio.

¿Qué ocurre cuando no existe acuerdo entre los progenitores?

Es habitual que en situaciones de crisis matrimonial o de pareja, los progenitores tengan conflictos respecto a la educación o cuidado de sus hijos, llegando incluso a ser necesario acudir al Juzgado para que sea un juez el que determine si una determinada actuación  es apropiada o beneficiosa para el menor, solucionando así la controversia entre ambos.

¿Es posible privar de la patria potestad a un progenitor?

Cuando uno de los padres incumple gravemente los deberes que son inherentes a la patria potestad, o de alguna manera obstaculiza o entorpece gravemente el ejercicio de ésta, puede ser privado de su ejercicio por sentencia motivada, de forma total o parcial, y siempre y cuando la autoridad judicial estime que es lo más beneficioso para los menores.

Por otro lado, hay supuestos concretos en los que esta privación tiene lugar por la existencia de una causa grave, como puede ser la drogodependencia, el alcoholismo, episodios de violencia o maltrato, la existencia de una condena penal, el incumplimiento del deber de prestar alimentos, la desatención afectiva o la aparición de trastornos mentales, o incluso la ausencia de relación entre el progenitor y los menores.

En cualquier caso, la privación de la patria potestad nunca ha de ser considerada como una sanción a una conducta o como la consecuencia de un incumplimiento de los deberes del progenitor, sino como una medida de protección al hijo, tratando con ello de defender sus intereses, y resultando necesaria y conveniente para lograrlo.

En este sentido, recientemente conocíamos una Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria por la que se priva a un padre de la patria potestad de su hijo de 11 años, al no tener relación con el menor durante los últimos 8 años de su vida.

Así, la Sentencia funda su privación y afirma que “la total desaparición personal que supone la falta de trato alguno entre un padre y su hijo durante su primera infancia, unido a la desatención patrimonial, únicamente corregida recurriendo a la vía ejecutiva, revelan objetivamente un grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.

De esta forma, la Audiencia Provincial intenta “además de reducir el riesgo de conflicto entre progenitores, asegura al niño una estabilidad y seguridad que ha de redundar en su beneficio y viene a formalizar una situación que de hecho es la que ha venido sucediendo la mayor parte de su vida”.

Sin embargo, las privaciones de la patria potestad no son definitivas o perpetuas, sino que normalmente tienen vigencia mientras no desaparece la causa que las provocó. Aunque en cualquier caso, al igual que ocurre con su privación, la recuperación de la patria potestad ha de hacerse a través de una resolución judicial debidamente motivada.