¿Qué son las tasas públicas y cuándo se pagan?
Hace unos días me preguntaban a través de
facebook sobre el pago de una tasa pública por un servicio prestado por los
bomberos en una propiedad privada, concretamente por la retirada de una
serpiente de un jardín particular. Pero para poder entender mejor el
funcionamiento de las tasas públicas, es imprescindible partir de su concepto.
Debemos entender por “tasa pública” aquel
tributo que el ciudadano paga al utilizar un bien o servicio público para uso
privado, o bien cuando la administración presta un servicio o se realicen
actividades administrativas que afecten o beneficien de manera particular al
sujeto pasivo. Las tasas son obligatorias y siempre han de estar reguladas.
Existen dos principios sobre los que han
de girar el establecimiento de una tasa pública: a) el principio de
equivalencia y, b) el principio de capacidad de cargo. El primero hace
referencia a la cuantía de la tasa, ya que esta nunca puede ser superior al
coste del servicio o actuación. El segundo alude a la obligación de la
administración que establece la tasa de acomodar ésta a la capacidad de pago.
Quizás la Administración Pública que el
ciudadano tiene más cerca sea la Administración Local, y en este caso son los
Ayuntamientos los que establecen a través de una ordenanza municipal cuales son
los importes que va a tener cada servicio o actuación que el ciudadano
demande de forma privada. A modo de ejemplo, esta foto corresponde con
algunas de las tasas establecidas en mi Ayuntamiento, para el ejercicio 2.017, donde se encuadraría las
actuaciones de bomberos cuando acuden a abrir una puerta de un domicilio o
acuden ante un incendio en una cocina, o como ocurría en el caso de la
consulta, acuden a retirar una serpiente en un jardín.
Los ciudadanos muchas veces no son conscientes de que estos servicios tienen un coste individualizado, sin embargo en nuestra vida diaria nos encontramos a menudo con tasas públicas, desde cuando pagamos a la Dirección General de Tráfico por realizar una transferencia, a cuando pagamos al Ministerio de Justicia la obtención de un certificado de Actos de Última Voluntad, o cuando solicitamos un vado de aparcamiento.
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