"La vacunación de los hijos menores ¿Qué hacer en caso de conflicto entre los progenitores?"

 A punto de comenzar la vacunación contra la Covid-19 de los menores de entre 5 y 11 años en nuestro país, son muchos los progenitores divorciados o separados que no se ponen de acuerdo respecto a si vacunar o no a sus hijos menores, arrastrando posturas radicalmente opuestas durante la pandemia. 

Al igual que ocurre con otras cuestiones que afectan a la educación y cuidado de los hijos menores, la decisión sobre la vacunación forma parte del ejercicio de la patria potestad que con carácter general corresponde a ambos progenitores de forma conjunta. Nunca está de más, aunque ya ha sido distinguido en otros artículos, recordar que el ejercicio de la patria potestad es independiente de la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, si éstos residen de forma habitual con uno de los progenitores o la custodia es compartida entre ambos.

A lo largo de toda la pandemia, los progenitores han tenido que ponerse de acuerdo en multitud de cuestiones de especial trascendencia en relación a sus hijos menores. Cuando ese acuerdo no es posible, los progenitores pueden solicitar la intervención judicial a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto en el artículo 86 de la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria. De este modo, será el juez el que a la vista de las circunstancias concretas, las razones de uno y otro progenitor para mantener su postura, y la voluntad de los menores cuando tengan suficiente madurez para ser escuchados, y en todo caso si fueran mayores de doce años, resuelva en la forma más beneficiosa para los hijos menores de edad, otorgando la facultad de decidir a uno de los progenitores.

Recientemente conocíamos una de las primeras sentencias que se han dictado en un conflicto sobre la vacunación de los hijos. El 28 de julio de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Barcelona estima la petición de la madre de dos menores de 15 y 16 años. El padre se había negado a que sus dos hijos se vacunasen por la incertidumbre que a él le generaban las vacunas, y por la información que decía tener respecto a los efectos secundarios que las mismas podrían provocar, obtenida a través de redes sociales y portales de internet. 

En este sentido, la sentencia recuerda que la vacuna fue autorizada por todos los organismos nacionales e internacionales, y su administración cuenta con todas las garantías sanitarias, considerando que “la administración de las vacunas no supone un ataque a la integridad física de los menores, y sus beneficios, no solo para la protección de los menores sino también para la sociedad al evitar futuros contagios, son muy superiores a los inconvenientes de su administración”, por lo que concede a la madre la potestad de decidir al respecto.

En idéntico sentido resuelve el Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Vigo, autorizando a una madre a vacunar a su hija de 12 años contra la Covid-19, a pesar de la negativa del padre basada en “el temor a los riesgos a efectos adversos que pueda generar para la salud de su hija”. Así, la sentencia considera que el eventual riesgo para la salud es “muy inferior al riesgo cierto que pudiera derivarse de su no vacunación en el supuesto de que la menor llegara a contraer la enfermedad”.

En este supuesto, se tomó declaración a la menor, quien manifestó su deseo de vacunarse, asegurando que la mayor parte de sus compañero de clase ya lo habían hecho y que ella también quería recibirla “para sentirse más protegida frente a la enfermedad”, recordando la resolución que las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación al considerarse acreditado en estos momentos que “parece la única alternativa eficaz frente al riesgo real de desarrollar la enfermedad”, constituyendo “una medida necesaria que tiende a proteger la salud de la menor”.

Es cierto que este tipo de conflictos no han surgido a raíz de la pandemia, ya que antes de la Covid19 existían progenitores que no se ponían de acuerdo a la hora de autorizar vacunas u otros tratamientos médicos para sus hijos, centros escolares, lugares de residencia, etc, sin embargo la incertidumbre en la que vivimos actualmente ha provocado que estos desencuentros aumenten. 

También es importante destacar que la situación en la que se encuentra la Justicia, el aumento de la litigiosidad, y sobre todo la falta de medios materiales y humanos, hace que tengamos una justicia lenta, muy lenta. Los progenitores deben ser conscientes que la resolución de este tipo de conflictos puede durar meses, con lo que ello implica para la vida y los intereses de los menores de edad.