"¿Qué puede hacer un trabajador ante una sanción disciplinaria?
Entre los derechos de todo empresario, y dentro de su poder de dirección y organización de su empresa, se encuentra el “poder disciplinario” que tiene frente a un posible incumplimiento de las obligaciones de sus trabajadores. Como es lógico, el empresario única
y exclusivamente puede sancionar conductas en el ámbito de las relaciones
laborales, y nunca comportamientos privados del trabajador.

Por
lo tanto, todo empresario ha de regirse por lo que expresamente contenga el
convenio colectivo que resulte de aplicación, siendo únicamente sancionables
aquellas conductas tipificadas expresamente. Igualmente ocurre con las posibles
sanciones, y es que el empresario no puede ir más allá de lo recogido en la
norma.
El
hecho de que sean los convenios colectivos la norma reguladora de esta materia
puede dar lugar a que una misma conducta sea calificada en un sector como falta
grave y en otro como leve, diferencia que en muchos casos queda justificada en
la importancia o trascendencia del hecho en función del trabajo del que se
trate.

El
trabajador que considere que ha sido
injustamente sancionado no tiene otra opción que acudir a los tribunales de
lo social para hacer valer sus derechos. Se trata de un procedimiento
específico, que como es habitual en el orden social, ha de comenzar con una
conciliación o reclamación previa a la vía jurisdiccional. El plazo para iniciar el proceso es de 20
días hábiles desde que se le comunica la sanción al trabajador, con
independencia de cuando se cumpla la sanción. El plazo de caducidad se ve
suspendido por la interposición de la papeleta de conciliación, y se reanuda el
día siguiente de celebrado el acto sin avenencia.
Cuando
el trabajador decide acudir al Juzgado, no siempre obtiene una anulación o una
confirmación de la falta y por lo tanto de la sanción, sino que en ocasiones la
resolución judicial también determina si los hechos son constitutivos de una
falta o conlleva una sanción de menor entidad, y es en estos supuestos en los
que el empresario tiene un plazo de 10 días para reubicar la calificación y la
sanción de la conducta, sin que este hecho le haga perder al trabajador su
derecho a impugnar la nueva sanción en ejecución de Sentencia.
La prescripción. El empresario, una vez que es conocedor de la
conducta del trabajador, tiene un plazo legal para sancionarle, si lo considera
oportuno, ya que el trabajador no tiene que soportar de forma perpetua las
posibles consecuencias o la amenaza de las mismas, es lo que legalmente se
conoce como “plazo de prescripción”.
El
Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 60, establece un plazo de 10 días
para la prescripción de las faltas leves, un plazo de 20 días, para las faltas
graves, y de 60 días para las muy graves. En cualquier caso, si el empresario
no tiene conocimiento de los hechos, el plazo prescribe igualmente
transcurridos seis meses desde que éstos tuvieron lugar.
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