"El peligro de recortar los plazos de la instrucción de las causas"

Ayer hacía referencia a una de las principales novedades que pretende introducir el Gobierno con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "En peligro la asistencia letrada al detenido en la toma de muestras de ADN", sin embargo, no es la única, ya que también se pretende establecer un plazo máximo para la instrucción de los procedimientos, concretamente de 6 meses.

Debemos recordar que la fase de instrucción de todo procedimiento es aquella en la que el Juez realiza todas aquellas actuaciones y practica aquellas diligencias de investigación que considera oportunas para el esclarecimiento de los hechos, y la averiguación de las circunstancias en que han tenido lugar, así como de los sujetos que han intervenido.

Estamos hablando de una fase vital y determinante del procedimiento, que tiene como finalidad la preparación del juicio oral, ya que recabadas todas las pruebas, el juez de instrucción determina si existen indicios racionales de la existencia de un delito, o por el contrario procede el archivo de la causa.

Pues bien, lo que pretende el Gobierno precisamente es fijar un plazo de 6 meses a los jueces para desarrollar esta fase, pudiendo ampliarse hasta 18 meses de forma excepcional y previa resolución motivada y recurrible para los sumarios más complejos. Con esta propuesta, según ha explicado el Ministro de Justicia, se pretende evitar "que los ciudadanos tengamos sensación de impunidad, dando agilidad a nuestra justicia penal".

Sin embargo, no han tardado ni 24 horas en salir al paso jueces y fiscales, afirmando que los medios con los que cuenta actualmente la justicia española hacen absolutamente inviable finalizar en 6 meses una investigación, por poco compleja que sea, y es que actualmente hay determinadas diligencias que tardan en llegar al Juzgado de instrucción más de 6 meses. Incluso hay quienes afirman con rotundidad que esta medida en sí misma no aporta nada positivo, y es que basta con acudir a los grandes casos de corrupción de los últimos tiempos, caso Bárcenas, Bankia, Gürtel, etc, para comprobar que se trata de plazos absolutamente insuficientes dada la complejidad de la instrucción. Y es que, de haberse encontrado esta norma ya en vigor, estos casos se hubiesen sobreseído por falta de pruebas, o se dirigirían contra muchos menos imputados, al no haber podido esclarecer suficientemente los hechos.

Los ciudadanos queremos que aquellos que cometan un delito sean castigados por ello, pero siempre guardando todas las garantías, y no queremos procedimientos rápidos, o la fijación de plazos innecesarios de investigación que den lugar a errores. Sin duda, se trata de una medida que va a beneficiar al investigado, ya que a través del mecanismo del recurso, va a poder dilatar a su antojo el tiempo de la investigación judicial.

Lo sorprendente es que esta reforrma se incluya entre las medidas contra la corrupción, y que con ella se pretende dar agilidad a nuestra justicia, cuando lo que necesita nuestra justicia son mayores medios materiales y humanos, algo que hasta la fecha no es objeto de reforma o estudio...

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