La Mirada de Una Letrada

Las costas procesales son aquellos gastos necesarios o imprescindibles que se originan a una de las partes dentro de un procedimiento, y que son consecuencia directa o inmediata del proceso mismo. La parte que ha vencido en el proceso tiene derecho a que le sean reembolsados estos gastos por quien ha perdido, siempre que exista por parte del Juzgado o Tribunal que ha conocido del asunto, una condena expresa al pago de las mismas. Sin embargo, no siempre existe un pronunciamiento judicial por el que se condena a una de las partes al pago de las costas, habitualmente se produce cuando hay temeridad o mala fe por alguna de las partes, o cuando se estima o desestima íntegramente la petición realizada por el demandante, ya que no hay que perder de vista que tienen naturaleza reparadora. ¿Qué conceptos y gastos se pueden considerar costas procesales? No todos los gastos que surgen a raíz de un procedimiento judicial tienen la consideración de “costas”, y en este sentido la Ley ...

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma nuestro Código Penal, desaparece la sanción penal que tenía el incumplimiento del régimen de visitas de los hijos. Hasta este momento, el incumplimiento del régimen de visitas establecido en una Sentencia o un Convenio Regulador aprobado judicialmente, por parte de alguno de los progenitores, era castigado como una falta por incumplimiento de obligaciones familiares, prevista en el artículo 618.2 del Código Penal, y penada con multa de 10 días a 2 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. A partir del 1 de julio de 2.015, esta conducta deja de ser tipificada como falta, y por lo tanto obliga al progenitor a acudir a la vía civil e iniciar un procedimiento de ejecución de sentencia, con la intención de que se obligue al otro progenitor a cumplir con el régimen de visitas, e intentando además que se le imponga algún tipo de sanción o al menos que se le aperciba de que e...

El domingo se celebra el "DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO", y como cada año, la profesión se une para defender el derecho de todos los ciudadanos que no disponen de recursos suficientes, a la tutela judicial efectiva, y además para reivindicar y dignificar el trabajo de tantos abogados que de forma vocacional hacen posible que el Turno de Oficio funcione. Pero, ¿por qué es necesario a día de hoy luchar y reivindicar una "Justicia para Todos"? En los últimos años, y como consecuencia de la crisis, hemos asistido a un incremento sustancial de personas que solicitaban un abogado de oficio. Hace unos días conocíamos los datos de las Islas Baleares, en los que de media al día se recibían entre 65 y 70 solicitudes de justicia gratuita, un 20% más que antes de la crisis. Sin embargo, esta necesidad social no ha ido aparejada de una mayor inversión, sino que en los últimos años hemos asistido precisamente a todo lo contrario, llegando incluso a...

Hace unas semanas daba una charla a jóvenes de entre 12 y 17 años sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales, y las consecuencias legales que ello podía tener. Por supuesto, uno de los temas tratados fue el “Sexting”, un fenómeno que sigue en aumento y que cada vez es más frecuente entre los adolescentes. El Sexting consiste en el envio o publicación de imágenes o videos de contenido sexual producidos por el propio remitente, a través de un móvil o de un dispositivo tecnológico. Esta práctica no supone ninguna ilegalidad, ya que existe un consentimiento por parte de quien lo genera y lo envía. A nadie se le escapa que el envio a otra persona de este tipo de contenido hace que se comparta nuestra intimidad, y que se pierda por completo el control de ese material desde el momento en que sale de nuestro dispositivo. Es evidente que cuando este tipo de fotografías o grabaciones se divulgan sin el consentimiento de la persona que los genera, se conculcan varios derecho...

Después de semanas sin actualizar el blog, escribo este post para mostrar mi indignación con la noticia que llenaba los periódicos hace unos días, ya que al final lo consiguieron, esa era precisamente la intención de la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal, aprobada por el Partido Popular en Febrero de 2.014, y no ninguna otra, era sin duda la de cerrar asuntos e investigaciones, y evitar así que los culpables fueran juzgados, pero no por falta de indicios o por no poder identificar a los responsables, sino a través de una maniobra mucho más burda, quitando a nuestro poder judicial sus competencias en ese ámbito y de esa manera contentar y ceder a las presiones extranjeras. Lamentablemente, y a pesar de resistir a numerosos ataques, el Juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz no ha tenido más remedio que archivar la causa del "CASO COUSO". Hace mas de 12 años de la muerte del cámara de televisión a manos del ejército estadounidense en Bagdad, y a pesar de ...

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que afirma precisamente esto, convirtiéndose así en doctrina jurisprudencial, y es que el Alto Tribunal considera que es ilegal el establecimiento de un recargo de más de dos puntos en los préstamos personales. Concretamente, el Tribunal Supremo afirma que " en los contratos de préstamos sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto al interés remuneratorio pactado". Es evidente que la finalidad del interés de demora responde a la necesidad de reparar el daño que se produce ante un incumplimiento del deudor, sin embargo el propio Tribunal Supremo reconoce que por muy reprochable que pueda ser la conducta del deudor, ello no justifica el establecimiento de cualquier consecuencia, y menos cuando estas no respetan el principio de proporcionalidad. Sin duda, se trata de un impo...

A veces, cuando se inicia una reclamación por impago de pensiones de alimentos de hijos, el obligado al pago se opone alegando que ha asumido el 100% de determinados gastos extraordinarios, o incluso gastos comunes como la hipoteca o el IBI, que debían de ser abonados al 50% entre los dos progenitores o exconyuges, y por lo tanto, pretende descontar la mitad de esas cantidades de la deuda total. Nuestro Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 556, no permite fundar la oposición del deudor en otras causas que las expresamente recogidas en citado precepto, siempre que nos encontremos ante una ejecución de titulos judiciales (por ejemplo una Sentencia)   o arbitrales, y que no son otras que el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos o transacciones que hubieran convenido las partes para evitar la ejecución y que consten en documento público. En este sentido, la jurisprudencia ha recogido en multitud de ocas...