La Mirada de Una Letrada

  A punto de comenzar la vacunación contra la Covid-19 de los menores de entre 5 y 11 años en nuestro país, son muchos los progenitores divorciados o separados que no se ponen de acuerdo respecto a si vacunar o no a sus hijos menores, arrastrando posturas radicalmente opuestas durante la pandemia.  Al igual que ocurre con otras cuestiones que afectan a la educación y cuidado de los hijos menores, la decisión sobre la vacunación forma parte del ejercicio de la patria potestad que con carácter general corresponde a ambos progenitores de forma conjunta. Nunca está de más, aunque ya ha sido distinguido en otros artículos, recordar que el ejercicio de la patria potestad es independiente de la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, si éstos residen de forma habitual con uno de los progenitores o la custodia es compartida entre ambos. A lo largo de toda la pandemia, los progenitores han tenido que ponerse de acuerdo en multitud de cuestiones de especial trascendencia en rela

  Muchas personas dedican años de su vida al cuidado de sus padres o hermanos dependientes, renunciando a su propia independencia, a su trabajo y su proyección laboral, en definitiva, a su vida, obligados muchas veces a sobrevivir con los ingresos de esos familiares a quienes auxilian. Sin embargo, cuando finalmente esos familiares fallecen estas personas se quedan sin ingresos propios, y en muchas ocasiones con serias dificultades para acceder nuevamente al mercado laboral y a la vida que llevaban antes. Es precisamente con el objetivo de proteger a estas personas que han convivido y atendido a la persona fallecida, y que dependían económicamente de ella, con el que se pone a su disposición la prestación económica en favor de familiares.  Para ser beneficiario de esta prestación es necesario haber convivido con el causante y a sus expensas los dos años anteriores a su fallecimiento, además de no tener derecho a otra pensión pública y carecer de medios de subsistencia. Es posible s

  Pronto llegarán las vacaciones de verano y los periodos de vacaciones atribuidos a los progenitores separados o divorciados respecto a sus hijos. Es habitual que acudan al despacho clientes con dudas y conflictos en torno a la obtención del pasaporte de sus hijos menores de edad. ¿Tienen que estar los dos progenitores de acuerdo para la obtención del pasaporte de su hijo? Para la obtención del pasaporte de un hijo menor de edad es necesaria la autorización y el consentimiento de ambos progenitores, siempre y cuando la patria potestad este atribuida de forma conjunta a ambos, por lo que l o más recomendable es que los dos acudan junto a su hijo menor para la obtención del pasaporte. Bastará la presencia de uno solo de los progenitores cuando se tenga atribuida la patria potestad de forma exclusiva, o en caso contrario, se cuente con una autorización previamente legalizada del otro progenitor ausente. Así lo establece el artículo 4.2 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por e

  El incumplimiento de una orden de alejamiento establecida como medida cautelar o quebrantar la prohibición de acercarse a una persona establecida en un procedimiento penal es constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena, previsto en el artículo 468 del Código Penal, y castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año cuando el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, etc) Lo cierto es que no son pocas las ocasiones en las que este tipo de delito se produce, y en algunas de ellas ese acercamiento tiene lugar con el consentimiento de la propia víctima. ¿Qué efectos tiene ese consentimiento en el delito de quebrantamiento?   Es cierto que esta cuestión ha dado lugar a pronunciamientos bien distintos en los últimos años entre las Audiencias Provinciales, encontrando resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, Sevilla y Vizcaya en las que el consentimiento de la v

C uando se produce una separación o divorcio, muchas veces los progenitores acuerdan una guarda y custodia compartida, y deciden que los hijos menores permanezcan de forma permanente en el domicilio que ha constituido la vivienda familiar, y sean los progenitores los que convivan en la vivienda el periodo de tiempo que tengan atribuido. Es cierto que este sistema, conocido coloquialmente como “casa-nido” o “vivienda-nido”, permite a los menores continuar disfrutando del que ha sido su hogar familiar, manteniendo en su mayoría sus rutinas y hábitos, atribuyéndoles el uso y disfrute de la vivienda precisamente a ellos, sin que resulte necesario pronunciarse o examinar que progenitor se encuentra más necesitado de protección. Al igual que ocurre con el resto de medidas que han de ser adoptadas dentro de un procedimiento de familia, en relación a los hijos menores, siempre será necesario analizar el caso concreto y las circunstancias que concurren en ese momento para adoptar todas la

  Para que exista un cambio en las medidas que fueron adoptadas respecto a los hijos menores de edad como consecuencia de una separación o divorcio (la guarda y custodia, el régimen de visitas o la pensión de alimentos fijada a favor de un hijo menor), es necesario que exista una modificación sustancial de las condiciones que fueron tenidas en cuenta en el momento de establecer las mismas. Hace meses analicé dos cuestiones que podían afectar a las medidas adoptadas respecto a un hijo menor de edad como consecuencia del nacimiento de un nuevo hijo fruto de una relación posterior. La primera tenía que ver con la pensión de alimentos: ¿Es posible reducir la pensión de alimentos por nacimiento de un nuevo hijo?"  y la segunda con el régimen de visitas: “El derecho de los hijos de distintas relaciones a que coincida el régimen de visitas con su mismo progenitor” . ¿Es posible el cambio de custodia de un hijo? Es cierto que el Tribunal Supremo sienta doctrina en su Sentencia, de

  Hoy da comienzo la campaña de renta y con ella la obligación de los contribuyentes de ajustar cuentas con Hacienda en relación al ejercicio 2020. Sin duda un año que no olvidaremos, y en el que cerca de 3.500.000 trabajadores han estado inmersos en un ERTE, y por lo tanto han recibido rendimientos del trabajo de dos pagadores, por un lado su empleador y por otro el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). ¿Tienen obligación de realizar la declaración de la renta? Con carácter general, los contribuyentes tienen que presentar la declaración de la renta cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores, como ocurre a aquellos que han estado incluidos en un ERTE, ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros. Por lo tanto, es muy posible que haya contribuyentes que habitualmente no estaban obligados a presentar la declaración por IRPF, pero que

Cuando un consumidor solicita un préstamo hipotecario a una entidad bancaria, ésta le obliga a tener una cuenta en su entidad para realizar desde allí el pago mensual de la cuota de la hipoteca. En muchas ocasiones, el consumidor no tiene ningún otro producto contratado con ese banco, uniéndoles solamente el préstamo hipotecario.  En este escenario, es una práctica habitual que las entidades bancarias cobren a sus clientes cuotas periódicas por mantenimiento de sus cuentas corrientes, a  pesar de que únicamente sea utilizada para el cobro de la cuota hipotecaria. Para determinar si el cobro de estas comisiones son correctas debemos atender a la fecha en la que se contrató el préstamo hipotecario, debiendo distinguir aquellos que son anteriores al 29 de abril de 2012, de aquellos que son posteriores, ya que en esa fecha entró en vigor la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Por lo tanto, si el préstamo hipotecario

  Los delincuentes sexuales encuentran en las redes sociales un escenario perfecto para sus actividades delictivas, donde muchas veces actúan libremente bajo la apariencia de ser otras personas, contra aquellos que son más vulnerables, los menores de edad. El grooming o delito de ciberacoso sexual infantil castiga a aquel que, a través de internet, el teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y de la comunicación, contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro, con el fin de cometer alguno de las conductas recogidas en los artículos 183 y 189 del Código Penal, que básicamente se refieren a la realización de actos sexuales y la producción y distribución de pornografía infantil, siempre que la propuesta se acompañe de actos encaminados al acercamiento. Este delito aparece recogido en el artículo 183.ter del Código Penal, y lleva aparejada una pena de “uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas corre

Lo cierto es que han hecho falta muchas resoluciones judiciales y demasiados años para poder dar respuesta a esta pregunta sin temor a que en unos meses ya no fuese una respuesta correcta. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de dictar una Sentencia en la que ha resuelto definitivamente el último fleco que quedaba sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores, el gasto correspondiente a la tasación. Por lo tanto, los consumidores que formalizaron un préstamo hipotecario, a los que no se aplica la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como la mitad de los gastos notariales. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo recoge expresamente que "con esta sentencia quedan resueltas por la Sa

  El inicio del 2021 trae importantes novedades respecto a las normas de circulación, que aparecen recogidas en el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico, y que en su mayoría ha entrado en vigor el pasado 2 de enero. Algunas de esas medidas afectan directamente al uso de patinetes eléctricos, y es que el aumento de estos vehículos de movilidad personal (VMP) en zonas urbanas ha llevado recientemente a la Dirección General de Tráfico ha publicar una instrucción en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad. A partir de ahora, los patinetes eléctricos tendrán la consideración de “ vehículos a todos los efectos ”, y la DGT pedirá en el futuro