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jueves, 17 de septiembre de 2020

"Los Autónomos Societarios ya pueden acogerse a la Tarifa Plana"

La Tarifa Plana es una medida que se introdujo en el año 2013 para impulsar a aquellos nuevos autónomos en sus inicios, y que consiste en una reducción en el pago de la cuota mensual a la Seguridad Social. A través de esta bonificación, la cuota mensual se reduce a 60 Euros mensuales los 12 primeros meses, los 6 meses siguientes con una reducción del 50% de la base de cotización, y los otros 6 meses, con la reducción del 30%. El único requisito para poder ser beneficiario de esta bonificación consiste en no haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta.

Hasta el momento, la Tesorería General de la Seguridad Social entendía que la tarifa plana no podía aplicarse a los administradores de una sociedad mercantil. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha dictado distintas Sentencias, en fechas 3 de Diciembre de 2019, 27 de Febrero de 2020 y 4 de Marzo de 2020, sobre esta cuestión, provocando la modificación del criterio que venía utilizando la Seguridad Social respecto a los autónomos societarios.

Así, el Tribunal Supremo establece que no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto de Trabajadores Autónomos, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles, ya sean limitadas o anónimas.

Ante este escenario, la Tesorería General de la Seguridad Social se ve obligada a modificar su criterio y reconocer a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana.



¿Qué ocurre con los autónomos societarios que ya están dados de alta con anterioridad al cambio de criterio, y a los que se les denegó la Tarifa Plana?

Lógicamente, aquellos autónomos que interpusieron recurso de alzada contra la resolución que desestimaba su derecho, en el plazo legalmente establecido, y que se encuentran pendiente de resolución, verán resuelto su recurso de forma estimatoria.

Aquellos otros que agotaron la vía administrativa, y que vieron resuelto su recurso de alzada de forma desestimatoria, tendrán que solicitar expresamente la revisión para que el órgano competente se pronuncie. En este sentido, debemos tener en cuenta que la Ley General de la Seguridad Social establece un plazo de prescripción de 4 años para las reclamaciones de ingresos indebidos, por lo que los autónomos societarios que cumplían los requisitos al momento de darse de alta podrán reclamar el dinero que ingresaron a la Seguridad Social indebidamente, siempre que se dieran de alta después de Septiembre de 2016.

¿Qué tienen que hacer los autónomos societarios a partir de ahora para acogerse a la Tarifa Plana?

En realidad, aquellos nuevos autónomos societarios que se den de alta a partir de ahora verán reconocido de oficio el derecho a acogerse a la Tarifa Plana.

jueves, 10 de septiembre de 2020

¿Cómo se distribuyen los gastos generales de una Comunidad de Propietarios?


Los gastos comunes o generales de una Comunidad de Propietarios son aquellos gastos necesarios para el adecuado mantenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades, y que no son susceptibles de individualización. Así aparecen recogidos en el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, en el que además se establece como obligación del propietario contribuir a tales gastos con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido”.

 

Por lo tanto, el obligado al pago de los gastos comunes es el propietario, con independencia de que la vivienda o local se encuentre arrendado, y de que en el contrato suscrito entre las partes se repercutan tales gastos al arrendatario.

Sin que en absoluto sea una lista cerrada, entre estos gastos de mantenimiento, conservación y reparación destacan como más habituales los gastos de limpieza de la comunidad, consumo de agua, consumos de calefacción y luz de zonas comunes como portal, escaleras y portería, mantenimiento del ascensor, antena, jardinería y piscina, así como el mantenimiento de tuberías, tejados, caldera, y cualquier otro necesario para la conservación del edificio. 

Tal y como establece la norma, los gastos generales de la Comunidad de Propietarios serán asumidos por los propietarios en función a su cuota de participación, de conformidad con el artículo 3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, que señala que “a cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.”

La cuota de participación aparece recogida en el título constitutivo de la Comunidad, y se calcula en función a la superficie útil de cada inmueble, en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes, tal y como establece el artículo 5 de la ley antes mencionada. 

La cuota de participación no solo representa el valor proporcional de cada piso o local en relación con el total del inmueble en su totalidad y sirve para determinar en que cuantía cada propietario debe contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble y aquellas cargas que no son susceptibles de individualizarse, sino que la cuota de participación adquiere también relevancia a la hora de determinar la validez de los acuerdos aprobados por la Junta de Propietarios, ya que no solo será necesario la obtención de un número de votos sino que también es preciso que se alcance la mayoría de cuotas correspondientes.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal establece el criterio de la cuota de participación para el reparto de los gastos, los propietarios pueden modificar esta regla en los estatutos de la Comunidad, y decidir que el sistema de distribución de gastos sea por partes iguales, o incluso que algunos propietarios esten exentos de contribuir a determinados gastos al no hacer uso de esa parte del edificio. Sin embargo, cualquier modificación del criterio del reparto de gastos debe realizarse con el debido asesoramiento para evitar cláusulas demasiado genéricas que den lugar a futuros conflictos.

Lo cierto es que las exenciones de algunos propietarios, como por ejemplo los de los dueños de locales comerciales que cuentan con acceso desde la calle, suelen ser las cuestiones que mayores problemas provocan y que acaban llegando a los juzgados y tribunales.

En este sentido el Tribunal Supremo ha venido considerando que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, así lo reconoce la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de Mayo de 2013.

También se ha pronunciado sobre los supuestos en los que aunque no se recoge expresamente en los estatutos de la comunidad, algunos propietarios de locales comerciales con acceso independiente desde la calle dejan de pagar gastos de comunidad durante varios años. En estos casos, el Tribunal Supremo ha manifestado claramente que “el mero hecho de no uso o utilización de determinados elementos comunes o que el local tenga acceso independizado, no exime del deber de abonar los gastos conforme a la cuota participativa”, añadiendo en algunas resoluciones que “no se puede considerar que el silencio de la comunidad, que ha permitido que durante un tiempo los propietarios de los locales comerciales no hicieran frente a los gastos comunitarios en el modo fijado en los estatutos tenga la entidad necesaria para expresar un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir un derecho capaz de alterar el título o estatuto de la comunidad”

En este último sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de Febrero de 2013, en la que se afirma que el hecho de que no se haya pasado al cobro durante años los gastos comunes a determinados propietarios, no supone que se les deba excluir indefinidamente, ya que para ello sería necesario modificar el Título, es decir, que no puede pasarse al cobro los gastos anteriores, pero sí desde un momento determinado.

¿Cómo se debe modificar el sistema de reparto de gastos para que sea válido?

Si la Comunidad de Propietarios desea cambiar el sistema de reparto de gastos, es imprescindible que se convoque una Junta en la que se incluya ese asunto en el Orden del día. Además, no es una decisión baladí, sino que se trata de una decisión que implica una modificación de los Estatutos y por lo tanto requiere su aprobación por unanimidad de todos los propietarios. 

¿El acuerdo vincula a los futuros propietarios?

El acuerdo alcanzado por unanimidad que cambia el sistema de reparto de gastos sólo tendrá efectos para los propietarios futuros si el citado acuerdo se inscribe en el Registro de la Propiedad, ya que en caso de no hacerlo, solo vincula a quienes eran propietarios en el momento en que se adoptó el acuerdo.

 


sábado, 5 de septiembre de 2020

¿Cómo va a actuar la Fiscalía frente al absentismo escolar de los menores derivado del Covid19?


El inminente comienzo del curso escolar 2020/2021 está generando mucha preocupación, tanto en padres como en toda la comunidad educativa, y es que la situaciónde crisis sanitaria, la forma en que se va a gestionar la vuelta a las aulas, los protocolos que han de activarse cuando un menor tenga síntomas o fiebre, las opciones con las que se van a encontrar sus progenitores a nivel familiar y sobre todo laboral, son algunas de las cuestiones que generan mayor incertidumbre.

¿Qué va a ocurrir con el absentismo escolar? ¿Qué consecuencias tiene para los padres o tutores?

El absentismo escolar es la ausencia esporádica, frecuente o total no justificada de un menor al centro educativo, en edad escolar obligatoria, ya sea por voluntad propia, de los padres, tutores o responsables legales. 

Evidentemente, el absentismo tiene importantes efectos negativos sobre el rendimiento académico de los menores, y suele desembocar en un inevitable fracaso escolar o incluso en un abandono prematuro de la enseñanza.

El miedo al contagio del coronavirus puede llevar a algunos progenitoresa tomar la decisión de no enviar a sus hijos menores al centro escolar. Ante esta situación, la Fiscalía de menores ha recordado recientemente que la escolarización de los menores de entre 6 y 16 años es obligatoria, y el incumplimiento puede tener importantes consecuencias, tanto civiles como penales.

Entre los deberes que tienen los progenitores respecto de sus hijos, y que forman parte de la patria potestad de conformidad con el artículo 154 del Código Civil, se encuentra el de “educar y procurar una formación integral a sus hijos”.

En este sentido, el incumplimiento grave y reiterado de los deberes paternofiliales pueden dar lugar a considerar que el menor se encuentra en una situación de desamparo. El artículo 172.1.2º del Código Civil establece que “se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.

Igualmente, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, establece en su artículo 18 que se entenderá en situación de desamparo, cuando las circunstancias tengan la suficiente gravedad que supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor: g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

En estas situaciones, es la administración la realiza esta declaración de desamparo del menor, y desde ese momento la Comunidad Autónoma asume su tutela, quedando suspendida la patria potestad de los padres. Esta decisión se adopta a través de una resolución, que puede ser provisional cuando se advierten motivos de urgencia, o definitiva una vez completado el procedimiento. Esta situación se mantendrá hasta que el menor alcance la mayoría de edad, o hasta que las causas que motivaron el desamparo hayan desaparecido, permaneciendo en todo momento en un centro de protección de menores o en una familia de acogida, quedando limitadas y reguladas las relaciones que el menor va a tener con sus padres.

En cuanto a las consecuencias penales, si es cierto que solo se producirán en situaciones muy concretas y excepcionales, en las que podría entenderse que la conducta de los progenitores podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal, al dejar de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, que está castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, y que conlleva la inhabilitación de entre 4 y  10 años para ejercerla.

¿Qué criterio seguirá la Fiscalía ante el absentismo escolar por el COVID19?

El pasado 3 de Septiembre, el Fiscal de Sala de Menores ha emitido una nota en la que se afirma que la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado acaba de unificar criterios respecto a estas cuestiones, e indica que la actuación del Ministerio Fiscal se ha de llevar a cabo cuando exista la oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores, pero nunca con carácter preventivo.

La desatención voluntaria, injustificada y persistente de los menores acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

Una vez detectado un supuesto de absentismo continuado y no justificado, se remitirá el expediente administrativo a la Fiscalía, que procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuada respuesta a la situación de los alumnos y sus familias, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia derivada del COVID19.

Solo aquellos que carezcan de justificación clara para la exención del deber de asistencia presencial del alumno al centro, motivará que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra los padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad.